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| 10/7/2019 7:00:00 AM

Los pliegos tipo: ¿contratación a la medida?

Montar una instancia con políticos para definir el desarrollo de los proyectos no solo genera suspicacias para las adjudicaciones. También ineficiencias en la contratación. Editorial.

El país tiene en la corrupción una de sus enfermedades más dolorosas. Se estima que cuesta $50 billones por año, según la Contraloría. Eso impide que los recursos públicos fluyan para desarrollar las regiones o para ofrecer una mayor cobertura y calidad en servicios como la salud y educación. O, incluso, para tener una justicia más pronta y eficiente.

Esos dineros que quedan en manos de los inescrupulosos deberían servir para desarrollar infraestructura, hacer más competitivo el campo, garantizar los recursos para cuidar a los niños y los ancianos y consolidar nuevas apuestas productivas. Pero parece una quijotada buscar caminos que permitan enfrentar a los corruptos o, al menos, hacerles más difíciles sus maniobras con la contratación pública.

Con entusiasmo, más de 10 millones de personas votaron la consulta anticorrupción y recibieron positivamente iniciativas como la Ley 1882 de 2018, que buscaba instaurar los pliegos tipo en la contratación de obras de infraestructura. La norma tenía un objetivo claro: estandarizar procesos de selección para evitar, en especial en las alcaldías y gobernaciones, los ‘pliegos sastre’, que hacían exigencias específicas a la medida de ciertos proponentes previamente escogidos a dedo.

Estos pliegos tipo han logrado aumentar el número de proponentes y que los contratos no queden en un reducido y repetido número de ellos. De un único oferente en 85% de las licitaciones en el ámbito territorial, el país pasó a una gran pluralidad de propuestas en 81% de los casos.

El Gobierno le quiso dar a esa ley un mayor espectro y ampliarla a otros sectores diferentes a la infraestructura, como la educación o la salud. Sin embargo, como dice el adagio: “el diablo está en los detalles”.

En el proceso de reformar la norma, en la última semana de septiembre saltó un mico con cara de orangután: algunos congresistas incluyeron, en el trabajo de crear los pliegos tipo, una “mesa técnica” en la que la entidad Colombia Compra Eficiente estaría acompañada, paradójicamente, por senadores y representantes a la Cámara, así como por delegados de las federaciones nacionales de Municipios y Departamentos, entes que en su momento se opusieron al trámite de la Ley 1882.

El mensaje de politizar la ley no cayó bien. En efecto, montar una instancia con políticos para definir los proyectos no solo genera suspicacias para las adjudicaciones. También produce ineficiencias en los procesos de contratación, cuando el país requiere transparencia, agilidad y competitividad.

Tras el escándalo generado por el mico, los mismos congresistas que le dieron vida cambiaron la estructura de la “mesa técnica”. Ahora Colombia Compra Eficiente diseñará los pliegos con el acompañamiento de una comisión integrada por la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la oficina de transparencia del gobierno nacional. Ese esquema busca garantizar que los políticos y sus intereses no tengan voz ni voto a la hora de diseñar las licitaciones.

Sin embargo, ese comité corregido tampoco genera ventajas competitivas y hace los procesos más lentos y complejos, cuando hay entidades como los ministerios que pueden dar línea, con la guía de algunos organismos de control.

Además, valdría la pena ensayar con un solo sector para luego replicarlo en otros. En obras públicas todavía hay pendientes pliegos tipo en materias de interventorías, consultorías o diseños. Sacar adelante un solo proceso de pliego tipo tomó un año; hacerlo para muchos requerirá no solo voluntad política sino también una institucionalidad fortalecida.

Efectivamente quitaron a los políticos y colgaron la iniciativa que en principio no sonaba bien. Pero hay que seguir con los ojos abiertos ante la creatividad legislativa y blindar estas iniciativas que buscan ponerle coto a los corruptos. Además, el Gobierno y el Congreso deben impulsar de nuevo la ley anticorrupción. Estos temas sensibles influirán en el futuro del país. No hay que ceder en esta lucha.

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