| 7/26/2002 12:00:00 AM

Premio al buen gobierno

Un estudio de McKinsey & Co. señala que los inversionistas pagarían una prima de 21% por las empresas colombianas que tengan un buen gobierno corporativo.

La crisis de confianza que ha venido enfrentando el capitalismo moderno, luego de los escándalos contables en gigantes como Enron, WorldCom y Xerox, ha tenido un efecto profundo en la manera como los inversionistas valoran las empresas. Ahora, uno de los activos más importantes es una política de buen gobierno transparente y eficiente que garantice la mejor voluntad en el uso de los recursos.



La más reciente encuesta de McKinsey & Co., realizada a más de 200 inversionistas institucionales en 31 países, revela que están dispuestos a pagar mucho más por empresas bien gobernadas. Al evaluar sus decisiones de inversión, una política de buen gobierno es tan importante como los indicadores financieros de la empresa.



La gráfica muestra que la prima que están dispuestos a pagar por una compañía con buen gobierno corporativo varía dependiendo del país y de la región. Para América Latina, esta prima asciende a 24%, mientras en América del Norte es de 18%. En Colombia, entre tanto, la prima sería de 21%, cifra inferior a la registrada en Argentina, Venezuela y Brasil. De los inversionistas entrevistados, cerca del 90% revela, además, que apoya firmemente el establecimiento de estándares globales de principios contables para las empresas que aspiran a acceder a sus recursos. Esto aseguraría que la información sea revelada de manera transparente y, por tanto, que otorgue a los accionistas las herramientas suficientes para sustentar su toma de decisiones.



El tiempo ya está corriendo. Las empresas del país tienen que ponerse a la vanguardia en el manejo de un buen gobierno corporativo, si quieren acceder a los recursos de los inversionistas. Esto implica establecer políticas concretas respecto al derecho de los accionistas minoritarios, papel y composición de las juntas, compensación de ejecutivos, sistemas de revelación de información y mecanismos de resolución de conflictos, entre otros. La tarea, sin embargo, también es del gobierno que todavía no ha asegurado un firme marco regulatorio que defienda la transparencia en los mercados.

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