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| 3/5/2020 6:01:00 AM

Arranca la discusión de la reforma pensional

El mensaje más importante de la discusión es que hay que sacar adelante una reforma sostenible fiscalmente, muy distante del populismo legislativo y enmarcada en criterios técnicos.

Llegó la hora. En marzo, el Congreso inicia esta legislatura y, sin duda, los ojos están puestos en la reforma pensional o, como la ha bautizado el Gobierno, de protección a la vejez.

Esta discusión pasa por dos hechos fundamentales: uno, cómo ampliar la cobertura de los adultos mayores en Colombia que no alcanzaron recursos para una pensión, o que simplemente nunca cotizaron. Son cerca de 4 millones. Hoy el programa Colombia Mayor, atiende apenas 1,4 millones de ellos con $80.000 mensuales. Pero otros, 3,1 millones, no reciben subsidio ni ayuda. El Gobierno busca duplicar la cobertura de esta población vulnerable y que el subsidio equivalga a la línea de pobreza, cerca de $250.000 mensuales. Además, en esta tarea de la cobertura, el Gobierno pretende impulsar más los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), un mecanismo de ahorro individual para quienes ganan menos de un salario mínimo. Al llegar al retiro, los afiliados pueden utilizar estos recursos más un subsidio de 20% sobre el monto ahorrado que otorga el Estado para obtener un ingreso vitalicio. El Gobierno analiza que los subsidios sean más altos ante un mayor esfuerzo de ahorro.

El otro hecho estructural es cómo hacer más eficiente, en los pensionados del régimen de prima media que maneja Colpensiones, el uso de los subsidios para que hoy produce inequidades. Es decir, redistribuir mejor los billonarios subsidios que entrega el régimen público de pensiones. Las pensiones son hoy uno de los mayores gastos que hace el Estado –este año destinará $43,3 billones– pero los recursos van a no más de 2,3 millones de personas. De estos, 1,4 millones son pensionados por vejez y los demás por regímenes especiales.

La cobertura se podría financiar si se elimina la inequidad en los subsidios estatales. Sin embargo, esta decisión no producirá resultados inmediatos ni en el corto plazo. Si el Gobierno quiere alcanzar esas metas en su mandato tendrá que hacer un esfuerzo fiscal, que hoy no es claro de dónde saldrá.

La reforma tiene varios inamovibles: quienes ya se pensionaron mantienen sus beneficios, pues son derechos adquiridos; no habrá cambios en la edad ni en los montos de cotización; y tampoco se tocará Colpensiones. Sin embargo, eso no significa que no existan otros parámetros que se puedan estudiar.

Se podría modificar la tasa de reemplazo –el porcentaje del salario con que se pensionan en este régimen, que está alrededor de 65%– o el salario para que no sea un promedio de los últimos 10 años sino de más años o toda la vida laboral.

Sin duda, una de las discusiones más álgidas será el régimen de transición. La última gran reforma al sistema pensional se hizo en 1993, con la Ley 100. Pero la transición duró 20 años. Acá será necesario ajustar los tiempos y que no resulte una reforma inocua en el mediano plazo.

Es inviable seguir con un sistema que no pensiona, expulsa a la población más vulnerable y entrega subsidios a quienes menos lo necesitan. Será una reforma impopular, en medio de un ambiente social tenso. Pero hay que reconocer el valor del Gobierno al abrir este debate. La administración Duque al parecer llega con un poco más de margen de maniobra, dada la representatividad de partidos como Cambio Radical y La U en el gabinete. Habrá que ver qué tan comprometidos están en sacar adelante esta reforma.

Pero, como advierte Fedesarrollo, la reforma pensional es necesaria pero no suficiente. Se requiere una reforma laboral porque, como señala Luis Fernando Mejía, director de este centro de estudios, el país puede tener el mejor sistema pensional, “pero, si no resuelve el problema de la informalidad laboral, no va a solucionar el problema de la cobertura”.

El mensaje más importante de la discusión es que hay que sacar adelante una reforma sostenible fiscalmente, muy distante del populismo legislativo y enmarcada en criterios técnicos. Pero con un reto gigantesco: involucrar en la discusión a los jóvenes, quienes, al final de cuentas, se pensionarán con las decisiones que entregue la reforma.

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