| 8/17/2017 12:00:00 AM

La cartelización de empresas marcó un hito en la historia del derecho colombiano

Casos como los carteles de precios les recuerdan a las empresas que deben reinventarse de manera legal para subsistir, especialmente en momentos de desaceleración económica.

La cartelización de los pañales, el papel higiénico y los cuadernos, que escandalizó a Colombia hace unos años, marcó un hito en la historia del derecho a la libre competencia. Las razones son claras: activó la figura de la delación y se dio un primer paso hacia la creación de una cultura de competencia en el país.

“La delación es el principal activo que tiene una agencia de competencia para combatir los carteles y a partir de estos casos, que fueron tan sonados, se empezó a utilizar con mayor frecuencia”, afirma Felipe Serrano Pinilla, experto en derecho de la competencia, litigios y derecho comercial y socio de Serrano Martínez, la firma de abogados que abrió recientemente.

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) fueron los encargados de la defensa de Drypers Andina, la subsidiaria de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (Cmpc), en el caso de la cartelización de papeles y pañales, del cual salió exonerado al demostrar que no había participando en las conductas investigadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Diego Cardona, socio de la firma PPU, señala que los carteles de precios son icónicos en el derecho de la competencia, porque llegaron a investigarse y sancionarse con base en los programas de delación que establece la ley colombiana.

“Serán los más relevantes, porque fueron los primeros. Se planteó una experiencia nueva con retos para el derecho desde el punto de vista probatorio, legal y de estrategia, ya que implicaron que algunos de los agentes del mercado que estaban investigados se aproximaran a la autoridad para reconocer su participación en prácticas restrictivas de la competencia y aportar evidencia de ello, con el propósito de obtener beneficios por esa colaboración”, explica Cardona.

Así mismo, expone que la cartelización ayudó a crear una cultura de competencia: entender las normas de derecho a la competencia y que hay conductas que no se pueden realizar.

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El cartel del papel higiénico actuó durante más de una década (2000-2013). Como resultado de las investigaciones, se sancionaron 21 altos directivos de las cuatro fabricantes implicadas: Colombiana Kimberly Colpapel, Productos Familia, Papeles Nacionales, Cartones y Papeles del Risaralda, los cuales recibieron multas que ascienden a una suma de más de $185.000 millones, que no superan 15% de sus ingresos operacionales anuales.

En el caso de la cartelización empresarial para fijar artificialmente el precio de los pañales desechables, la SIC multó a Tecnoquímicas, Familia y Kimberly y a 16 altos directivos, quienes delinquieron entre los años 2000 y 2012. Las sanciones impuestas llegan a una suma global superior a los $208.000 millones, lo cual no supera 8% de su patrimonio ni el 7% de sus ingresos operacionales anuales.

Para José Miguel De la Calle, socio de Garrigues y exsuperintendente de Industria y Comercio, Colombia cuenta con normas adecuadas y modernas en materia de competencia. “El manejo que se ha dado a estas grandes investigaciones es muy bueno; entre otras razones porque ha servido para darle una utilización profesional a la importante figura de la delación, la cual no había sido efectivamente utilizada en nuestro país”, destaca.

En proceso de consolidación

La cartelización es una de las prácticas anticompetitivas más dañinas para los mercados y tiene un alto impacto en los consumidores. En los últimos años, las violaciones a la libre competencia se han hecho más visibles, puesto que las autoridades tienen bajo la lupa a las empresas y han dado a conocer sus hallazgos. Los avances en investigaciones de carteles han permitido que Colombia sea uno de los países líderes en la región junto con Brasil, México y Chile.

De acuerdo con Serrano –quien era el segundo al mando de la SIC, entidad en la que dirigió las decisiones sobre investigaciones en materia de competencia, incluyendo los carteles empresariales–, “hemos tenido un papel protagónico y la SIC ha hecho un esfuerzo para que la gente conozca el régimen de libre competencia y sepa lo que es ilegal”.

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Sin embargo, hay un tema en el que Colombia está rezagada y es en el valor de las sanciones. “En México y Brasil la sanción es un porcentaje del nivel de ventas. Acá, por ley, tenemos un monto fijo de hasta 100 mil salarios mínimos, lo que es mucho para unos o muy poco para otros. Por eso, el país va a tener que migrar al sistema que recomienden las redes internacionales de competencia”.

Para De la Calle hay otro asunto importante que debe atenderse y es fortalecer las acciones privadas de reparación individual o colectiva. “Estas permitirían que la compensación de los consumidores víctimas de carteles se hiciera directamente a ellos por decisión judicial. Esta herramienta es la mejor manera de proteger los mercados”, propone.

Sube la presión

En momentos de desaceleración económica hay mucha presión para las compañías, que se ven retadas a disminuir costos y mantener su presencia en un mercado que se torna agresivo. Según Serrano, una mayor competencia genera la necesidad de mejores estrategias y eso implica que las empresas acudan a asesorías legales para analizar si cumplen con las normas de competencia, de consumidor, de propiedad industrial y que se avale legalmente cada acción de la firma.

“En una desaceleración solo los más eficientes se mantienen en el mercado. Eso puede generar lo que se llama internacionalmente carteles de crisis, que son acuerdos entre competidores en los cuales se busca parar una guerra de precios provocada por la desaceleración. Las firmas en Colombia son conscientes de que eso está prohibido y de que la única alternativa son estrategias unilaterales a través de las cuales les entreguen mejores ofertas al consumidor y disminuyan costos internos. La desaceleración obliga a las empresas a reinventarse con un sello legal”, concluye.

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