| 4/11/2008 12:00:00 AM

“La propiedad industrial a las pyme”

El Superintendente de Industria y Comercio, Gustavo Valbuena, tiene como meta acercar la entidad a los empresarios y los consumidores.

Desde que asumió como nuevo superintendente de Industria y Comercio, hace cuatro meses, Gustavo Valbuena tuvo claro que quería mantener un bajo perfil en los medios de comunicación. Por eso, ha sido muy cauto en dar opiniones sobre procesos que están en marcha, para evitar que estas puedan ser entendidas como un concepto previo que en un futuro pueda generarle un problema que le impida pronunciarse de fondo. Dinero habló con él sobre la reestructuración de la entidad, la necesidad de masificar el conocimiento que hay en el Banco de Patentes, y su política en materia de integraciones, entre otros temas.

–¿Está preparada la Superintendencia para lo que se viene con los nuevos tratados de libre comercio?

La estructura de 1992 se quedó pequeña. En este momento estamos trabajando junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Planeación Nacional, el programa de renovación de la administración pública y la Función Pública, con la colaboración del Ministerio de Hacienda, en la reestructuración de esta Superintendencia para adecuarla a las necesidades a la coyuntura actual.

–En el Congreso se radicó un proyecto de ley que crea una autoridad única de competencia en cabeza de la Superindustria. ¿Qué opinión le merece?

–A título personal estoy de acuerdo con que haya una autoridad única de competencia que se soporte en las otras autoridades. Es un buen momento para hacerlo.

–¿Qué tan avanzadas están las empresas colombianas en propiedad intelectual?

–Nosotros hemos visto con muy buenos ojos que en materia, por ejemplo de signos distintivos de marcas y las solicitudes que los nacionales han hecho para proteger sus derechos de propiedad intelectual se han venido incrementando poco a poco, al punto que para el último año ya podemos hablar de un porcentaje superior de solicitudes nacionales frente a solicitudes extranjeras.

–¿Y qué pasa con las Pyme?

–Una herramienta como la propiedad industrial tiene que descender a las empresas pequeñas y medianas. En lo que tiene que ver con nuevas creaciones es importante la protección de la propiedad intelectual relacionada con patentes, el incentivo al desarrollo de estos campos en todos los sectores de la economía, el apoyo y protección a las nuevas creaciones de los colombianos, pero sobre todo la facilitación de acceso de estas Pymes a las fuentes de información sobre patentes con las que contamos.

–¿Se aprovechan las fuentes de información sobre patentes?

–Investigaciones que se han desarrollado en Colombia y que han tomado décadas, eventualmente estaban en el dominio público hace también décadas. Sin embargo, no había la posibilidad, ni había la cultura para acceder a esas fuentes de información.

–¿A qué se refiere?

–En el dominio público hay una gran cantidad de procedimientos que pueden ayudar a los procesos industriales colombianos y que deben acercarse un poco mas a la gente. Nosotros contamos con una herramienta invaluable que es el Banco de Patentes. Queremos acercar estas fuentes de información a las pequeñas y medianas empresas. Para efectos de desarrollo, eso puede generar un impacto bastante importante en el corto plazo.

–¿Cuál va a ser el criterio de la Superintendencia en materia de integraciones?

–El criterio ha estado enmarcado dentro de lo que prevé la ley. En general, la directriz es manejar líneas de conducta coherentes que permitan generar previsibilidad, o sea que la gente llegue aquí y no se encuentre con sorpresas, que sepa que los criterios no son sacados de la manga, sino que son la aplicación uniforme de la ley de acuerdo con criterios técnicos.

–¿En qué va el caso de los bancos y el comercio?

–Ese proceso es el fruto de una investigación, abierta por una queja de una fundación por un presunto acuerdo de precios en la fijación de lo que ellos denominan la tarifa interbancaria de intercambio, que es una suma que se cobra entre el banco adquirente y el banco emisor por las compras con tarjetas de crédito. Es un sistema bastante complejo que pasa por unas redes que corresponden a unas franquicias de Visa y Mastercard, Redeban y Credibanco. La competencia de esta Superintendecia se da porque la investigación está dirigida contra las redes, que son asociaciones en ese momento constituidas por los bancos.

En este caso, las redes ofrecieron unas garantías acompañadas de la firma de los bancos que en su momento se constituyen también en oferentes de esas garantías como coadyuvantes El superintendente en ese momento analiza lo que le están ofreciendo las redes y los bancos y a su juicio esto neutraliza los eventuales efectos anti competitivos que podría haber tenido una práctica cuya comisión en ese momento estaba siendo investigada y por eso cierra la investigación administrativa y la “reemplaza” por las garantías ofrecidas por las redes y suscritas por los bancos. El Consejo de Estado en reciente decisión, lo que ratifica es que ese compromiso se incorporó en un acto administrativo de esa Superintendecia y en ese orden de ideas es verificable y exigible por parte de esta Superintendencia.

–¿Qué ha pasado con los casos de Bavaria-Heineken, Alpina y Danone?

–Hay una investigación contra Bavaria a partir de una queja que presento Heineken. La Superintendencia no tutela los intereses de Heineken, tutela los intereses generales que son intereses del mercado, de los consumidores. Estamos en este momento en pruebas.

–¿Lo mismo con  Alpina y Danone?

–Lo de Alpina y Danone es otro marco. Hay varias controversias frente a Alpina y Danone, para efectos de lo que tiene esta Superintendencia. Son controversias a nivel marcario, que se refieren a oposiciones, a solicitudes de cancelación de marcas mutuas. Alpina pide unas y Danone otras.

–¿Y con  las cementeras?

–Hubo un informe motivado presentado por el Superintendente delegado, se corrió traslado a los investigados y ese caso ya esta para decisión final. Es un tema que no debe pasar de dos meses.

–¿Qué pasa con la protección a los consumidores?

Hace unas semanas convocamos a los alcaldes del país, con quienes compartimos las funciones administrativas de protección al consumidor, para recordarles que hay un deber de las autoridades de hacer vigentes los derechos de los consumidores. Por otra parte, la Superintendencia está aportando a un proyecto de ley de actualización del Estatuto del Consumidor que está presentando en estos momentos el representante Simón Gaviria.

–¿Cómo quiere que lo recuerden cuando se vaya de la Superindustria?

–Hacia afuera por acercar la Superintendencia a la gente y entre el equipo de la Superintendecia, por  ser una de las mejores empresas para trabajar.

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