| 6/1/1997 12:00:00 AM

Carga insostenible

"No hay peor peligro que aquel eficiente administrador que cree saber lo que no sabe."

DE MANERA ALEGRE la Constitución de 1991 estableció crecientes transferencias de la Nación hacia los departamentos y municipios. Ellas pasaron de 3,8% del PIB en 1991 a 5,5% en 1996.



Este 5,5% del PIB representa prácticamente la totalidad de lo que la Nación recauda por concepto del impuesto al valor agregado, IVA, su principal fuente de ingresos y representa, a su vez, casi la mitad -el 46%- de sus ingresos tributarios totales.



Al tiempo que estas transferencia han venido en aumento, los ingresos tributarios de los departamentos y municipios se han estancado en un 3% del PIB. Y gracias a estas transferencias el gasto total de gobiernos regionales y locales ha pasado de 8% del PIB antes de la nueva Constitución a 11% del PIB en 1996.



El problema de fondo con este proceso de descentralización fiscal es que ha desestimulado el esfuerzo tributario de los departamentos y municipios y no ha estado acompañado de una clara delimitación de responsabilidades. De hecho, la Nación continúa ejecutando una serie de gastos, como por ejemplo los incluidos en los esquemas de cofinanciación, de naturaleza estrictamente regional o local.



Dado que la plata no alcanza y que el déficit del gobierno nacional se acerca a 4% del PIB, se impone un reordenamiento en sus prioridades de gasto. La Nación debe concentrarse en lo esencial en materia de defensa, justicia, relaciones exteriores y proyectos de claro alcance e importancia nacional (el grueso de la educación y salud básica se financia con las transferencias).



El más grande obstáculo para este reordenamiento es la prevalencia de un esquema clientelista de manejo del presupuesto nacional, basado en la repartición de pequeñas partidas presupuestales (auxilios disfrazados) a cambio de apoyo político. La coexistencia de un clientelismo rampante y de un ministro de Hacienda contemporizador, tal como es Ocampo, está generando la mayor tronera fiscal de los últimos quince años. Mientras tanto se posterga indefinidamente la posibilidad de imponerle a los departamentos y municipios mayores responsabilidades de gastos, en concordancia con los crecientes recursos que por ley están recibiendo de la Nación.

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