La demanda de Claro al Estado colombiano

En un escueto comunicado, América Móvil (AMX) informó la notificación al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, sobre su intención de “someter una reclamación a arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia.

El arbitraje versa sobre la pretendida reversión de ciertos activos afectos a la prestación del servicio móvil que opera Comunicación Celular S.A. (“Comcel”), subsidiaria operativa de AMX en Colombia. AMX solicitará al tribunal arbitral que se le compense por las violaciones al TLC México–Colombia y al derecho internacional”.

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Este conflicto viene desde 2012, cuando la Corte Constitucional ordenó a Claro –antes Comcel– y Telefónica –hoy Movistar– la reversión de los activos de acuerdo con el contrato de concesión de 1994. Para las empresas, el proceso de reversión perdió vigencia con dos leyes posteriores.

La discusión se plantea en varios sentidos: a qué activos hace referencia el fallo de la Corte, de qué periodo se trata: ¿hasta 1998, 2004 o 2014? La Corte permitió valorar los activos, ¿qué valor tienen? Aunque las partes –MinTIC y las empresas– buscaban un acuerdo, la Procuraduría recomendó al MinTIC convocar un tribunal de arbitramento en Colombia.

Si bien el eventual pleito internacional podría no darse si hay un acuerdo en el tribunal local, ¿qué pasa si los procesos avanzan y fallan en sentidos contrarios? ¿Hay alguna prevalencia? También la duda es sobre la estrategia de defensa del Gobierno, pues tiene 30% de Telefónica en Colombia.