| 4/12/2018 12:01:00 AM

Con la paz no se juega

Es necesario que las expectativas de la población que está haciendo ese tránsito de la pobreza hacia la prosperidad y que por años estuvo aislada por el conflicto se puedan cumplir. Con esto no se puede jugar.

Los hallazgos de la Fiscalía en torno al manejo de los dineros para la implementación de los acuerdos de paz pusieron al país en alerta no solo sobre casos de corrupción que podrían rondar tras esos multimillonarios recursos, sino también por las dificultades para lograr en forma adecuada la consolidación de la paz.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, se encontró una red de intermediarios que participaron en la adjudicación de proyectos a determinados contratistas y empresarios “a cambio de beneficios económicos indebidos”.

En una carta al presidente Santos, el fiscal Néstor Humberto Martínez señaló que las averiguaciones realizadas revelan “la existencia de procesos de direccionamiento de contratos, así como un alto grado de opacidad en los procesos de selección relacionados con estos proyectos de inversión”.

Días antes de este anuncio, los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia –países que han apoyado financieramente el posconflicto– le manifestaron al Gobierno su preocupación por la lenta ejecución de proyectos y por la transparencia en el uso de los recursos. Además, querían conocer sobre el manejo de unos US$200 millones que son gestionados a través del Fondo Colombia Sostenible (FCS).

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Las investigaciones avanzan. Se ha mencionado que el manejo de los recursos para la consolidación de la paz tendría fortines políticos y que los intermediarios pedían hasta 20% para direccionar proyectos productivos.

La situación derivó en el retiro de Gloria Ospina del cargo como directora del Fondo Colombia en Paz –anunciado por el vicepresidente Óscar Naranjo–, debido a una inconformidad que manifestó el presidente Santos frente a la no disposición del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, que debía estar operando en enero pasado, y por la ausencia de auditorías sobre la ejecución de los recursos para la paz.

Más allá de convertirse en la obra de gobierno de la actual administración, la paz no es algo a lo que se haya llegado gracias a la firma de un documento en el Teatro Colón. Los retos para su implementación son gigantescos y costosos. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para consolidar los acuerdos se requieren inversiones que superan los $100 billones en los próximos 15 años. También se necesitan ‘victorias tempranas’ en el desarrollo de proyectos en las regiones que se han denominado Zomac (zonas más afectadas por el conflicto armado). Solo por esa vía se logra el objetivo de que la presencia del Estado sea mucho más rápida y expedita en esas regiones, que no deben ser nunca más territorios de nadie.

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Iniciativas como las de obras por impuestos o las deducciones tributarias para que las empresas se ubiquen en esos territorios son instrumentos adecuados, cuya asignación debe quedar fuera de toda duda para blindarlos.

Tal vez lo más importante tiene que ver con un esfuerzo que se ha hecho en gran parte del país y que ahora debe enfocarse en esas regiones.

Hace unos días fueron publicados por parte del Gobierno los resultados de reducción de la pobreza. Colombia, en general, ha realizado una tarea interesante en los últimos años. En pobreza monetaria el país tenía en 2010 una tasa de 37,2% y en la última medición, correspondiente a 2017, cayó a 26,9%. La pobreza extrema pasó de 12,3% a 7,4% en el mismo periodo. Y la multidimensional (que se mide no solo en función del ingreso sino también del acceso a educación, salud y empleo, entre otros factores) que en 2010 era 30,4%, cerró el año pasado en 17%.

En este frente, aunque los avances son significativos, el trabajo que hace falta es gigantesco, pues todavía en el país hay más de 8 millones de personas afectadas por el flagelo de la pobreza. Y gran parte de ellas está en las zonas más olvidadas del país y donde el conflicto ha sido protagonista por años: Chocó, Cauca, Magdalena, Córdoba, Nariño, Huila, Caquetá y Tolima, entre otros departamentos, están por encima del promedio nacional.

Precisamente por todo esto es una tarea prioritaria blindar no solo los recursos del posconflicto sino la inversión social y de desarrollo en el país para que se puedan consolidar los avances en la reducción de la pobreza que se han logrado en los últimos años. Esto también es clave para consolidar las bases de una estructura social y productiva más sólida. Es necesario que las expectativas de la población que está haciendo ese tránsito de la pobreza hacia la prosperidad y que por años estuvo aislada por el conflicto se puedan cumplir. Con esto no se puede jugar.

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