| 9/5/2003 12:00:00 AM

No al 4º del Referendo

Si la 4ª pregunta del Referendo llegase a ser aprobada en la votación del próximo 25 de octubre, las decisiones del gasto de inversión nacional y territorial, así como el control de todos los gastos e ingresos públicos, quedarían en manos del Congreso, las Asambleas y los cuerpos colegiados. El Ejecutivo en todas sus instancias y el resto de los colombianos quedarían sin voz ni voto en estas decisiones.

En su versión original, esta pregunta buscaba la participación de la comunidad en las decisiones de gasto. Así lo indicaba el preámbulo que la acompañaba. Sin embargo, en su paso por la Corte Constitucional, esta parte quedó eliminada, con lo cual, en la práctica, transfiere el control del presupuesto de la Nación del Ejecutivo al Congreso. En palabras del alcalde Mockus, es como si todo el presupuesto se hubiera convertido en auxilios parlamentarios.

Dos argumentos podrían esgrimirse en contra de esta posición. El primero sería que, una vez aprobado el artículo, este será reglamentado en la Ley Orgánica de Presupuesto. El segundo, que la comunidad participará por medio de asambleas públicas consultivas.

En cuanto al primer argumento, habría que preguntarse qué tanta disposición podría tener un Congreso para imponerse controles mediante la reglamentación, cuando por mandato del pueblo habría recibido el control del presupuesto. En cuanto al segundo tema, dado que la Corte eliminó del preámbulo, la participación de la comunidad (que era el objetivo original de la propuesta), las asambleas públicas consultivas que menciona el 4º punto terminarían siendo un saludo a la bandera.

Dentro de este episodio resulta paradójico que el gobierno, en su explicación de la 4ª pregunta, diga que se busca que nuestros gobernantes nos pregunten en qué queremos que se inviertan los recursos públicos y que, luego de consultarnos, velen por que esa voluntad se cumpla. Ese, sencillamente, no es el caso. Por el contrario, pasaríamos del control total por parte del Ejecutivo al control total por parte del Congreso, Asambleas y Concejos, sin que cuente la opinión de la comunidad.

Desde la perspectiva fiscal, las consecuencias podrían ser nefastas. En primer lugar, el control de los ingresos y gastos por parte del Congreso podría generar una demanda ilimitada de recursos para ejecutar gasto. Incluso podría llevar a la expedición de nuevas reformas tributarias por parte del Congreso para obtener más recursos.

En segundo lugar, se dificultaría el control político al Ejecutivo. Si este no puede decidir sobre la inversión ni el gasto, ¿cómo, entonces, podría alguien pedirle cuentas?

Pero lo más grave de esta pregunta es que va en contravía del espíritu de los puntos 8º y 14º del Referendo, mediante los cuales se busca reducir el gasto para ajustar las finanzas públicas. El ajuste es la justificación de haber incluido estos dos puntos y, para muchos, la justificación del propio Referendo, pues por años el gobierno ha intentado hacer el ajuste por medio del Congreso y no ha podido.

El 25 de octubre hay que salir a votar por el Referendo, pero hay que votar en contra del 4º punto.

EDICIÓN 560

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