| 3/4/1998 12:00:00 AM

Tiempo de educar

El mundo ha ido alcanzando un consenso sobre la importancia de la educación como mecanismo para reducir la desigualdad y la pobreza, mejorar la democracia y las libertades y avanzar hacia un desarrollo económico y social sostenido.



En materia de educación, Colombia presenta pobres resultados: se ha conformado una brecha educativa, cuantitativa y cualitativa, que ya sobresale en las comparaciones internacionales. Nuestra población tiene dos años menos de educación de los que debiera. Y una calidad que dista años luz de la que quisiéramos. Pero simultáneamente se ha ido generando un afortunado consenso sobre la prioridad de la educación entre las preocupaciones nacionales. Entre los empresarios, la educación es la segunda inquietud, después de la seguridad. La educación también es, después del empleo, la mayor preocupación entre los posibles votantes.



Los candidatos presidenciales han entendido esta prioridad nacional y han colocado, en su mayoría, muy alto a la educación en sus programas de gobierno, tal como lo manifiestan en esta entrega de Dinero. Los lectores podrán apreciar la orientación, el énfasis y el grado de concreción de sus propuestas. Es un buen punto de partida para una discusión que tiene que aterrizar mucho más.



Nos atrevemos a sugerir respetuosamente a los candidatos dejar a un lado algunos viejos dilemas de organización industrial, ya superados en la discusión internacional. Ante las crecientes presiones por mayor y más diversa educación por la gente y las empresas, hoy no se discute el financiamiento público de la educación básica para todos. Y tampoco importa mucho que las escuelas sean privadas o públicas, o que estén en manos del municipio, el departamento o la Nación. Este no puede ser el centro del debate. El país necesita escuelas verdaderamente responsables, libres de trabas burocráticas y abiertas a las demandas de su entorno y de las comunidades para brindar educación de creciente pertinencia y calidad.



Con la definición institucional de la Escuela autónoma como eje de las tareas, las diferencias entre lo público y lo privado deberían tender, más que a acentuarse, a desvanecerse. Y para ello debe readecuarse el esquema público de financiamiento. Hoy la distribución de los recursos públicos sigue más las presiones políticas y burocráticas que los resultados y las necesidades de los estudiantes. Con nuevos recursos y una gran redistribución de los existentes, se podría garantizar coberturas de buena calidad para todos los colombianos.



La mayor responsabilidad pública en el financiamiento y la autonomía a la organización de las escuelas debería acompañarse con una creciente libertad de la gente para buscar la educación que más le conviene y de una creciente responsabilidad de las comunidades educativas por producir sus servicios con la mayor calidad. Los estudiantes, las familias y las comunidades, más que los burócratas, deben ser responsables por orientar y controlar la marcha de la educación. El Estado, eso sí, debe proveer fondos para informar a la población sobre los resultados educativos y para investigación y desarrollo de nuevas tecnologías pedagógicas más acordes con el siglo XXI. Para ello no se necesita un Ministerio de Educación.



Acelerando la transición hacia este nuevo modelo institucional y financiero, los debates públicos deberían centrarse en lo que importa: la creación y transmisión del conocimiento y los valores que queremos para el nuevo siglo. Y en ello, a pesar de sus diferencias, los candidatos tienen mucho aún por aprender y proponera.

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