Opinión

  • | 2018/02/15 00:01

    Anticorrupción

    La corrupción no se deroga. El ejercicio del poder con base en clanes, el narcotráfico y la desigualdad son el verdadero problema.

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La lucha anticorrupción es urgente y prioritaria. Sin embargo, seríamos ilusos si creemos que con modificar la Constitución o la ley resolvemos el problema. Recordemos la creación del Consejo Superior de la Judicatura: la Constituyente del 91 –en medio del proceso de paz con el M-19 y la feroz guerra contra el narcotráfico– prometía una justicia de calidad e independiente. Sin embargo, nuestros mejores compatriotas cometieron el error de siempre: la ejecución quedó en manos de lo peor del país.

El crimen tiene clara la amenaza que representa un sistema judicial y de control independiente. Por eso desarrolló medios para capturar entidades públicas. Tan solo requieren una flaqueza del Ejecutivo que les permita nombrar a un director de sistemas, a una jefe de personal o una directora administrativa de su confianza; se necesitan unos pocos corruptos en cargos claves para hacer daño; observen la historia reciente de anómalos repartos de expedientes en la Fiscalía, la Dian, o la justicia.

En Colombia, la impunidad es evidente: los lujos, las mansiones y el buen vivir de los corruptos son de público conocimiento. Hablar de lucha contra la corrupción es inocuo cuando la realidad retrata que el crimen paga. Por eso, cualquier agenda anticorrupción arranca por poner en cintura la corrupción a nivel municipal. Si concejales, ediles y alcaldes se hacen elegir por la arbitraria asignación de subsidios o la priorización en el acceso a los sistemas asistenciales, a la salud o a la educación, el sistema continuará igual. Y ni hablar de las millonarias componendas sobre los registros de propiedad de la tierra, su tributación o la manipulación de las normas que determina el uso del suelo. Esa es fuente de riqueza y poder: con el narcotráfico, uno de los pocos medios de movilidad social.

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Los pobladores de Cúcuta, Circasia, Necoclí, Chía o Cota han visto cómo sus servidores públicos se vuelven ricos y poderosos, a través del apadrinanamiento de algún cacique. La meritocracia es solo un disfraz. La selección de personal a nivel local se hace con base en lealtades, favores y parentescos. La calidad de su gestión y su vocación de servicio público son irrelevantes en su carrera profesional.

¿Qué sabemos sobre el comportamiento humano para poder cambiar esto? Que nuestra naturaleza social nos hace necesario pertenecer a algún grupo; así, restringimos nuestra forma de actuar para obtener la aprobación de los otros. Entonces, ¿por qué existe tal aceptación de la riqueza y el poder indistintamente de su origen tenebroso?, ¿por qué no se sanciona socialmente el enriquecerse a costa de otros o a costa de lo público? Algo necesariamente está mal para que la vida y genio de Gabriel García Márquez no califique aún para llenar las horas de ocio de nuestros compatriotas: los genios del mal y los excesos son el entretenimiento.

Por todo esto, que nos digan que la muerte política o contractual puede cambiar la corrupción en Colombia es irreal. En sociedades anglosajonas, esto sería un duro y contundente castigo. Pero en una sociedad con clanes familiares organizados territorialmente su impacto es mínimo. Los poderosos caciques corruptos tienen la hija, el hermano, la esposa, la sobrina o el cuñado para ponerlos a ejercer un cargo y así perpetuarse en el poder. No hay sanción social, no se pierde poder ni riqueza por una condena judicial o una sanción. En sistemas con una institucionalidad débil, las lealtades familiares prevalecen sobre el bien común y los ciudadanos saben que dependen del amparo de estos poderosos para no ser atropellados o para tener una oportunidad real de progresar. Por esto, limitar las reelecciones o disminuir la remuneración de los congresistas no pondrán fin a la corrupción. Si la actual dinámica nepotista prevalece, un menor salario del funcionario resulta irrelevante. Para los corruptos eso se remplaza con mordidas o contratos desviados al círculo de amigos o familiares.

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Los chilenos, y ahora el presidente Macri en Argentina, han tenido el valor de liderar la lucha contra el nepotismo. Ellos han diseñado normas que introducen inhabilidades que prohíben ejercer cargo público, o cargo de elección popular o inclusive suceder en cargo de elección a cualquier familiar o relacionado de personajes que hayan sido elegidos. Es una medida drástica que castiga a justos por pecadores, pero esencial para romper los clanes que han hecho de lo público un feudo familiar.

La corrupción se nutre de la impunidad, de la falta de transparencia, de la falta de conciencia sobre lo público y de la organización social con base en clanes. Mas no es ella la causa de nuestros males, sino síntoma de de la abismal desigualdad en la distribución de la riqueza, del triunfo del narcotráfico y de la incapacidad nuestra de crear un verdadero sistema judicial independiente. Sin coaliciones nacionales para resolver estos tres asuntos, la corrupción continuará incólume, como la gata y sus gaticos.

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