| 6/3/1999 12:00:00 AM

Responsabilidad en la Corte

No siempre las luces y los árboles dejan ver el bosque. Los medios de comunicación del país, extasiados con los grandes anuncios y las peleas con el gobierno, han sido complacientes con el protagonismo reciente de la Corte Constitucional, sin analizar las consecuencias de sus decisiones ni el modelo de sociedad que se construye.



En los últimos meses, la Corte ha generado conceptos de impacto en las empresas. Los salarios deben ser móviles y no podrán ajustarse por debajo de la evolución de la inflación. Los accionistas de las sociedades anónimas son co-responsables de sus pensiones. Los afiliados a la seguridad social tienen derecho a medicamentos y procedimientos médicos no prioritarios. Los colegios privados deben atender a sus estudiantes, independientemente de su pago. Los recursos de la emergencia, antes que a prevenir una crisis financiera, se destinan a los problemas de los bancos públicos y alivios a las poblaciones afectadas. Y las cuotas del upac deben fijarse con base en la inflación, aunque finalmente los pagos de intereses sí se podrán capitalizar.



Aunque en estas decisiones la Corte ha defendido un criterio social ­del derecho constitucional a un trabajo o a una vivienda dignas­, sus consecuencias económicas son, paradójicamente, contrarias a ello. La rigidez de los salarios, ante la evolución de la productividad y del mercado de trabajo, acelera los despidos y el desempleo. Las deudas contingentes para los accionistas desestimulan la capitalización de las empresas, cuando más se requiere. Las nuevas cargas para colegios y EPS desestabilizan financieramente a los sistemas privados de educación y salud cuando, ante la crisis fiscal, el país más los necesita. La vulnerabilidad creada al sistema financiero privado ya ha generado muchos ahorradores afectados y muchas empresas y hogares sin crédito y con crecientes cargas financieras. Y las restricciones al crédito hipotecario achicarán este mercado para concentrarlo en quienes menos lo necesitan.



La Corte, más que colegislar con conceptos imprecisos, como lo hizo ante la emergencia económica, ¿no debería circunscribir su acción al juicio constitucional de las medidas del gobierno con conceptos breves y contundentes? Más que protagonismo, ¿no deberían los magistrados reconstruir un perfil bajo como en el resto del mundo? ¿No sabrán que la rigidez económica y social que están impulsando generará una sociedad no viable? Más allá de girar sobre la hermenéutica jurídica, ¿no debería contar con métodos para medir el impacto económico de sus decisiones?



Todo ello lleva al punto álgido: ¿cómo definir el alcance de la responsabilidad social de esta corporación que sólo parece responsable ante sí misma? Cuando la parálisis del empleo, las crisis de la vivienda, la educación y la salud, el desánimo de la inversión y la persistente vulnerabilidad del sector financiero se alimentan con las decisiones de la Corte, ¿quién le responde a la sociedad? Ahora que enhorabuena se planea ampliar la responsabilidad de esa otra torre de marfil, la Junta del Banco de la República, ¿por qué no precisar el alcance y la responsabilidad de la Corte Constitucional?

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