| 2/15/2018 12:01:00 AM

Patentes médicas vs salud pública: en las manos de Gaviria

El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, debe tomar una decisión que podría revolucionar el marco de propiedad intelectual y de acceso a las medicinas en Colombia. Las implicaciones son enormes.

Alejandro Gaviria ha tenido que bailar con la más fea en los últimos años, pues está lidiando con una de las más problemáticas carteras de gobierno desde 2012: la de Salud.

Las permanentes amenazas a las finanzas del régimen; la estrategia de las multinacionales farmacéuticas –apoyadas por sus gobiernos– para defender sus intereses; la molestia de los usuarios que aparentemente no reconocen los avances del sistema y la presión de las organizaciones sociales por mejorar las condiciones de atención a los pacientes conforman el entramado que ha tenido que administrar Gaviria durante este tiempo. A esto se le suma su enfermedad –un cáncer linfático– que ha enfrentado con dignidad y gracias al mismo sistema al que muchos le siguen ‘dando palo’, muy probablemente de manera injusta.

Sin embargo, hay otro tema que en este momento debe tener preocupado al Ministro. Se trata de decidir una solicitud de la ONG Ifarma de declarar la licencia obligatoria para un grupo importante de medicamentos que combaten la hepatitis C. Esta decisión no tiene antecedentes en Colombia, pues, finalmente, en el caso del Glivec, que el año pasado generó debate, se encontraron otros mecanismos para lograr una reducción en el precio.

Ahora mismo, con la decisión que debe adoptar el Ministro –aconsejado por un comité consultivo del que participan igualmente representantes del Ministerio de Comercio y del Departamento Nacional de Planeación– lo que está en juego es el sistema general de patentes de Colombia. Por eso hay muchos actores pendientes de la decisión.

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La petición de Ifarma se fundamenta en el evidente conflicto entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos de los pacientes a gozar de un tratamiento eficaz que mejore sus condiciones o, inclusive, que les salve la vida. Así que no estamos frente a un tema menor. De nuevo, el ministro Gaviria se metió en camisa de once varas.

Un problema enorme

En el campo de batalla convergen dos intereses claros: primero, el de las farmacéuticas, que consideran que es necesario seguir protegiendo las reglas del juego en materia de protección de la propiedad intelectual por la vía de las patentes y garantizar la estabilidad de las inversiones de esta industria. De otra parte, están las organizaciones sociales, como Ifarma, que ven que el cobro desmedido por los medicamentos implica riesgos para la vida y salud de los pacientes y un golpe a las finanzas del sistema de salud; es decir, que todo costo que asuma el sistema es pagado por cada uno de los colombianos.

En respuesta a una pregunta sobre el tema, el ministro Gaviria reconoció la disyuntiva en la que se encuentra: “El tema de la propiedad intelectual es complejo. Nuestra experiencia con Imatinib mostró, en particular, que las declaraciones de interés público son desgastantes. De otro lado, los altos precios de los medicamentos contra la hepatitis C han suscitado un debate global muy intenso. Le mostraron al mundo que una visión extrema de la propiedad intelectual riñe con la salud pública. Hay un choque de principios por ahora no resuelto”.

Y concluyó: “Conceptualmente la civilización se basa en una sola idea: todos debemos beneficiarnos del conocimiento colectivo de la humanidad. El mundo tendrá que encontrar formas innovadoras para que esta idea prevalezca en el caso de los medicamentos”.

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Su pronunciamiento muestra claramente que el Ministro está entre la espada y la pared: si decide negar la petición de Ifarma, habrá muchas protestas porque los pacientes y las organizaciones sociales considerarán que les está dando la espalda a sus justas reclamaciones. Por el contrario, si decide aplicar la licencia obligatoria, generará un conflicto no sólo con las farmacéuticas, sino con el poderoso lobby diplomático de los países que sientan afectados sus intereses y los de sus empresas. Eso abrirá un debate sobre la clase de reglas del juego para la inversión extranjera en Colombia, que se convertiría en el primer país de la región en aplicar este tipo de procedimientos administrativos.

El tema es tan sensible que ha generado un intenso debate al interior del propio Gobierno. Es una cuestión que debe ser abordada por el comité consultivo del Ministro de Salud, y allí, los representantes del Ministerio de Comercio han manifestado el peligro de decretar una licencia obligatoria para las normas de propiedad intelectual.

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, explicó que, de ser adoptada la licencia obligatoria, sería la primera vez que ocurriría eso no solo en Colombia sino en la región. De hecho, Robledo aseguró que hay pocas excepciones en el mundo en que se haya presentado este tipo de situaciones.

Posiciones encontradas

Francisco Rossi es el director de Ifarma, la ONG que radicó la petición de licencia obligatoria contra un conjunto de 9 moléculas de medicamentos para combatir la hepatitis C.

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Según él, es claro que en el sistema de salud se venían pagando costos muy elevados por esos medicamentos. Recuerda el caso del expresidente Ernesto Samper, que por cuenta de una transfusión de sangre como parte del tratamiento para curar las secuelas del atentado sufrido en Bogotá en 1989, fue contagiado con esa enfermedad. El tratamiento costó cerca de US$84.000. Desde entonces el costo del mismo se ha logrado reducir hasta los cerca $100 millones por paciente en la actualidad, pero aun así sigue siendo muy alto.

