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Opinión

  • | 2019/04/17 00:01

    DIAN: Ingerenciable

    Los Ambuila, más que un problema de corrupción o ética, son una clara muestra del deterioro y arterioesclerosis en la gestión de lo público.

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Comerciantes, importadores y empresarios me han conversado estos días para compartir su exasperación con la incompetencia, desidia e incongruencia de los procesos del comercio exterior de la Dian. Para muchos de ellos la corrupción de los Ambuila es el reflejo, tal vez planeado, de un sistema bizantino e ineficiente que termina obligando a pagar coimas a los empresarios: al tratar de cumplir la Ley, terminan en un laberinto costoso y sin salidas.

Es frecuente que el mismo agente de aduanas “legal” es quien les recomienda actuar por fuera de la ley. Los intermediarios de ciertas agencias de aduanas son quienes facilitan un “prestador del servicio” –el contrabandista– que termina costando muchísimo menos que la importación legal y la mercancía llega rápido, sin papeleos inútiles y el proceso es predecible. El precio varía algo según uno quiera documentar o no lo importado, subfacturar o no su valor.

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Quien quiere traer una ropa de Europa se enfrenta con demoras de 6 meses en el trámite: que la factura incluya precio y peso en gramos de cada pieza, que documenten la guía aérea antes del despacho, mil detalles de las prendas para la clasificación arancelaria porque la que utilizan en Europa no corresponde, etiquetarlas nuevamente e incluir información totalmente innecesaria para estos volúmenes y usos, etc. Además, les muestran cómo la competencia envía todo a Miami y allá cierta mafia disfrazada de empresas postales se encarga de contrabandearlo al país.

El asunto es aún más bizarro. Los cientos de miles de colombianos que envían paquetes desde el exterior frecuentemente son direccionados hacia los contrabandistas desde los mismos consulados de Colombia. El incauto pregunta cómo enviar mercancía a su familia y le dan la referencia de una compatriota que tiene un negocito de envíos urgentes. El cuento que echan es que se compraron el cupo de un menaje de algún compatriota que regresa al país luego de vivir en el exterior y que por eso no tiene que pagar impuestos, va por barco y es todo barato y fácil.

La verdad, es difícil cumplir la ley y los intermediarios se contaminaron con gente muy tóxica. Cuando la Dian decidió seleccionar agentes de aduanas por sus niveles de patrimonio y no por su conocimiento, idoneidad y capacidad de servicio, infectó el sistema de una corrupción insoportable. Esto lo hicieron con pleno conocimiento de los ilícitos que se facilitarían y son parte de estructuras criminales transfronterizas.

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Claudia Gaviria claramente identificó esto y por ello la importancia del nuevo Estatuto Aduanero que busca volver a evaluar a todos estos agentes y desinfectar, para poder armar un nuevo proceso sistematizado, sencillo, ágil, rápido, predecible y a bajo costo para el pequeño empresario o comerciante. La administración actual va en esta misma línea, pero necesitan que el país los rodee para enfrentar a los bandidos.

Necesitamos que los empresarios documenten en detalle la realidad de los abusos que viven, las propuestas indecentes y presiones de las que son objetos, dando nombres, fechas, lugares, celulares, modalidades criminales, etc. Muchos son rehenes de un sistema corrupto, capturado por los criminales. Muchos terminan cediendo ante la implacable competencia de quienes ya hacen las cosas mal.

El Gobierno debería considerar la estrategia seguida por Honduras para depurar la policía. Una comisión de muy alto nivel empoderada con recursos, personal y acceso a la información para revisar viajes, cuentas corrientes, propiedades, usufructos, vehículos, niveles de consumo de todos los funcionarios y contratistas de la Dian a la Polfa y pueda auditar agencias de aduanas, empresas de tráfico postal, etc, con la facultad de despedirlos por causa justa a quien sea cuando su riqueza o nivel de vida sean claramente inconsistentes con sus ingresos, la riqueza de su familia y herencias; y retirar las licencias a las agencias de aduanas vinculadas con el contrabando y cuyos dueños ostenten niveles de vida inconsistentes con la realidad del negocio, incluidas mansiones en España, apartamentos y casas en Miami o Panamá.

Un mecanismo abreviado y claro que permita en seis meses depurar de este cáncer a la entidad en todo el país.

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