| 8/8/2003 12:00:00 AM

Presupuesto por funciones

El proyecto de presupuesto de la Nación para 2004 contiene un nuevo lente para mirar en qué gasta el Estado.

La semana pasada, el gobierno presentó al Congreso su propuesta de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2004 por $77,6 billones, superior en 14,5% al presupuesto del año en curso por las presiones por el lado del gasto en pensiones, defensa, transferencias a las regiones e intereses de la deuda pública. Del monto total, $27,7 billones van al servicio de la deuda, $40,7 billones a gastos de funcionamiento y $9,2 billones a inversión. ¿Cómo saber si esta distribución refleja las prioridades de política del gobierno y si estos recursos son utilizados de manera eficiente para materializarlas?

La gráfica muestra una lectura alternativa de los usos de los recursos del PGN de 2004, clasificando los gastos por funciones del Estado, según una metodología FMI. Este ejercicio excluye el servicio de la deuda e incorpora los gastos de inversión que realiza Planeación Nacional. Se observa que el 63% del presupuesto se destina a las funciones de protección social, educación y atención de la salud ($10,6 billones van al pago de pensiones); el 17% a la atención de defensa, orden público y seguridad nacional; el 5% a la atención de la función pública general; y el 15% restante a las demás funciones del Estado, que incluye $1,8 billones de recursos de la nueva Agencia Nacional de Hidrocarburos y que antes estaban en el presupuesto de Ecopetrol.

Esta primera mirada alternativa hace pensar que el presupuesto cumple los objetivos de priorización del gasto social de nuestra Constitución y que abraza el presidente Uribe. Pero, en últimas, dice poco sobre la eficiencia del uso de estos recursos.

En este sentido, Bogotá debería ser mirado con cuidado por parte del gobierno central. La capital aplica desde 2000 un presupuesto por resultados, que proporciona información sobre los bienes y servicios que provee la ciudad y su costo. Así, se puede establecer un vínculo claro entre la asignación del gasto y las prioridades de la administración. También ofrece información para apoyar la toma de decisiones y fortalece la transparencia y la necesaria rendición de cuentas. Sería oportuno que la reforma al presupuesto de la Nación que estudia Minhacienda avanzara en esta dirección, pues los colombianos sabríamos qué tan eficiente es el gobierno en gastar lo que tributamos y si las inversiones estatales redundan en mayor bienestar para todos.

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