| 11/8/2018 12:01:00 AM

¿En los impuestos hay que hacer lo popular o lo correcto?

La discusión sobre la ley de financiamiento debe hacerse desde una perspectiva amplia: la conveniencia general del país. Una invitación a la sindéresis. Editorial.

Ninguna reforma tributaria es popular. Y la que presentó el Gobierno ante el Congreso de la República, a través de la Ley de Financiamiento, no es la excepción.

El proyecto incluye una reducción a los impuestos para las empresas, revivir el impuesto al patrimonio para las personas naturales de altos ingresos y aumentarles el de renta, unificar deducciones y cédulas, entre otras iniciativas. Pero la que levantó polvareda fue la de generalizar el IVA en 18%, incluyendo los productos de la canasta familiar, con un esquema de compensación a las familias más pobres.

La iniciativa de la Ley de Financiamiento permitió algo impensable hace unos pocos meses: poner de acuerdo a las distintas fuerzas del Congreso. La izquierda –Polo, Progresistas y las Farc–, los del centro –Alianza Verde, el Partido de la U, Cambio Radical–, los partidos tradicionales –liberales y conservadores– y hasta al Centro Democrático ya levantaron sus voces de protesta.

Las redes se han dedicado a recordar las promesas de campaña del presidente Iván Duque de no aumentar impuestos y la oposición radical que tuvo en la pasada reforma tributaria.

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El IVA es un tema muy sensible que además de la oposición de los políticos también hiere la sensibilidad de algunos gremios, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), que ha considerado inconveniente gravar alimentos.

Aunque el Gobierno ha explicado que tendría un efecto marginal, hay preocupación por el impacto que pueda tener la reforma en el consumo, uno de los motores en el crecimiento de la economía. También genera incertidumbre el golpe que pueda recibir la inflación y algunos, como Fedesarrollo, consideran que la inflación podría aumentar en más de 4 puntos porcentuales con la implementación de la reforma. Eso podría llevar a una reacción de la política monetaria.

Tampoco ha quedado por fuera del debate la forma en que el Gobierno hará la devolución a las familias más pobres, no por la implementación misma, sino por las dudas que generan las bases de datos de las personas subsidiadas y el interrogante de qué va a pasar con el comercio informal, que subirá los precios, pero no recaudará el IVA, mientras el Gobierno estaría subsidiando sin el efecto esperado.

Pero, además, la discusión de la Ley de Financiamiento va a coincidir con el debate del salario mínimo y la propuesta del senador Álvaro Uribe de un aumento extraordinario, a la que se han sumado otras iniciativas como la prima legal para la canasta familiar.

Parece un contrasentido que desde el Congreso se genere una oposición al proyecto de Ley de Financiamiento, cuando no ha sido capaz de avanzar en la ley anticorrupción, que sería un claro instrumento para detener el desangre financiero y buscar mayor eficiencia en el gasto.

Sin embargo, más allá de este panorama enrarecido, hay que ver lo fundamental: Colombia es un país donde la concentración del ingreso no cambia mucho antes y después de aplicar impuestos y subsidios. Parte del espíritu de la propuesta del IVA busca que los de mayores ingresos –que tienen beneficios más altos– paguen más y haya una forma de devolverles recursos a los más pobres.

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Sin duda, habrá un efecto con impactos y dolores en el corto plazo, pero será una apuesta en el sentido correcto de avanzar buscando mecanismos que permitan mayor equidad, atacar la informalidad y enviar un mensaje al exterior, donde Colombia pueda seguir diferenciándose de otros emergentes, mantenga el grado de inversión y sea capaz de atraer más recursos.

El ministro Alberto Carrasquilla enfrenta dos problemas: el debate en el Congreso que se dio en torno a los bonos de agua y que se exacerbó en las redes sociales, y su dificultad en la comunicación. Pero los mercados y la mayoría del sector económico lo reconocen como un economista técnico que se la jugará –como lo hizo hace poco más de una década en su primer paso por el Ministerio– por sacar adelante una reforma que abra el camino, no solo para ajustar las cargas de corto plazo, sino la estructura tributaria del futuro. Parodiando al expresidente Santos, es escoger entre hacer lo correcto o lo popular.

¿Contará el Gobierno con la suficiente fortaleza política, en un escenario, como lo ha dicho, sin mermelada, o revivirá el pasado cuando el mismo Carrasquilla tuvo que abortar su proyecto, por instrucciones del entonces presidente Álvaro Uribe? Empieza el debate.

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