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| 11/8/2018 12:01:00 AM

Italia: ¿falta de ortodoxia o realismo fiscal?

Después de una década de estancamiento, el gobierno de Italia desafía la ortodoxia fiscal de la Zona del Euro, pero olvida las reformas estructurales. ¿Cuáles serán las implicaciones?

En septiembre pasado el gobierno italiano sorprendió a los inversionistas y a las autoridades europeas con unas metas fiscales que incrementarán el déficit fiscal de -1,9% a -2,4% del PIB entre 2018 y 2019, en lugar de disminuirlo a -0,8%, como había propuesto la anterior administración. Además, las nuevas previsiones para 2020 y 2021 contemplaban mantenerlo en esa magnitud.

Sin embargo, la reacción adversa de los inversionistas obligó al gobierno a recortar las proyecciones del déficit para 2020 y 2021, a -2,1% y -1,8% del PIB, pero mantuvo la de 2019.

La ampliación de las metas fiscales del actual gobierno respecto de lo planeado por la anterior administración, se debe a la no activación de un incremento de la tasa del IVA, prometida por la Liga (partido político de derecha); junto con el ingreso ciudadano ofrecido por el Movimiento Cinco Estrellas (ecologista, antieuro y parcialmente euroescéptico), que son los partidos que constituyen la coalición gobernante. También incluye una propuesta de reforma pensional menos exigente que la del gobierno precedente, la posibilidad de una jubilación anticipada (a los 62 años) y un aumento en la inversión pública.

Con todo ello se pretende estimular la demanda para impulsar la actividad económica y la generación de empleo, que están estancadas hace una década.

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Aunque las nuevas metas de déficit no lucen desmesuradas, se vuelven preocupantes al considerar que la deuda pública ascendió a 131,2% del PIB en 2017. Si el crecimiento de la economía resulta menor que el proyectado por el gobierno (1,5% anual promedio entre 2019 y 2021), como prevé por ejemplo el FMI (0,9% promedio anual), el saldo de las obligaciones podría incrementarse, en lugar de disminuir a 124% del PIB, como pretenden las proyecciones gubernamentales.

En vista de ello, a mediados de octubre Moody’s degradó la calificación de la deuda pública italiana de Baa2 a Baa3, un grado arriba de los bonos basura, con una perspectiva estable.

La degradación fue justificada por el temor de que, con las proyecciones de déficit fiscal, la deuda pública apenas se estabilizaría, en lugar de disminuir, como ocurría con las metas de la anterior administración; e incluso podría aumentar, si no se cumplen los supuestos de crecimiento, que podrían sobrestiman el impacto del relajamiento de la postura fiscal sobre la actividad económica.

Semejante magnitud de la deuda pública deja la economía muy vulnerable a los choques inesperados, por las exigentes necesidades de refinanciación que implica.

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Una pérdida de confianza en la política fiscal podría incrementar de manera abrupta la prima de riesgo soberano del país, lo cual dificultaría la rotación de la deuda.

Una prima soberana más alta implicaría también un mayor riesgo de mercado para su sistema financiero, por los amplios portafolios de deuda pública que posee, que podrían desvalorizarse de forma pronunciada y causarles cuantiosas pérdidas a los intermediarios.

Ambos eventos podrían desatar otra crisis financiera y fiscal en la Zona del Euro, que amenazaría su supervivencia y se transmitiría al resto del mundo, complicando la estabilidad financiera y la actividad económica mundial.

Por tal motivo la política fiscal del gobierno italiano se convirtió en otra de las preocupaciones de los inversionistas globales y contribuyó de una manera protagónica a los episodios de caída de las bolsas y de refugio en activos seguros el mes pasado.

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Además, una intensión menos firme del gobierno actual que la del anterior, para llevar a cabo reformas estructurales –que mejoren la eficiencia del Estado, del sistema judicial, del régimen tributario, del mercado laboral y de la calidad de la educación, junto con una intensificación de la competencia en los mercados de bienes y servicios–, tendría un impacto menor sobre la elevación de la capacidad de crecimiento de la economía y la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, porque la productividad permanecería estancada.

Debido a ello la economía no superaría de una manera sostenida su crecimiento potencial de 1%, que es muy bajo.

La preocupación de las autoridades europeas por las implicaciones de la laxitud de la postura fiscal del nuevo gobierno italiano sobre la estabilidad financiera y la supervivencia de la Zona del Euro las llevó a rechazar su presupuesto de 2019. Es la primera vez que sucede algo así desde que existe la unión monetaria.

El gobierno italiano tiene ahora hasta el 13 de noviembre para responder el requerimiento de elaborar un presupuesto más austero.

Luego las autoridades europeas tendrán tres semanas para pronunciarse.

Si no llegan a un acuerdo, la puesta en marcha del procedimiento en contra del exceso de gasto podría tomarle a la Comisión Europea por lo menos hasta abril de 2018 y otros seis meses para imponer las sanciones pertinentes.

Es poco probable que el gobierno italiano ceda a las exigencias de las autoridades europeas, porque los dos movimientos que integran la coalición de gobierno tienen una creciente rivalidad por aumentar su favoritismo entre los votantes.

En estas condiciones, la laxitud de la política fiscal de la coalición populista que gobierna Italia seguirá amenazando la estabilidad financiera y la actividad económica mundial en el corto plazo, mientras que en el mediano plazo podría desatar otra crisis financiera internacional.

Para lograr algún acuerdo sobre la postura de la política fiscal entre el gobierno italiano y la Comisión Europea se requeriría una turbulencia financiera de grandes proporciones.

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Quizá para establecer unas condiciones que le permitieran a Italia comenzar a solucionar su estancamiento secular sería necesario un compromiso del gobierno para implementar las reformas estructurales requeridas para aumentar la capacidad de crecimiento sostenido de la economía en el mediano plazo.

Como algunas de ellas tendrían un impacto recesivo, también sería menester una mayor tolerancia de las autoridades europeas con una postura fiscal estimulante, que minimizara su efecto adverso sobre la actividad económica y el bienestar de la población en el corto plazo.

EDICIÓN 562

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