Las consultas populares necesitan una definición jurídica

Hace unas semanas, la Sala Plena de la Corte Constitucional hizo uno de los pronunciamientos más esperados en el sector empresarial, en especial en el minero-energético, con relación a las consultas populares, zanjando, en principio una diferencia que el mismo alto tribunal había generado en el pasado.

La reciente decisión buscaba solucionar una tensión originada por dos fallos anteriores que estaban en sentidos diferentes: uno, de 2016, en donde una de las salas, en un caso de Pijao (Quindío), definió que los entes territoriales sí tienen potestad para prohibir actividades mineras y petroleras. Pero, el otro se dio dos años antes, en 2014, en el que la sentencia C123, atendiendo una demanda de inconstitucionalidad del Código de Minas, advirtió que la Nación y los municipios deben concertar sobre el desarrollo de los proyectos, porque el principio es que ni la Nación puede obligar, ni el municipio prohibir.

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El pronunciamiento reciente de la Corte se dio a propósito de una tutela de la petrolera Mansarovar que interpuso por cuanto en el municipio de Cumaral, Meta, se adelantó un proceso de consulta popular contra uno de sus proyectos.

La Corte consideró que el Tribunal Administrativo del Meta, en la sentencia que declaró constitucional la pregunta a elevar en la consulta popular a realizarse en Cumaral, violó el debido proceso por cuanto interpretó de forma aislada las disposiciones constitucionales y desconoció los pronunciamientos de la Corte referidos a los límites de las materias a decidir a través del mecanismo de consultas populares. Y aseguró que tanto la Constitución como la ley disponen que estas, en el rango municipal no pueden recaer sobre asuntos ajenos a la competencia de las autoridades municipales.

Señaló que la Constitución de 1991 establece en cabeza del Estado la propiedad de los recursos del subsuelo y dispone que la explotación de un recurso natural no renovable causa a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía, generando beneficios para toda la Nación y estableció que pese a que la Constitución reconoce en cabeza de las entidades territoriales la competencia para establecer el uso del suelo, esta función propia debe ejercerse de manera coordinada y concurrente con las competencias de la Nación.

La decisión fue recibida con entusiasmo por el sector privado, pero con reservas por los representantes de comunidades de esas poblaciones y defensores del medio ambiente.

Sin embargo, la determinación de la Corte se dio días antes de procesos que venían en marcha, circunstancia que puede hacer más compleja esta discusión. El pasado fin de semana estaban programadas dos consultas populares, una en Fusagasugá y otra en San Bernardo, ambas en Cundinamarca. Una medida cautelar del Consejo de Estado suspendió esta última consulta, pero la de Fusagasugá se llevó a cabo y su población votó en contra del desarrollo del proyecto minero-energético.

El fallo, que en principio daría certeza jurídica, hoy podría estar generando confusión. Como han advertido algunos constitucionalistas, se está dando un tránsito a un cambio de posición de la Corte y los procesos en curso tendrán una afectación, mientras aquellos que culminaron van a tener la discusión de cómo aplicar la nueva decisión de la Corte, que podría ser otra tutela para que el juez se pronuncie sobre la reciente sentencia o si fuera el caso llegar hasta la Corte Constitucional para que reiterara su nuevo criterio.

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Sin embargo, será necesario acelerar el proceso, conocer el fallo definitivo –más allá del comunicado– para garantizar que haya certeza jurídica de los procesos.

Pero, además, para la Corte “en la actualidad no existen mecanismos idóneos y vigorosos para garantizar tanto la participación ciudadana como la forma de hacer compatible los principios de coordinación y concurrencia de la Nación y las entidades territoriales”. Y exhortó al Congreso de la República para que en el menor tiempo defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio.

Así, aún con las inquietudes que se han generado en la parte operativa de la decisión de la Corte, se abre un nuevo frente de discusión y es cómo se va a abordar la participación ciudadana en estos procesos, qué tiempos se va a tomar el Congreso y si, por el contrario, se repite la historia de las consultas previas, cuyo tránsito por el Legislativo ha sido más que accidentado.