Opinión

  • | 2016/11/10 00:00

    Así sí no se puede

    Las decisiones de la Corte abren troneras en un manejo racional de la institucionalidad.

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La Corte Constitucional ha culminado una secuencia de fallos en materia de derecho minero, y busca que en las decisiones de autorización de la explotación minera participen los municipios, con base en que estos tienen competencias en la planeación y ordenamiento territorial mediante la regulación del uso del suelo. La Corte entiende que existen competencias concurrentes sobre el mismo asunto, sobre la base de que la explotación del subsuelo implica necesariamente alterar el uso del suelo. La Corte logró hilvanar un argumento para que las decisiones en materia de explotación de minas recaigan no solamente en los organismos nacionales sino también en los municipales, para consultar las necesidades de la comunidad afectada.

Dice la Corte que esta es la manera de “armonizar el principio del Estado unitario con el de autonomía de las entidades territoriales”. Adicionalmente, esta línea de pensamiento se redondea con la posición de que “la propiedad de los recursos naturales no renovables está en cabeza del Estado, definición que incluye a los municipios, razón por la cual su opinión debe ser adecuadamente escuchada a la hora de destinar si estos deben o no ser explotados”, mediante el procedimiento de las consultas populares.

Algún ingenuo podría encontrar en ello un triunfo democrático en la medida en que las decisiones, de por si difíciles en materia de explotaciones mineras, van a preservar los verdaderos intereses de la comunidad.

Este curso de las cosas es, en mi opinión, absolutamente funesto. Está bien que en las decisiones públicas se tengan en cuenta las necesidades de los particulares afectados, sean indígenas, comunidades raizales o inclusive personas comunes y corrientes, pero con la posibilidad de tomar una decisión ilustrada en un solo lugar. Lo que se deriva de la actual doctrina de la Corte Constitucional es que la decisión de la explotación minera puede tener varias instancias independientes, con intereses y valoraciones disímiles, donde además del trámite tradicional ante los organismos nacionales se llevará a cabo otro a nivel municipal para convencer a los concejales y alcaldes y pedir permiso a los lugareños. Con ello, todo el proceso de inversión en minería está abocado a una completa incertidumbre.

Imaginémonos por un momento que cada perforación petrolera en Colombia hubiera dependido de que los municipios estuvieran de acuerdo Sí o No con la explotación en cada lugar. Muy probablemente el resultado habría sido negativo en muchas de ellas y, en ese caso, sin duda se protegerían los intereses de los directamente afectados, pero con una nula consideración del interés general. Pues el interés nacional de tener esa clase de explotaciones difícilmente es decisorio para cada comunidad ya que estas no son las llamadas a proteger ese interés. El interés general lo deben proteger las instancias nacionales, no las municipales.

De esta manera es muy fácil que en ninguna parte del país vaya a haber explotación petrolera, ni carbonera, ni de níquel ni oro. De esa manera los recursos de inversión, de regalías y de exportaciones ya no se producirán y el empleo que se genera por la industria minera desaparecerá. Cualquiera, pensando en su propio interés, prefiere que su municipio esté completamente rodeado por verdes y floridos pastizales y no viendo pasar camiones enormes esparciendo polvo en la carretera. Porque el beneficio colectivo de generación de inversión, empleo, riqueza, divisas no lo tiene por qué valorar la comunidad afectada. Debe ser una instancia nacional la que valore y concilie todos los intereses en juego. Hay que ser realistas: siempre que “prevalece” el interés general es porque se afecta algún interés particular, no porque ambos puedan ser del mismo modo afectados de manera positiva. El hecho de que prevalezca alguno quiere decir que otro necesariamente se va a perjudicar, en cuyo caso lo procedente es minimizar el impacto sobre los afectados. Y la Ley tiene mecanismos idóneos para hacerlo.

La consecuencia real de la doctrina de la Corte es que un proyecto de interés general, que cumpla todas las regulaciones ambientales y que adopte todas las precauciones necesarias para que se minimicen los impactos sobre flora y fauna, no se podrá llevar a cabo porque al municipio donde se va a ejecutar el proyecto se le da la gana impedirlo. En consecuencia, el derecho de la Nación y de los colombianos a que algo importante suceda en beneficio de todos, quedará supeditado a la decisión de unos pocos. Eso no es democrático, pues representa, ni más ni menos, la tiranía de las minorías. ¿O es que acaso las autoridades nacionales no son también elegidas democráticamente? ¿Será que los colombianos estamos dispuestos a atomizar las decisiones y que el país quede al garete?.

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