| 3/21/2003 12:00:00 AM

Para dónde vamos, Presidente

Los múltiples incidentes entre funcionarios del gobierno que hemos presenciado los colombianos en días recientes han restado relevancia al referendo y han distraído a la opinión pública respecto a las gravísimas consecuencias que un eventual fracaso del mismo tendría para Colombia. El referendo se le vendió al país como una solución definitiva a los problemas políticos y económicos. No obstante, la prontitud y eficacia con que se mueve la oposición, mientras el gobierno espera el fallo de la Corte Constitucional, está llevando a que el referendo pierda fuerza.

Si el referendo fracasa, el problema es económico antes que político. Mientras los cambios políticos que se requieren podrían hacerse con una reforma política, que incluso ya se está trabajando en el Congreso, lo económico necesitaría una nueva reforma constitucional. Esto significa que quedaría de nuevo en el limbo. Fue precisamente debido a la imposibilidad de hacer los cambios que se requieren para ajustar las finanzas del Estado por medio de la ley que el legislador optó por colgárselos al referendo.

La necesidad de estos ajustes se conoce desde hace más de ocho años, y por no haberlos hecho Colombia no solo perdió la calificación grado de inversión, sino que hoy está dos escalones por debajo.

Por esta razón, con ingenuidad u optimismo, cuando en diciembre pasado se aprobaron las reformas tributaria, laboral y pensional, todos quedamos tranquilos, incluidos no solo los observadores colombianos sino también banqueros de Wall Street, calificadoras de riesgo y entidades multilaterales. El planteamiento era que los ajustes que quedaron faltando en la ley vendrían posteriormente con el referendo. Ahora, de nuevo, se prenden las alarmas, pues frente a la posibilidad de que el referendo falle el panorama para la economía vuelve a cerrarse y no hay claridad sobre cuáles serían las alternativas.

Según los estimativos de la Dirección General de Presupuesto, la aprobación de los artículos que se relacionan con los temas económicos del referendo (los numerales 8, 9, 10 y 14) le ahorraría al fisco 0,7% y 1,27% del PIB en el 2003 y 2004, respectivamente, mientras que a partir de 2005 el ahorro sería cercano a un punto del PIB por año.

Perder un ahorro de 1% del PIB en promedio al año no es un evento despreciable, en un país que está a punto de ahogarse en su deuda pública y no encuentra cómo resolver sus necesidades crecientes en materia de seguridad.

Pero más allá de los números inmediatos, es fundamental que los colombianos entendamos la importancia de corregir de una vez por todas los desequilibrios que traemos desde hace varios años. Es la única forma de crecer en el futuro. Quienes argumentan que el referendo no es la vía para lograrlo tienen el deber de mostrar cuál es, entonces. Después de casi una década de debates, el Congreso está lejos de demostrar que por ahí es el camino.

El problema económico de Colombia requiere el concurso de todos para solucionarlo. No hay espacio para distracciones inútiles por cuenta de los roces entre funcionarios del gobierno y mucho menos para la politiquería. Es ahora o nunca.

EDICIÓN 547

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