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Opinión

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    Juan Ricardo Ortega     | 2017/11/23 00:00

    Defendamos a Colpensiones

    La estabilidad política de Colombia va a depender de esta vital institución y sus servicios.

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El problema del sistema pensional se debe enmarcar dentro de los viejos debates de la economía política: la compleja alquimia entre lo que crea electores leales y predecibles, el manejo de las finanzas públicas y los derechos constitucionales a una vejez digna. Este debate, visto solo desde la perspectiva financiera, desconoce que detrás de esos fríos números hay millones de colombianos que no van a tener ingresos suficientes como adultos mayores para subsistir y que se van a convertir en una poderosa fuerza electoral. Además, ignora el poder político del millón de afortunados que disfrutan pensiones con elevados subsidios, particularmente los más poderosos magistrados; los afiliados a Colpensiones hacen irreal pensar que legislar sobre el tema pueda ser sencillo. Todos van a defender sus privilegios.

El problema pensional es primordialmente político. Bismark no introdujo un sistema pensional por su profunda vocación cristiana ni sus competencias actuariales. La demografía alemana estaba cambiando de forma acelerada, la expectativa de vida incrementándose como nunca y la clase media educada aspiraba a libertades que amenazaban las rentas de los poderosos conservadores. Terratenientes retrógrados y déspotas, pero con la inteligencia y rigor para analizar su entorno. A diferencia de las élites latinoamericanas que no ven lo que se les viene encima, los alemanes lo anticiparon y su estrategia fue crear un sistema pensional como mecanismo político para evitar que las mayorías, poco educadas en asuntos de Estado, terminasen manipuladas por la revoltosa clase media liberal.

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Cerrar Colpensiones es no ver la urgencia política de recuperar la legitimidad del gobierno central. La falta de ingresos para mantener el equilibrio de las finanzas públicas no requiere que se mutile el sistema pensional a favor de su pata capitalista no redistributiva. En Colombia hay fuentes para fortalecer el fisco, solo requieren de voluntad política para perseguirlas.

Los recursos de los corruptos son una mina de oro. Estados Unidos cuenta con un cuerpo élite dedicado a la extinción de dominio de activos de corruptos que rinden más de US$5.000 millones al año. Con los acuerdos de información que ya existen con Curazao, Panamá, Australia, Guatemala y Andorra se podría aprovechar el reconocimiento de la Dian para iniciar estas pesquisas de forma agresiva.

Los alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales, contralores, personeros, jueces y fiscales corruptos tienen fortunas para ser extinguidas; que el crimen ¡no pague! Nada generaría más confianza en el Gobierno que repatriar US$500 millones mal habidos desde Andorra, Hong Kong o Suiza. Hay que seguir los dineros de Consultores Unidos en Panamá o Tex-Fab en Hong Kong o las cuentas de las firmas de Mossack Fonseca, como Angus en Lima, Perú.

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Los activos del crimen organizado en Colombia tienen que sumar por poquito entre US$15.000 millones a US$40.000 millones: han sido casi 40 años de narcotráfico y sus millones. Los servicios conexos al narcotráfico (contadores, abogados, financieros, contratistas) han creado empresas, vienen usufructuando todo tipo de concesiones a 15 y 30 años y se ganan continuamente contratos en las regiones. Todos estos aliados del crimen han montado comercializadoras internacionales, empresas de sísmica, hoteles, etc. Fuentes potenciales de ingresos es lo que hay si el país busca financiar un sistema pensional que redistribuya a favor de las clases populares y pare ya el desangre de los subsidios elevados a las pensiones altas.

Acordar una buena reforma pensional, que sea políticamente pro-estabilidad institucional es mucho más importante que solo la miope mirada a la calificación de la deuda pública. El debate pensional es la arena de la contienda ideológica más difícil y riesgosa que el país afronta. El sistema de las AFP ha sido muy bueno y rentable para sus administradores, no para el país. Después de casi tres décadas de manejar el ahorro pensional, no ofrecen aún anualidades que le permitan a la gente pensionarse con ellas. No están dispuestas a tomar riesgos, el usuario solo puede aspirar a planes de desahorro programados; los riesgos inherentes a la longevidad quedan en cabeza del pensionado y de sus familias.

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Esto no se ve bien, particularmente cuando estamos hablando de un negocio muy rentable que asume muy poco riesgo. Las sociedades han valorado y reconocido que el que arriesga mucho merece ganar mucho. Que alguien gane mucho sin arriesgar nada es una aberración. Por esto Anif está ciega y sorda cuando recomienda cerrar Colpensiones. La retórica de que el problema del déficit pensional es consecuencia del régimen de prima media es una total falacia. Que el sistema está desequilibrado con tasas de reemplazo altas y edades de pensión muy tempranas, no hay la menor duda, pero esos son síntomas, no causas. Esto no es culpa de la prima media, ni de Colpensiones. Mauricio Olivera venía haciendo muy buen trabajo, sin politiquería, ni protagonismo. Este tipo de gerentes y entidades al servicio de la gente es lo que debemos defender y usar como referente para defender un Estado sólido.

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