Opinión

  • | 2018/04/26 00:01

    Corrotto

    Para Macchiavello, corrotto es cuando la corrupción borra la línea entre lo público y lo privado y la sociedad entra en un espiral que la puede destruir.

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Cuando el mecanismo electoral ha sido puesto al servicio de mezquinos intereses y la democracia se deforma en un embrujo que confunde y distrae al pueblo, oscureciendo la fuente principal de sus males, el compacto social en el que la confianza se asienta se evapora. Poder confiar en los resultados del escrutinio electoral debería ser el derecho más básico y fundamental de todo ciudadano en una democracia. No obstante, la acumulación continuada de pruebas sobre la escasa confiabilidad de los aplicativos que manejan el censo electoral y el conteo de votos debería desvelarnos. A pesar de las múltiples investigaciones criminales sobre el asunto, aun no es claro si se han tomado los correctivos del caso. Una serie de eventos como los que enunciaré deberían ser sujetos a auditorías externas por la Misión de Observación Electoral (MOE), las principales Universidades del país y algún experto internacional en seguridad informática. Las cortes deberían tutelar el derecho a tener certeza sobre la confiabilidad de los resultados electorales.

Esto es de fondo, porque si en Colombia se pueden manipular actas electorales y conteos en montos que lleguen a los millones, los elegidos claramente no nos representan y seguramente están al servicio de los intereses más mezquinos. Hace menos de un mes una sentencia del Consejo de Estado argumentó que en la elección de 2014 hubo sabotaje a los aplicativos informáticos del sistema electoral y destrucción de material electoral. En 2012 la registradora de Jamundí, tres funcionarios de la Registraduría Nacional, una funcionaria del despacho del presidente del Consejo Nacional Electoral y otros registradores locales fueron capturados por conspirar para adulterar los resultados de la elección del gobernador del Valle. En 2016 se les dictó sentencia, ya que la Fiscalía logró demostrar cómo estos sujetos orquestaron la manipulación del conteo de votos. Las grabaciones de la época revelan que los ingenieros iban a manipular las elecciones adulterando las actas y entregando los nombres de votantes para que jueces cómplices introdujeran votos a nombre de quienes no asistieran a las mesas de votación. Otras grabaciones de la época también describen cómo contarían con la colaboración de otros registradores regionales, jueces y testigos electorales para hacer de esto algo masivo que les garantizara la elección de su candidato/candidata.

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Pero esto no es para nada reciente. En 1997 la maestra Georgina Narváez fue asesinada en San Onofre (Sucre) por denunciar fraude en las elecciones a gobernador del departamento. La profesora ofició como testigo electoral y conoció de primera mano cómo se manipulaban los resultados electorales: el que escruta gana es el dicho en no pocas regiones del país. Ese fraude probablemente tuvo que ser frecuente, ya que a Álvaro Alfonso García Romero, el cacique involucrado en esta y otras horribles tragedias, se le conocía como “el mago de la Registraduría”, moquete que otros poderosos políticos también ostentan.

Estos tipos de fraudes fueron claramente descritos por Rafael García Fernández, exinformático del DAS, y Enrique Osorio, informático de la Registraduría, quienes crearon para Jorge 40 aplicativos para manipular las elecciones al Congreso en 2002. A pesar de que todo esto es conocido desde hace más de 20 años, la Registraduría no parece haber modernizado sus procesos de control electoral. Digo esto porque a mí me toco encargarme de la aprobación del Presupuesto Nacional en 2003, cuando arrancaron las presiones para el contrato de las nuevas cedulas de ciudadanía. La razón de ser de esa millonaria inversión era el mecanismo de compresión de datos que tienen al reverso (hablo del código de barras y las barras y puntos que están a continuación de la diminuta firma). Si se introducen en las mesas de votación unas sencillas maquinas que puedan cotejar la información comprimida con una lectura de las huellas dactilares, solo quienes hacen presencia física en la mesa podrían votar. Nadie podría introducir votos de ausentes, que es la mayor amenaza y vulnerabilidad del débil sistema actual. No obstante los miles de millones invertidos en las cédulas seguras, seguimos con un sistema electoral que depende de un juez de mesa que verifica una foto y escribe el nombre del votante en frente de su número de cédula como control; esto es irrisorio, más aún conociendo que el sistema ha presentado serias fallas por 20 años.

Elecciones justas y transparentes son uno de los pilares indiscutibles de una democracia. En ellas se funda la confianza en el líder de la nación. Confianza que es la fuerza que hace que un pueblo sea mucho más que la suma de cada una de sus partes. Cuando la igualdad en el ejercicio del poder se desequilibra, la república, ese conjunto de instituciones que vela por los derechos y el empoderamiento de todo ciudadano, se degenera. Se transforma en un instrumento de la oligarquía. Una coalición de pocos, cuya avaricia, pasión por el poder, excesos, placeres, el esplendor y el lujo los lleva a subvertir las instituciones del Estado y ponerlas al servicio de sus mecanismos para evadir impuestos, extraer rentas, apropiarse de los recursos públicos y manipular el sistema electoral.

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