| 10/12/2004 12:00:00 AM

En el agro, qué estamos defendiendo

¿Cómo puede defenderse un modelo agrícola que mantiene la población rural en niveles de pobreza de 80% y obliga a los colombianos a consumir los productos más caros del mundo?

Las cifras del campo, las mismas que suministra el Ministerio de Agricultura, deben utilizarse para abrir el debate sobre el modelo agrícola vigente en Colombia y que algunos insisten en defender a toda costa, como si fuera posible que la situación de la población rural llegase a ser peor que la actual.

En el campo viven unos 12 millones de personas, el 27% de la población del país, con un nivel de pobreza de 80%, atendidos por servicios de educación y salud precarios y carentes en muchos casos de acceso a las zonas de mayor desarrollo. No obstante, la sola insinuación de un cambio en la estructura agrícola pone en alerta a los defensores del modelo. Su argumento central es que cualquier cambio podría poner en peligro la estabilidad del empleo rural. Y en nombre del empleo rural se sigue protegiendo la agricultura colombiana y se imponen altos precios al consumidor, sin tener en cuenta el impacto que esto tiene sobre la población, entre quienes están, por supuesto, estos 12 millones de habitantes de las zonas rurales, y sin tener tampoco en cuenta el efecto sobre la producción de las señales de precios equivocadas.

Entre los cambios posibles para el agro colombiano están los que se desprenden de la negociación del TLC con Estados Unidos. En este tema están puestas las antenas. No en vano en este sector se encuentran las mayores resistencias en la negociación.

A pesar de la defensa a ultranza que se hace del empleo rural, cuando se miran las cifras resulta que no necesariamente los cultivos más protegidos (los de mayor extensión) generan el mayor número de empleos. Todo lo contrario. La evidencia muestra, además, que la calidad del empleo rural deja mucho qué desear.

De los productos que están sobre la mesa en la negociación del TLC, los más intensivos en mano de obra son la caña panelera, el tabaco y las flores. El primero es un producto muy localizado, del cual derivan su sustento 350.000 personas. Por su parte, el tabaco es también un producto localizado con un gran potencial exportador, que emplea 19.795 personas en un área de 13.261 hectáreas. Por último están las flores, que emplean 92.471 personas en un área cultivada de 6.016 hectáreas. En contraste, los menos intensivos en mano de obra son el arroz, la palma africana y la soya, que están entre los productos que gozan de mayor protección.

De otra parte, las cifras de empleo rural que registra el DANE revelan su baja calidad. En el campo hay 8,9 millones de personas en edad de trabajar, pero solo 4,6 millones tienen empleo, en tanto que 438.000 están buscando puesto y 3,9 millones están inactivos. Es decir, no hacen nada. De los 4,6 millones que están trabajando, hay 1,6 millones (el 35%) de subempleados.

En el tema de las señales equivocadas de precios, los ejemplos de la palma africana y el algodón permiten apreciar claramente el impacto sobre la producción de estas distorsiones, que terminan afectando la competitividad de toda la cadena productiva. En la palma se ha definido como estímulo un precio al productor que incluye un margen sobre el precio internacional, que debe ser pagado por la industria nacional al comprar esta materia prima. Esto lleva a que se establezcan cultivos de palma que no serían viables bajo condiciones de mercado y, además, a que el precio del aceite en Colombia sea mucho más alto que en los países vecinos, lo cual explica el auge del contrabando de este producto.

En el algodón hay una situación similar. El precio de sustentación que se fijó, llevó a una sobreoferta en el mercado nacional. Los industriales colombianos de la cadena textil se ven obligados a comprar este algodón excedente, que no necesitan, a cambio de que los dejen importar el que utilizan en la fabricación de sus telas. Esto va en contra de cualquier racionalidad, sobre todo cuando se quiere que estas empresas sean competitivas en un mercado abierto.

Si la política agrícola no beneficia a los trabajadores del campo ni a la industria ni a la competitividad, entonces, ¿a quién?

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