Opinión

  • | 2018/06/07 00:01

    Duque y Petro: Lisonja económica

    Entre dos modelos económicos, ninguno en cabeza de los candidatos genera seguridad y confianza.

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Según los pronósticos, la economía colombiana cumplirá en 2019 su quinto año en que crece por debajo de 4%, el actual promedio del crecimiento en el siglo XXI.

El 4% es bastante mejor que el crecimiento promedio de los últimos 20 años del siglo XX, pero inferior al 4,5% que se esperaba hasta 2030 y que haría de la economía colombiana una de las emergentes más atractiva y estelar bajo el acrónimo de los CIVETS.

Los candidatos presidenciales que disputan la segunda vuelta brillan porque no tienen una estrategia de pro-crecimiento sobresaliente para ejecutar en su mandato. Mientras fincan sectorialmente una alta expectativa en el turismo, olvidan que ese sector, que en 2002 era 2,5% del PIB, en 2017 fue 2,9%.

Petro, y su propuesta a favor de la reindustrialización a base de proteccionismo, pareciera recoger las más viejas banderas de la Cepal o paradójicamente hacer eco a Martha Lucía, quien pedía en 2012 y 2013 seguir el ejemplo de Brasil; pero sin duda repite las incumplidas promesas de Chávez en la Venezuela de 1998 cuando promulgaba una economía independiente del petróleo.

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Ello no ocurrió en la república bolivariana porque el desbordado gasto público, el intervencionismo “cepalino” de la tasa de cambio y el control de precios aplicados por el Estado acabaron los mecanismos de mercado y de iniciativa privada para la eficiente asignación de recursos; generando con ello una persistente alta inflación con una profunda y monstruosa revaluación real del Bolívar. Esto llenó al país de importaciones y acabó todo el tejido productivo industrial y agrícola local.

Duque propone repotenciar las exportaciones de empresas Mypimes, pero parte de un panorama sombrío y no da pautas de cómo lo va a revertir. 1% de las empresas en Colombia genera 51% de las exportaciones del país y las 500 empresas más grandes tienen 85% de las ventas externas. Cerca de 15.000 Mipymes apenas representan el otro 15%. Cuando habla de la economía naranja, no habla de aquellas de mayor impacto en los procesos de diversificación y sofisticación de la economía, como la robótica o los sistemas de integración transversales. Más aún, su perspectiva de emprendimiento provocará la misma proliferación de nuevos emprendimientos de limitado valor agregado, que no se integran con la tradicional industria para transformar la matriz productiva a través de una política industrial de nuevo tipo.

Ambos candidatos parecen abstraídos del problema económico del país visto en cada particularidad regional, por eso no logran enlazar su propuesta nacional con una que genere algún impacto local. A pesar de que hoy se cuenta con una enormidad de cifras sobre la productividad, la informalidad, los salarios y el desempeño exportador departamental, todo indica que eso no les cabe en la cabeza. No hablan sobre la estrategia económica aplicada en la geografía disímil que tendrán que administrar desde la Presidencia de Colombia.

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La economía colombiana donde el sector público crece más que el privado, no superaría ninguno de sus reconocidos síntomas de mediocre e insuficiente crecimiento.

Lo que nos lleva a la discusión tributaria. Un país que no llega a superar 15% del PIB en impuestos no puede decir que paga muchos tributos. Otra cosa es que sea poco lo que recauda, pero porque pagan unos pocos mucho. Sin resolver la formalización de la economía resulta imposible hablar de reducción de impuestos; por eso el debate sobre equidad e inclusión más que de izquierda es de naturaleza capitalista. Sin ampliar la base, prometer reducir impuestos es populismo de derecha. Hablar de subsidios y aumentar impuestos sin formalizar la economía también resulta inviable. Esa visión de izquierda no funciona, la propia experiencia colombiana demuestra que no resulta progresiva en la medida que es incapaz de modificar la distribución del ingreso.

Pero el problema fiscal está ligado al pensional. Las pensiones pagadas por el régimen público consumen 28% de los ingresos tributarios y ello se traduce en que el 9% más rico de los pensionados en dicho sistema se quedan con 86% de los $41 billones que paga el presupuesto nacional.

No hacer nada también tiene su tufillo populista.

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