| 10/26/2017 12:01:00 AM

¿Qué opciones hay para resolver la crisis de Cataluña?

El referendo sobre la independencia de Cataluña desató una crisis constitucional en España. ¿Qué opciones hay para resolverla?

Aunque la participación fue apenas de 43% del censo electoral, 90% de los votantes en el referendo del 1° de octubre en Cataluña optó por la independencia.

El gobierno español catalogó de inconstitucional la consulta, porque la Carta Política de 1978 estableció que la nación española es indivisible. No obstante, consagró también la protección de los derechos humanos, la cultura, las tradiciones, los idiomas y las instituciones de los pueblos de España.

Con base en ello, en el país se desarrolló un ordenamiento legal para garantizar la autonomía de las regiones. Este le transfirió a los gobiernos regionales una gran cantidad de poderes del estado nacional. Por eso está lejos de ser un poder opresor.

A pesar de la autonomía política y fiscal, el resultado del referendo es una consecuencia de muchos años de descontento en la región. Aunque Cataluña goza de una considerable autonomía y un gobierno propio, muchos de sus ciudadanos anhelan la independencia. Parte del desencanto se debe a que sus habitantes, como los de otras regiones, no perciben los beneficios de pertenecer a España, porque la creciente autonomía los tapa.

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Ese sentimiento se intensificó durante la última crisis económica de España, entre 2008 y 2012. Tanto que la coalición gobernante desde 2015 es independentista y esta tendencia predomina en el parlamento regional.

Por tal motivo, la coalición gobernante en la región se comprometió a proclamar la secesión si esa era la decisión de los votantes. En consecuencia, en su intervención en el parlamento posterior al referendo, a pesar de la escasa participación de la ciudadanía en la consulta, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en una acción confusa proclamó haber recibido el mandato de que Cataluña se convierta en un estado independiente, en la forma de una república.

Foto: Carles Puigdemont, Presidente de Cataluña.

No obstante, enseguida propuso suspender los efectos de la declaración de independencia, para tratar de entablar conversaciones con el gobierno español.

En respuesta a esa solicitud, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, le exigió clarificar o revocar la ambigua proclamación de independencia. Hasta ahora Puigedmont no ha accedido a hacerlo.

Por eso, el gobierno español tratará de obtener la autorización del parlamento nacional para aplicar el artículo 155 de la Constitución, que le daría poderes extraordinarios para imponer el orden en Cataluña. Con este fin, Rajoy consiguió el apoyo de los socialistas, que son la principal fuerza de oposición y cuenta con el del partido popular, del cual es miembro. De este modo aseguró la mayoría para la aprobación, que ocurrirá antes de terminar el mes.

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En contraprestación, los socialistas obtuvieron su respaldo para establecer un comité de reforma constitucional, que tratará de lograr un acuerdo con Cataluña. Al cierre de esta edición, esta podría ser una solución al desacuerdo, que evitaría sus consecuencias indeseables.

El artículo 155 haría posible que el gobierno español destituya a los funcionarios independentistas, asuma la administración y el control sobre los recursos públicos de Cataluña, tome el control de la policía, disuelva el parlamento regional y convoque a unas elecciones para volverlo a conformar. Rajoy anunció que esto es justo lo que hará.

Con una alta probabilidad la aplicación de estas medidas desatará una fuerte oposición, no solo entre los independentistas, sino además entre los más moderados, quienes también sentirán coartada su autonomía. Por tanto, su implementación requerirá quizá un uso indeseable de la fuerza por parte del gobierno español.

La independencia de Cataluña no sería buena para España, que perdería 20% del PIB –que es la proporción que se genera en la región– y su segunda ciudad en importancia, al tiempo que enfrentaría mayores presiones separatistas del país vasco.

Además, no sería deseable para Europa, porque alimentaría el deseo secesionista de Escocia, el norte de Italia, Córcega y Baviera.

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Tampoco sería favorable para los catalanes, porque sin el apoyo español la región no tendría la membresía de la Unión Europea, con lo cual perdería el acceso preferencial al mercado único, al tiempo que sus ciudadanos no tendrían las ventajas migratorias que disfruta hoy. Tal vez por eso, a pesar de las afirmaciones del gobierno catalán, no hay evidencia de que la mayoría de los ciudadanos quiera la separación de España. Acaso por esta razón el gobierno español ofreció no invocar el artículo 155, si Puigdemont convoca unas nuevas elecciones regionales.

Esta parece una solución sensata, que podría contribuir a disminuir la incertidumbre política en la región. La inquietud de los inversionistas podría resultar costosa para la actividad económica en Cataluña y el resto de España.

La crisis política comienza a tener efectos económicos. Muchas empresas empiezan a salir de la región, el turismo disminuye y el consumo decrece en toda España. Por estas causas, el gobierno redujo su pronóstico de crecimiento de la economía para el año entrante de 2,6% a 2,3%. En el mediano plazo es posible que una solución no amistosa de la crisis provoque un descenso de la actividad económica en ambas partes, lo que desmejoraría su bienestar.

En cualquier caso, la solución de las diferencias entre el gobierno español y el catalán es un asunto que compete solo a los españoles. Así lo han entendido las autoridades europeas.

Sin apoyo internacional es difícil que las aspiraciones de independencia de la élite catalana se concreten. Por eso, quizá lo mejor sea un acuerdo negociado con base en la generosidad y buena voluntad de ambas partes.

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