| 10/26/2011 6:00:00 PM

Los concejales del carrusel

Dinero revela las razones que llevaron a la Fiscalía a llamar a interrogatorio a 17 concejales de Bogotá. La indagación es preliminar pero tendrá altos costos para ellos.

La vecindad de las elecciones regionales hizo que la decisión de la Fiscalía de llamar a interrogatorio a miembros de las principales bancadas políticas con asiento en el Concejo de Bogotá se convirtiera en fuente de suspicacias. Resultó inevitable que los medios de comunicación y analistas hicieran cálculos y cábalas sobre el impacto que el asunto tendría sobre la elección de Alcalde Mayor.

También, que al menos dos de los tres principales aspirantes al cargo fueran exhortados a contestar con un “sí” o un “no” si les retiraban su respaldo a los cabildantes que quedaban encartados ante la opinión.

En medio del debate, Dinero conoció las razones que llevaron a la Justicia a verificar procesalmente el alcance de las denuncias recibidas contra los concejales. Estos son los posibles cargos contra ellos, hecha la salvedad de que se trata de una indagación preliminar y que la presunción de inocencia para todos se mantiene intacta:

José Juan Rodríguez:
el Fiscal Delegado ante la Corte deberá determinar si es cierto o no que este dirigente manejaba cerca de 500 cuotas burocráticas en el IDU, la mayoría de ellas a través de una nómina paralela. Según informes del programa Bogotá, cómo vamos, este concejal es el líder del ausentismo. Sin embargo, nunca faltó a los debates en los que se presentó su amiga Liliana Pardo, entonces directora del organismo. También será investigada su relación con los contratos del Fondo de Vigilancia del Distrito.

Hipólito Moreno: se buscará verificar si es cierto que era el “contacto” en el Concejo de los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia y la injerencia en los negocios adjudicados a estos y a sus amigos.

Orlando Parada: un grupo de denunciantes coincide en señalarlo como “dueño” de la nómina de la Uaesp, organismo cuya directora fue destituida por problemas en los contratos de aseo público.
Severo Correa, Ernesto Salamanca y Jorge Durán Silva: deberán responder cargos sobre el manejo de las nóminas y la contratación de hospitales públicos. Correa es considerado la autoridad en la sombra del hospital San Pablo, de Bosa; Salamanca, del hospital Santa Clara, y Durán, del hospital Rafael Uribe.

Antonio Sanguino:
de acuerdo con funcionarios del Concejo entrevistados inicialmente por la Contraloría Distrital, él habría ejercido presiones indebidas sobre concejales de su bancada para votar el proyecto de vigencias futuras que sirvió luego como fuente para el saqueo de recursos destinados a obras de infraestructura.

Andrés Camacho Casado: deberá explicar su papel en la contratación con entidades públicas manejadas por empresas que funcionaban en casas de su familia y su posible intervención indebida en negocios manejados a través de la red de universidades Alma Mater.

Fernando Rojas:
se le atribuye preliminarmente el manejo de la mitad de los comedores comunitarios y el control de nóminas y contratos de la Secretaría de Integración Social y de la Caja de Vivienda Popular.

Los eventuales cargos contra los restantes, Omar Mejía, Javier Palacio, Julio César Acosta, Wilson Duarte, Fernando López, Henry Castro, Edgar Torrado y Rafael Escrucería, se relacionan con irregularidades en otros sectores.

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