| 11/22/2018 12:01:00 AM

Las lecciones del caso Odebrecht

Este escándalo debe servir para que el país ajuste en general su estrategia para superar el atraso vial.

Hace apenas tres meses, Odebrecht anunció una demanda internacional contra el Estado colombiano por un supuesto caso de expropiación en el proyecto de Ruta del Sol 2.

Este sorpresivo anuncio, que causó indignación, se dio justo cuando avanzaban las investigaciones de la Fiscalía, de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y del Tribunal de Arbitramento. Sin embargo, nuevos hechos –casi que impensables– volvieron a darle protagonismo al proyecto, en cuya concesión, además de Odebrecht –con más de 60%– participan Corficolombiana y Episol –del Grupo Aval–, con 33%, y los Solarte, con 5%.

Jorge Enrique Pizano, quien fue su controller –una especie de supervisor que revisaba las operaciones de la concesión–, falleció por un infarto y su hijo murió unos días después por envenenamiento con cianuro.

En una entrevista que entregó a Noticias Uno en agosto pasado, pero que solo sería pública si fallecía o salía del país como testigo protegido, Pizano demostró que el hoy fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, fue informado en 2015 y sabía de las irregularidades en algunos de los contratos que no tenían soportes y desviaron recursos de la concesión. Además, Martínez aseguró, según las grabaciones de conversaciones que tuvo con Pizano, que informaría a Luis Carlos Sarmiento Angulo, cabeza del Grupo Aval.

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También para 2015, año de las grabaciones a Martínez, el concesionario decidió entablar una demanda contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por unos sobrecostos, conflicto que derivó en un tribunal de arbitramento por más de $750.000 millones.

La discusión ha generado un fuerte debate jurídico por los impedimentos y conflictos de interés del Fiscal en este caso y en la petición por parte de la oposición de un fiscal ad hoc y hasta de su renuncia al cargo.

También, la Vicepresidente de la República y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado le solicitaron a la Superintendencia de Sociedades una inhabilidad de 20 años contra Odebrecht y pidieron que no se acepte ningún acuerdo con esa firma.

Sin embargo, toda la maraña alrededor de este megaproyecto deja en evidencia muchas de las malas prácticas que se enquistaron en la contratación pública de obras: demandas por sobrecostos –que aún no se sabe si hacen parte de los contratos sin respaldo que se presentaron en la concesión–; conflictos de interés y hasta la intención misma de conformar carteles para la adjudicación de proyectos, tal como lo aseguró en su momento la SIC en el pliego de cargos que presentó contra Odebrecht, Corficolombiana, Grupo Aval y varias personas naturales, entre otros.

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En su informe, y que pasó casi inadvertido, la SIC encontró que, en el marco del proceso de licitación pública de Ruta de Sol, Episol, Corficolombiana y Odebrecht intentaron celebrar un acuerdo anticompetitivo o conformar un cartel con sus eventuales competidores, entre los que se encontraban Odinsa, Impregilo y OHL, con uno de dos propósitos: crear un “gran proponente” que pudiera determinar las condiciones del Proyecto Ruta del Sol y que, según ellos, no tuviera que competir por precio, o repartirse entre los proponentes los diversos sectores del Proyecto Ruta del Sol para que cada uno de los competidores que se vincularan al cartel empresarial pudiera lograr el resultado en el tramo de la Ruta del Sol (1, 2 o 3) que le correspondiera. La investigación en este caso no avanzó porque el acuerdo no prosperó.

Es fundamental que las investigaciones den prontos resultados y se conozca toda la verdad de las operaciones: hacia dónde se derivaron los recursos, si alimentaron los carruseles de coimas en las adjudicaciones o si, incluso, llegaron a financiar campañas políticas, y quiénes autorizaron y se beneficiaron de esta práctica corrupta. Hay que seguir el rastro del dinero.

También hay que pedir una mayor acción del Estado, con contrademandas e inhabilidades contra Odebrecht y quienes hayan participado en este tipo de prácticas.

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Pero no podemos quedarnos en el corto plazo. Es necesario desarrollar instrumentos de vigilancia y control en las adjudicaciones y construcción de proyectos, en colocar fronteras más visibles y claras en torno a los conflictos de intereses y en garantizar que los hechos que se han dado en Ruta del Sol 2 y otros proyectos no se repitan y así no impacte el desarrollo de un sector que está llamado a aportar con más fuerza al crecimiento de la economía y a darle en el futuro cercano mayor competitividad al país.

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