Opinión

  • | 2018/12/13 00:01

    Educación pública e integración social

    Cómo asignar el presupuesto público para potenciar la capacidad integradora y redistributiva de la educación superior.

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El sistema de educación básica y media en Colombia es un mecanismo de segregación social, ya que los pobres van a las escuelas públicas y los ricos a los colegios privados. Cada año hay un gran alboroto (orquestado por la revista Dinero) acerca de cuáles son los mejores colegios en donde los ricos deben tratar de matricular a sus hijos.

Como los colegios segregan socialmente y además la movilidad social entre generaciones es casi nula, la mayoría de los colombianos puede pasar toda la vida sin haber conocido de cerca a nadie de una clase social distinta a la de su propia familia. Un país donde las clases sociales se ignoran puede producir monstruos como los protagonistas de Los Divinos, la espeluznante novela de Laura Restrepo, inspirada en el secuestro y asesinato de una niña indígena por parte de un ultra rico.

Aunque la segregación social es indeseable, hace posible que el gasto público en educación básica sea muy redistributivo, pues todo el gasto se concentra en los pobres. ¿Es esto cierto para la educación superior?

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La primera vez que se analizó la capacidad redistributiva del gasto público en educación se llegó a la conclusión de que mientras la educación pública primaria era redistributiva, el gasto público para la educación superior beneficiaba mayoritariamente a la clase alta, pues muy pocos jóvenes de clase media o baja llegaban a la universidad. Es decir, había muy buenas razones para que los impuestos se usaran más para financiar las escuelas que las universidades públicas. Era la década del setenta.

Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Aunque aún es alta la deserción escolar entre las clases media y baja, son muchos los chicos de estos orígenes sociales que llegan a la educación superior. Actualmente, solo 10% de los estudiantes de las universidades públicas provienen de familias del decil más alto de ingresos. El resto de los estudiantes de las universidades públicas se divide por mitades entre clase media (los cuatro deciles intermedios) y clase baja (la mitad más pobre de la población). La composición social de la universidad pública refleja bastante bien la de toda la sociedad colombiana. Allí no existe la segregación social del resto del sistema educativo.

Quienes tienen educación superior, sea técnica o profesional, consiguen mejores empleos y reciben salarios más altos durante toda su vida que quienes apenas tienen educación secundaria o media. Por consiguiente, el gasto público en educación superior en la actualidad, además de contribuir a la integración social, es doblemente redistributivo: una vez porque alivia el gasto de las familias de clase media y baja, y otra vez porque aumenta el ingreso futuro de los chicos de esas familias.

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Todos estos pueden parecer argumentos para darles mayores presupuestos a las universidades públicas, el principal objetivo de las recientes huelgas estudiantiles. No necesariamente: mayor gasto no implica mayor redistribución. Esto solo ocurre si mejora la calidad de la educación, o aumentan los cupos, o baja el costo de las matrículas para los estudiantes de menores ingresos.

Colombia tiene 32 universidades públicas, muy diferentes entre sí en la calidad de la educación que reciben sus estudiantes y en la medida en que influyentes políticos locales tienen capturadas a las directivas para asignar puestos y gastos por razones turbias. Dar mayores recursos a todas las universidades públicas para que cubran sus déficits es un objetivo cortoplacista que puede producir los efectos opuestos en el largo plazo, porque premia a las universidades que peor usan los recursos y a los políticos que las controlan.

El diálogo entre el gobierno nacional y los movimientos estudiantiles sigue abierto. Ambos deberían acordar una hoja de ruta que permita incrementar los recursos públicos orientados a la educación superior, pero no firmar cheques en blanco que oculten el desdén administrativo o la politiquería de varias universidades públicas. Todo nuevo recurso orientado a instituciones de educación superior debería estar condicionado a que haya mejoras en la planta docente y en los resultados académicos, más inversiones en planta física o más cupos. Para alinear los intereses del gobierno nacional y del movimiento estudiantil es esencial desmontar el control que ejercen los políticos sobre algunas universidades públicas. Solo así la educación superior en Colombia podrá seguir integrando a los diferentes estratos sociales y redistribuyendo ingreso a las clases bajas y medias.

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