| 1/24/2019 12:00:00 AM

Las decisiones con las que arrancó el año el Gobierno Duque

La reforma pensional y la venta de Ecopetrol son los temas que puso sobre la mesa el Gobierno al inicio del año y abrió el debate sobre sus implicaciones.

El Gobierno arrancó el año con dos anuncios determinantes para el futuro fiscal del país: qué va a pasar con la reforma pensional y la venta de 8,5% de Ecopetrol.

En el frente pensional, aunque hay una directriz clara al interior del Gobierno de la importancia de hacer una reforma, la polémica se dio por un tema de tiempos: mientras para el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la reforma no da espera y debe discutirse y aprobarse este año; para la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Alicia Arango, la reforma se presentará en 2020 y en los próximos meses se iniciará un proceso de socialización a través de mesas técnicas con expertos que ayuden a construir acuerdos alrededor de la propuesta.

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Esta es sin duda una de las reformas más importantes, no solo para el futuro de las finanzas públicas, sino para superar la desigualdad y generar escenarios de equidad, con un sistema sostenible y viable hacia el futuro. El anuncio del ministro Carrasquilla de iniciar su discusión, una vez superada la Ley de Financiamiento, fue un mensaje alentador para los mercados y, en especial, para las calificadoras que están a la expectativa de cómo ajusta Colombia sus cuentas y dinamiza su economía.

Sin embargo, las diferencias dentro del Gobierno –así solo sean de tiempo– no son una señal tranquilizadora y generan tensiones innecesarias en momentos en que otras reformas fundamentales se han planteado, como la de regalías o la del Sistema General de Participación (SGP).

Pasar estas reformas en un escenario nuevo donde, como lo ha anunciado el mismo presidente Duque, no hay ‘mermelada’, representa mayores esfuerzos a la hora de tramitar los proyectos en el Congreso. De hecho, cuatro de los ministros que han estado en el ‘ojo del huracán’ son protagonistas de las reformas que se iniciaron el año pasado: Política, Telecomunicaciones, Justicia y la Ley de Financiamiento.

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A esto se le deben sumar las dificultades propias de un año electoral, con elecciones regionales y en el que el gobierno central tendrá que aplazar proyectos que no quedaron cubiertos en la Ley de Financiamiento y cumplir con las metas previstas en la regla fiscal.

La reforma pensional, como lo han advertido distintos analistas, debe ser prioritaria y atendida en el corto plazo, dados factores que han venido cambiando con el tiempo, como el aumento en la esperanza de vida y la estructura de un sistema cuyo respaldo en las cuentas públicas, en el futuro, podría hacerlo inviable. Y tendrá que superar temas polémicos pero necesarios en la estructura de una propuesta –que se dieron como promesa de campaña–, como, por ejemplo, no modificar la edad de jubilación, hoy de 57 años para mujeres y 62 años para hombres; mejorar la distribución de subsidios y hacerlos más eficientes y articular el sistema con los programas Colombia Mayor y Beneficios Económicos Periódicos. Pero, en lo que no debe convertirse es en un pulso al interior del Gobierno.

En el caso de la venta de 8,5% de Ecopetrol, también anuncio del ministro Carrasquilla, era una movida casi que obligada, dadas las dificultades fiscales y el hueco que quedó de la Ley de Financiamiento, cercano a $7 billones.

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La calificadora Fitch Ratings ya advirtió que el país necesitará en 2020 de nuevas medidas para llegar a la meta de 2,2% y cumplir la regla fiscal. Ante la imposibilidad política de presentar este año una nueva reforma tributaria y la inflexibilidad en el gasto, el margen de maniobra para el Gobierno es limitado.

Esta venta de Ecopetrol hace parte de la que fue aprobada en 2007, en el proceso de democratización accionaria de la petrolera, por lo que su tránsito sería mucho más rápido. Sin embargo, tres grandes inquietudes rondan la operación, cuyos términos aún no se conocen: una, el precio, dada la volatilidad de los mercados, la incertidumbre geopolítica, el comportamiento de China y las tensiones comerciales. La segunda, sobre las reservas que tiene Ecopetrol y la posibilidad de desarrollar nuevas tecnologías –como los no convencionales– y el debate que hay en el país en este campo. Y, finalmente, en qué se invertirían esos recursos, estimados inicialmente en $10 billones. Deberían tener una destinación específica y blindarlos, pues de lo contrario harían parte de la unidad de caja del Presupuesto General de la Nación y podrían terminar cubriendo algunas inversiones, pero también gastos de funcionamiento.

Es necesario que el Gobierno aclare sus posiciones y fije una directriz frente a temas tan estructurales y críticos como estos dos con los que arrancó el año, y no quede en el ambiente la sensación de hacer anuncios para analizar las reacciones.

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EDICIÓN 562

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