| 3/15/2018 12:01:00 AM

¿Los candidatos hacen cuentas alegres con los impuestos?

Es necesario que los candidatos que propongan recortes de impuestos planteen de una manera creíble cómo van a reemplazarlos o cuáles gastos van a recortar.

Tras las elecciones para el Congreso y definidas las consultas interpartidistas, viene ahora la recta final de cara a las elecciones presidenciales. Si bien, gran parte de la discusión se ha centrado en los acuerdos de paz con las Farc, su implementación y los ajustes que algunos movimientos –en especial los que fueron partidarios del No en el plebiscito– han propuesto, no cabe ninguna duda de que los grandes debates vendrán por el lado económico, en especial las finanzas públicas.

En materia de impuestos, la mayoría de los candidatos ha planteado reducciones, discurso que suena bastante bien en época electoral, máxime cuando empresarios y millones de ciudadanos sienten una asfixia tributaria luego de la pasada reforma. Sin embargo, no hay mucho margen de maniobra.

Como han advertido y coinciden distintos economistas consultados por la revista para el artículo central de esta edición, estas propuestas de reducción de impuestos no se ajustan a la realidad económica del país en este momento, parecen desconocer el nivel de inflexibilidad del gasto público y las presiones que hay para cumplir la regla fiscal.

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Ya las agencias calificadoras tienen los ojos sobre el país y han hecho advertencias sobre el futuro cercano, a tal punto que Standard & Poor’s bajó la calificación y Moody’s acaba de hacer un cambio a perspectiva negativa. Fitch está a la expectativa de la llegada del próximo gobierno.

Para Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, reducir impuestos solo es posible si se incumplen las metas de ajuste, lo que “sería grave desde el punto de vista de la credibilidad de nuestra política macroeconómica y podría inducir una revisión a la baja en la calificación de nuestros títulos en los mercados financieros internacionales”.

La estrategia fiscal propuesta hasta ahora por los candidatos pasa por distintos escenarios y su combinación: uno, atacar la evasión, vía una mayor eficiencia de la Dian. El año pasado, esta entidad logró recaudar por esta vía $9,5 billones, incluyendo los $1,5 billones de normalización. Para 2019, de acuerdo con el recaudo esperado, se sumarían $3,3 billones adicionales y los años siguientes se añadirían $5 billones y $6,6 billones. Sin embargo, los cálculos de Anif señalan que en este sentido se podrían aportar cerca de $4,5 billones, menos de la cuarta parte de lo que algunos candidatos han planteado.

Pero también, como advierte Julián Arévalo, decano del Externado, alcanzar eficiencias en la Dian implica atacar intereses políticos muy poderosos, con fuertes vínculos con actores ilegales, mafias que se lucran del narcotráfico, el contrabando y el lavado de activos, así como de todo tipo de actividades ilegales que vinculan la delincuenia local con fenómenos criminales transnacionales.

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El segundo escenario es una agresiva reducción en el gasto. Sin embargo, su margen de maniobra es muy limitado. Colombia pasó de un gasto total del gobierno central como porcentaje del PIB de 8,4% en 1985 a 19,2% en 2015, y la flexibilidad presupuestal es apenas del 14,5% del total del gasto, según cálculos de la Universidad Externado. Para el exministro Guillermo Perry, si el recorte es la única salida para enfrentar los problemas de ajuste, exigiría prácticamente llevar la inversión a cero durante varios años. El presupuesto para la vigencia de 2019 será la prueba de fuego desde la perspectiva fiscal y del plan económico del futuro presidente.

El otro frente de atención es la regla fiscal. De acuerdo con ella, este año el Gobierno debe reducir el déficit a 3,1% del PIB, mientras que el próximo debe recortarlo 2,2% del PIB, lo cual es casi un punto del PIB. Para 2020 la meta es de 1,6% del PIB y para los dos últimos años del nuevo gobierno el ajuste llevará el déficit a 1,3% del PIB en 2021 y a 1% del PIB en 2022. Eso significa que en la primera mitad de la nueva administración el ajuste deberá ser (vía mayores ingresos y/o menores gastos) por un monto total estructural de 2,1% del PIB. Eso es lo que, en pesos de 2017, vale más de $18 billones anuales.

La dificultad de cumplir esas metas podría sugerir la alternativa de relajar la regla fiscal. Sin embargo, esta sería una opción peligrosa, pues las calificadoras estarán atentas a cualquier movimiento en ese sentido y con 25% de los TES en manos de extranjeros no convendría arriesgar su confianza en la política fiscal.

En estas condiciones, el margen de maniobra que va a tener la próxima administración será muy limitado. Por tal motivo es necesario que los candidatos que propongan recortes de impuestos planteen de una manera creíble cómo van a reemplazarlos o cuáles gastos van a recortar. La delicada situación fiscal amerita una gran cordura en las propuestas, para que las promesas firmadas sobre piedra no sean en el corto plazo un instrumento electorero y el país no caiga luego en otra desilusión.

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EDICIÓN 539

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