Opinión

  • | 2011/08/03 18:00

    La dimensión desconocida

    La inseguridad jurídica proviene, en mi opinión, de dos fuentes fundamentales: la arquitectura de las instituciones en el país y, la más grave de todas, la interpretación voluntaria de las leyes.

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Colombia atraviesa una crisis de seguridad. Pero esta no tiene que ver con armas, guerrilla, paramilitares, secuestros o hurtos. Esta es mucho más profunda y seria. Esta tiene que ver con la esencia misma de la vida en sociedad, de la Constitución, del contrato social que implica. Me refiero a la inseguridad jurídica.

Todos en algún momento la mencionan, hasta el mismo Presidente. Hace unas semanas, en Santa Marta, Santos manifestó que Colombia, en lo peor que está respecto al resto del mundo, “es en lo que llaman la seguridad jurídica, la resolución de conflictos, la forma en cómo el Estado colombiano, la economía colombiana, le resuelve a algún inversionista sus líos judiciales”. Pero no solamente es a los inversionistas. Es a todos los colombianos, como fue puesto de manifiesto recientemente en la esotérica medida de aseguramiento dictada a Andrés Felipe Arias.

La inseguridad jurídica proviene, en mi opinión, de dos fuentes fundamentales: la arquitectura de las instituciones en el país y, la más grave de todas, la interpretación voluntaria de las leyes.

Me explico. La primera fuente de inseguridad proviene de las múltiples instancias que existen hoy en Colombia y que interpretan y moldean las normas. Desde los conceptos de la Dian hasta las sentencias de la Corte Constitucional, pasando por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, aquí todo el mundo legisla, y a veces con interpretaciones contrarias. Esta labor se ha atomizado de tal suerte que un ciudadano común y corriente –y mucho más un inversionista– no sabe cuándo algo se convierte en cosa juzgada. En este país, parece que nunca.

Este tema deja abiertos conflictos sin resolución por décadas, lo que genera unos costos enormes a la economía y, en aquellos casos en que se trata de la justicia penal, a personas naturales muchas veces inocentes, destrozando no solamente núcleos familiares sino la misma esencia del tejido social colombiano. La otra fuente de inseguridad jurídica es la multiplicidad de interpretaciones que en Colombia a veces se le da a una misma ley. De ahí las sorpresas en fallos difíciles de comprender y entender, que se deben enviar a segundas, terceras y más instancias, de donde pueden salir tantas interpretaciones como instancias se consulten. Solamente esto explica que en Colombia existan asesinos con brazaletes que gozan de detención domiciliaria, y presos en los pabellones de alta seguridad sin antecedentes delictivos; que un puñado de avivatos que crean “comunidades ancestrales” impida el desarrollo económico, la generación de riqueza y de empleo; que un debate sobre políticas públicas termine en los estrados judiciales y en encarcelamientos incomprensibles; que la resolución de conflictos a través de la justicia ordinaria termine sin resultados o, en el mejor de los casos, en un intercambio interminable de tutelas.

Hoy en día, entrar a un juzgado en Colombia es como entrar a la dimensión desconocida. El que entra nunca sabe dónde va a terminar, o cómo va a salir. Si es que tiene la suerte de terminar. O de salir.
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