“Es un error mirar los asuntos de la salud en términos de mercado. Por ejemplo, si alguien quiere adquirir un carro, puede escoger el que quiera según su presupuesto, o simplemente no lo compra y no pasa nada. Pero en el caso de la salud se está hablando de la posibilidad de que alguien empeore sus condiciones de vida o, incluso, de que muera. Con la muerte y la salud no hay margen de negociación”, comentó Rossi.

Para él es claro que las licencias obligatorias forman parte del sistema jurídico colombiano y por eso se deben usar cuando las circunstancias lo ameriten.

“Los laboratorios hablan de ‘desconocer’, ‘quebrar’ o ‘incumplir’ el sistema de patentes. Eso es mentira. Las licencias existen y se pueden usar, pues así lo establece el propio régimen legal de la materia”, dijo.

Rossi asegura que la licencia obligatoria no implica la pérdida de la patente, pues los laboratorios afectados van a recibir una regalía por parte de quienes decidan producir los medicamentos objeto de este procedimiento administrativo.

Foto: Francisco Rossi, director de Ifarma

El representante de Ifarma también está convencido de que el principal aporte de los laboratorios es inversión en desarrollo de un producto, más que en investigación en el descubrimiento de nuevas moléculas.

A su juicio, los que de verdad invierten en este tipo de investigaciones son las universidades, los institutos públicos y otras organizaciones, pero no los laboratorios.

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“Lo que nosotros buscamos, y en general todas las organizaciones de nuestro tipo, es promover el uso racional de los medicamentos”, explicó. Eso significa tanto promover el consumo adecuado de las medicinas como impedir que los costos se lleven por delante los sistemas de salud de los países, pues esto afecta a todas las sociedades.

Para Rossi es un problema que las patentes, que son por naturaleza el monopolio para la explotación de una molécula, terminen afectando el derecho a la vida y a la salud de las personas.

Finalmente, señaló que el tema es muy sensible y ha generado presiones por parte de países como Estados Unidos y Suiza, de donde son originarios algunos de los más grandes laboratorios farmacéuticos. El tema, según Rossi, se está convirtiendo en un asunto dentro del trámite de acceso de Colombia a la Ocde.

Los laboratorios

Otra cosa es lo que se piensa entre los laboratorios farmacéuticos y entre las autoridades encargadas de la política de comercio exterior y protección de la propiedad intelectual en Colombia.

Según Gustavo Morales, presidente de Afidro, gremio que representa los intereses de la industria farmacéutica en Colombia, la declaratoria de interés público de un medicamento es, en la práctica, “un paso previo a una expropiación, porque una patente es un activo muy importante para las empresas”. Dice que la industria farmacéutica reconoce que los Estados deben contar con mecanismos que protejan los intereses de su población frente a situaciones excepcionales. “A veces es necesario hacer estas declaratorias de interés público porque es posible –en teoría– que una patente o la existencia de una patente afecte el interés público”, comentó.

Sin embargo, declaró que “no se debe perder de vista que las patentes son un instrumento que permite que haya diversidad y desarrollo en el mundo entero. Solo gracias a las patentes los laboratorios invierten en investigación y desarrollo, porque saben que les permitirá tener unos años de exclusividad”.

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Para él, la nuez del debate está en que en este caso específico no se dan los requisitos elementales para decir que las patentes están afectando el interés público. “Por el contrario, si acaso lo están afectando positivamente, porque gracias a esas patentes es que las personas se están curando de la Hepatitis C, cosa que hace 5 años no estaba pasando”, explicó.

En Afidro consideran que hay un error de procedimiento en la solicitud de Ifarma. De acuerdo con la versión de Morales “la ley establece unos requisitos para abrir este proceso. El primero es que se identifique de qué patentes se está hablando, porque hay unas que están por vencerse y otras que, aunque vigentes, están dispuestas a permitir más competidores en el mercado”. Al analizar la petición de Ifarma, explicó que esa organización no especificó cuáles eran las moléculas sobre las cuales pedían la declaratoria de interés. “Creemos –dijo Morales– que incumplir el requisito de individualizar las patentes le hace imposible al Gobierno abrir este proceso y por eso pedimos que lo archive”.

Por otra parte, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, se mostró preocupado por el impacto que una decisión de estas podría tener sobre las reglas del juego en materia de patentes.

Según él, declarar las licencias obligatorias es un mecanismo completamente excepcional que casi ningún país ha aplicado en el planeta. Además, aseguró que el Gobierno ya ha adoptado otras formas de intervención, como la fijación de precios de los medicamentos y las compras centralizadas, con lo que se han logrado reducir los precios finales al público de muchas medicinas. Según las cuentas del Ministerio de Salud, actualmente hay control de precios sobre 1.031 medicamentos en el país. El superintendente Robledo explicó que la patente es un derecho muy importante, pues garantiza que las sociedades encuentren caminos de desarrollo. “Si no es así, habría un gran riesgo de que no haya invenciones”, explicó e hizo énfasis en que “casi nadie se atreve a tocar las patentes”.

Muchos están pendientes de lo que el Ministro Gaviria decida. Cualquiera de los caminos que adopte van a generar una enorme polémica. Para uno de los ministros estrella del actual Gobierno, es claro que la acción va a durar hasta el último segundo.

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