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| 9/13/2018 12:01:00 AM

De consulta en consulta: Obras e inversiones en el limbo

Centenares de obras e inversiones en infraestructura vial y en generación y transmisión de energía, claves para el desarrollo y la competitividad del país, han quedado en el limbo por no lograr acuerdos con las comunidades y no superar las etapas de las consultas previas que la ley exige.

Además, proyectos petroleros y mineros que representarían más de $200.000 millones en regalías se han frenado por consultas populares que han impedido su desarrollo y ejecución en casi un centenar de municipios del país. Parece como si el país estuviera dispuesto a decirles no a los proyectos que les llevan desarrollo a las comunidades.

Por estos días, tanto las consultas previas como las populares han retomado importancia en la agenda nacional. La primera, por el proyecto de ley estatutaria que Cambio Radical quiere que el Congreso discuta y, la segunda, por el fallo que se espera de la Corte Constitucional para aclarar la jurisprudencia en estos casos.

En el frente de las consultas previas, como lo planteó el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en una reciente columna en El Tiempo, se trata de definir con exactitud quiénes son los pueblos protegidos, cómo pueden hacer uso de la consulta y cuáles son sus efectos vinculantes. Pero también busca consensos y conciliación, fija tiempos precisos para hacerlas, evita dilaciones y establece costos razonables.

Además, pretende terminar con “los autodenominados pueblos “ancestrales” y “dinámicos” que se desplazan de proyecto en proyecto a lo largo de toda la geografía nacional en busca de lucro”. Agrega que de esta manera se eliminan el chantaje y la presión sobre los promotores y autoridades, “pues el no acuerdo no será más sinónimo de no realización de los proyectos”.

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Son numerosas las iniciativas que se han visto afectadas por esta situación: la planta de generación Porce IV de EPM, empresa que ante los elevados costos que representaban comunidades que aparecieron en la zona del proyecto luego de los censos, prefirió desistir de él; o la línea de transmisión hacia Buenaventura, que iba a construir Epsa y en cuyo trazado se ubicaron distintas comunidades que no permitieron su desarrollo. Lo mismo ha sucedido con vías como Mulaló-Loboguerrero o la que está proyectada entre Popayán y Santander de Quilichao.

La pregunta que cabe hacerse es por qué este proyecto, absolutamente necesario para destrabar la ejecución de obras públicas en el país, no fue radicado por el partido del exvicepresidente durante los cuatro años en que ejerció aquel cargo.

Ya se anticipa un debate cerrado y complejo. Tras conocerse el anuncio, el senador Gustavo Petro y el congresista indígena Feliciano Valencia, de los partidos de oposición, hicieron críticas a la iniciativa. Petro advirtió en un trino que “la consulta previa es un derecho estatuido mundialmente para minorías étnicas que precisamente subordina obras de infraestructura a decisiones para proteger las culturas y la naturaleza. Mal hace usted @German_Vargas en supeditar cultura y naturaleza al cemento”.

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Por el lado de la consulta popular, la Corte Constitucional deberá unificar su visión frente a dos fallos anteriores: una sentencia de 2014 sobre una demanda de inconstitucionalidad contra el Código de Minas por los casos de autorización de las actividades mineras, en él advierte que la Nación y los municipios deben sentarse a dialogar y concertar sobre el desarrollo de los proyectos, porque el principio es que ni la Nación puede obligar, ni el municipio prohibir; mientras el otro, de 2016, es una decisión de una de las salas, en un caso de Pijao (Quindío), que señaló que los entes territoriales sí tienen potestad para prohibir actividades mineras y petroleras.

El año pasado la petrolera Mansarovar interpuso una tutela por cuanto en el municipio de Cumaral se adelantó una consulta popular contra el desarrollo de uno de los proyectos de esta empresa. La tutela entró en revisión en la Corte Constitucional y sobre ella se espera la definición de este alto tribunal.

Estos procesos darán claridad en torno al futuro de las consultas. El tema es clave por varios motivos. Primero, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las comunidades y, segundo, para entregar a las iniciativas privadas la seguridad jurídica para hacer viables los proyectos, que son clave para asegurar la competitividad del país. Eso es algo que no da espera.

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