| 2/6/2019 10:00:00 PM

Buscan más 'dientes' para la SIC: inhabilidad a sancionados por competencia

En el Congreso avanza un proyecto para darle más dientes a la SIC en casos que afecten la competencia en la contratación estatal. Darle la posibilidad a esta entidad de inhabilitar empresas, uno de los caminos.

Afinales del año pasado, Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio (SIC), negó las medidas cautelares solicitadas por Conalvías en el caso del tercer carril Bogotá-Girardot, en el que avanza una investigación y pliego de cargos de esa entidad por posibles prácticas colusorias que habrían conducido a que Conconcreto se quedara con la concesión, impulsada por la participación de otras empresas en el proceso.

Hace casi dos años, luego del escándalo de corrupción de Odebrecht en Ruta del Sol II, el entonces superintendente Pablo Felipe Robledo decidió decretar medidas cautelares que ordenaron la liquidación de ese contrato por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

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Para algunos se trata de hechos similares y se esperaría que la SIC hubiera actuado en el mismo sentido. Sin embargo, las explicaciones están soportadas en que en el caso de Ruta del Sol II hubo confesiones tanto de Odebrecht como del viceministro que recibió la coima que facilitaron al Superintendente y al Consejo Asesor tomar la decisión, mientras en la del tercer carril Bogotá-Girardot, al parecer, el estándar de la prueba debería ser superior al que se utilizó al abrir la investigación, pues no hubo confesión ni delatores. La decisión del superintendente Barreto fue recurrida por Conalvías.

La imposición de medidas cautelares por parte de la SIC, como autoridad de competencia, no es muy frecuente. Solo se han dictado tres y fueron en la administración del superintendente Robledo: una, para el tema de venta de agua en bloque por parte de la EAAB en la administración Petro y que puso en dificultades a municipios vecinos de Bogotá; otra más en las que ordenó sacar los nombres de algunos proveedores del portal de Colombia Compra Eficiente, y la mencionada de Ruta del Sol II.

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Sin embargo, estos casos abren de nuevo la discusión de hasta dónde puede llegar la SIC, más allá de las multas. Hoy, la entidad impone sanciones económicas, cuyo mayor monto se acerca a $80.000 millones a las empresas. Y al final del proceso puede tomar otras medidas para restablecer la libre competencia.

Hace pocos días la Delegatura para la Competencia de la SIC entregó al superintendente Barreto el informe motivado de la investigación que la entidad abrió el año pasado a cinco empresas de alimentos por presunta cartelización en el proceso de licitación para la compra de frutas dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Bogotá.

“En estos contratos, por ejemplo, ¿cuál va a ser la medida de la SIC en caso de ratificar los resultados de la investigación, distinta a la multa? ¿Cómo se va a resarcir el daño al Estado?”, se pregunta un experto, y agrega otro interrogante: en qué condiciones quedan las empresas contra las que compitieron en esos procesos.

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Para Jorge Sánchez, exsuperintendente delegado de Competencia de la SIC, “lo que se echa de menos es la posibilidad de imponer a título de medida cautelar o de sanción la inhabilidad para los contratantes que hubieren infringido la ley y la imposibilidad de que participen en nuevos contratos”.

En esas circunstancias, hoy por hoy, si una empresa es sancionada por la Superintendencia en materia de competencia, puede pagar la multa y seguir participando en los mercados, sin ninguna restricción.

El proyecto

Bajo este contexto, ¿hasta dónde llegan las capacidades sancionatorias de la SIC, en momentos en que los hechos de corrupción tienen más visibilidad?

En el Congreso avanza un proyecto de ley liderado por el representante del Centro Democrático Ricardo Ferro que busca modificar la Ley 80 de 1993 en torno a inhabilidades para participar en licitaciones y celebrar contratos con entidades estatales, de personas naturales o jurídicas que hayan sido responsables de conductas prohibidas por el régimen de competencia de la SIC, en el marco de procesos de contratación pública.

“Hasta ahora no se ha impuesto la primera sanción por la jurisdicción penal, las únicas vienen desde la SIC. Y como es una multa, se vuelve un gasto más de los proponentes corruptos que hacen parte de los carteles de contratación. Pagan la multa y se presentan nuevamente y lo que fue un cartel ahora es un carrusel”, dice Ferro.

Agrega que lo que se busca es darle dientes a la SIC, para que pueda, no solo sancionar pecuniariamente sino que estos carteles, por la decisión de la entidad, queden inhabilitados para contratar con el Estado. "Inicialmente la propuesta era por 20 años, pero se redujo a 8, pues en la penal se habla de inhabilidad de 8 años y lo que queremos es que la sanción sea igual cuando la impone la Superintendencia”, explica Ferro.

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En principio, el proyecto de ley había quedado abierto para que todos los que sancionara la SIC en materia de prácticas restrictivas de la competencia fueran cubiertos por la inhabilidad, pero luego se acotó solo para quienes participan en los procesos de prácticas colusorias en la contratación estatal.

Sin duda, las empresas que han defraudado la confianza propia del Estado y se ganan unos mercados de forma fraudulenta en los que están involucrados recursos públicos, deben ser sancionados con severidad por la SIC, incluso con las inhabilidades. Sin embargo, algunos analistas han abierto un nuevo dilema, en especial en un mercado como el colombiano limitado en empresas que puedan atender grandes volúmenes y cumplir con las exigencias de los contratos públicos.

Se trata de que las decisiones que se tomen no conduzcan a restringir la competencia y convertir los segmentos en mercados con menos participación de jugadores.

“Por ejemplo, en Colombia el Estado demanda unos bienes y servicios y los prestadores son 3 y un mercado oligopólico, pero se cartelizan los tres y la SIC los sanciona. ¿Se queda sin proveedores el Estado? El remedio podría ser más grave que la enfermedad”, dice un experto.

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Para Ferro, no se puede plantear la oferta desde el escenario de la corrupción. “¿Toca perdonar la corrupción porque nos quedamos sin oferta? Estaríamos promocionando ese delito”, dice.

El debate apenas se inicia y será en el Congreso donde se definirá si por fin se le van a dar más dientes a la SIC o el proyecto, como otras iniciativas, sufrirá la congestión legislativa.

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