| 8/21/2013 6:00:00 PM

La paradoja española

Mientas la crisis financiera en España no amaina, el Estado acaba de invertir más de 800 millones de euros en negocios que muchos creen injustificados. ¿Habrá plata para unas cosas y para otras no?  

En los últimos días, una sensación de incertidumbre y desconcierto parece posarse sobre los ciudadanos de España. Sentimientos que han salido a flote por cuenta de tres multimillonarios negocios mediante los cuales el gobierno de ese país adquirió acciones de empresas privadas y públicas por un monto superior a los 800 millones de euros.

Desde entonces, en las entrañas de la nación europea quedó sembrado un interrogante que sin duda trasciende los límites de lo contradictorio: ¿por qué la Administración de Mariano Rajoy decidió invertir esa enorme cantidad de dinero justo cuando el país atraviesa por una de sus peores crisis fiscales y el mensaje gubernamental apunta a recortar el gasto público

Para entender el trasfondo de todo esto no está de más revisar cuál fue ese puñado de transacciones que crispó el ambiente económico español. El primero tiene que ver con la entidad estatal Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) –encargada de administrar temas de transporte aéreo, fluvial y marítimo– y la cual acaba de comprar la mayoría de Abertis, sociedad que gestionaba el aeropuerto de Luton, Inglaterra. La operación tuvo un costo cercano a los 500 millones de euros.

Muy similar fue la segunda adquisición del gobierno Rajoy. Esta vez consistió en un negocio en donde la misma Aena se hizo al control de la gestión del aeropuerto de Cali, Colombia, tras acordar la compra de 33,3% de la sociedad Aerocali y aumentar así su participación en 66,6%. El contrato fue pactado por 4 millones de euros. 

Finalmente, figura una transacción por 337 millones de euros con la que el Estado incrementó su presencia en el sector tecnológico. La operación fue sencilla: mediante la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi) –holding estatal en manos del Ministerio de Economía–, el país adquirió 20% de la compañía Indra, especializada en asuntos de tecnología de transportes.

En este último caso hay un detalle bien particular. Resulta que 20% de las acciones de Indra que compró el Estado español estaban en cabeza de Bankia, una entidad financiera del orden estatal. Eso, en otras palabras, significa que el Estado hizo las veces de comprador y vendedor al mismo tiempo.

Tal vez por esa razón, dentro de los recovecos económicos de España las suspicacias parecen regarse como pólvora. Unos, por ejemplo, aseguran que dicha operación no fue otra cosa que una ayuda encubierta a Bankia, cuyos estados financieros no atraviesan por el mejor momento. Otros, por su parte, señalan que el monto que estaban pidiendo por las acciones de Indra fue tan alto que nadie se animó a entrar en la puja.

Pero, más allá de la controversia, lo cierto de todo esto –tal y como advierten los analistas– es que el gobierno español parece tener dinero suficiente para atender los asuntos que le convienen, muy a pesar de las adversidades económicas que hoy lo aquejan. Sin embargo, para ponerles freno a las desigualdades sociales, ese mismo presupuesto luce insuficiente y lejano. La discusión, en consecuencia, queda sobre el tapete.

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