| 8/17/2017 12:00:00 AM

Indemnizaciones por demandas, la vena abierta del Estado

Para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el número de litigios contra la Nación sigue creciendo porque hay incentivos para demandar. Uno de ellos es que los pagos por indemnizaciones no tienen límites.

Desde hace muchos años demandar al Estado se volvió un gran negocio. Para darse una idea de sus dimensiones, las cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) señalan que al 30 de junio de 2017 sumaban 480.893 demandas por un valor de $332,7 billones.

Luis Guillermo Vélez asumió el cargo de director de la Agencia a finales de marzo de este año y una de sus mayores preocupaciones es ponerles tatequieto a las astronómicas cifras que tiene que pagar el Estado por indemnizaciones, ya que no existen límites a estos montos y, según él, detrás de esta situación hay una “industria sofisticada” que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país.

Al final de cuentas, la gestión de la entidad protege los recursos públicos y evita que se desangren las finanzas de la Nación. La Andje es la oficina de abogados más grande del país por número de procesos, montos de las pretensiones y número de litigantes (100).

Recomendado: El Estado no asumirá las pérdidas de víctimas de captadoras ilegales

¿Cómo se defiende al Estado colombiano?

Antes había problemas de coordinación, de formación de los defensores y también de seguimiento de los procesos. Con la creación de la Andje se han generado líneas de defensa jurídica para que estas sean consistentes y de alta calidad. Cuando hay varias entidades demandadas por lo mismo, se coordina una defensa transversal. Además, se están capacitando los defensores y se está haciendo un seguimiento a los litigios para que independientemente de quien esté, se sepa cómo van los procesos. Estos cambios han hecho que la tasa de éxito procesal; es decir, los fallos ganados, aumente. En 2016 se ubicó en 55%, nueve puntos porcentuales por encima del 46% que se registró en 2013, un año después de abrirse la entidad. En la actualidad, el Estado gana más pleitos de los que pierde. Y en los que pierde, lo hace por un monto menor. Los pagos evitados pasaron de 67% en 2013 a 80% en 2017.

¿Cuál es el impacto fiscal de la Agencia para el país?

El presupuesto de la Andje no supera los $40.000 millones anuales y, aun así, genera un impacto fiscal de billones de pesos. Los ahorros por intervención o acompañamiento de la Agencia se estiman en $65,26 billones desde su creación hasta la fecha, de los cuales se destacan los ahorros por la intervención en el proceso de captación ilegal de dinero, la venta de Isagén, desplazamiento forzado en Sucre y los casos tramitados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.   

En este momento hay casi medio millón de procesos contra el Estado con pretensiones que superan los $330 billones. Si a estas pretensiones se les aplica la tasa de éxito de 55% y la tasa de éxito en el menor pago de pretensiones de 80%, se encuentra que el pasivo contingente; es decir, lo que probablemente hay que pagar, se reduce de los $330 billones a cerca de $60 billones. Entonces la inversión que hacen los colombianos en la Agencia es la más rentable que se puede hacer, pues el retorno por cada peso que se invierte es de 40 veces lo invertido.

¿La firma de la paz ha subido o bajado en alguna medida las demandas contra el Estado?

No. Lo que hemos visto es que desde hace cinco años se viene presentando un fenómeno de mayor litigiosidad en contra del Estado, debido a decisiones jurisprudenciales que generan incentivos para que se demande, como los fallos que permiten que las víctimas del conflicto sean reparadas dos veces. Eso es incomprensible realmente y exagerado, porque Colombia tiene una de las políticas de reparación más generosas que existen por la vía administrativa en el mundo, pero las Cortes, en particular la Corte Constitucional, consideró que eso no era suficiente y que, además, se debería reparar sobre la vía judicial. A esto se suma que hay unas muy lamentables decisiones recientes, donde no se genera ningún tipo de parámetro y de límite a la indemnización de perjuicios y eso lo que hace realmente es que estemos ante una situación de demandas con cifras astronómicas para el Estado.

Puede interesarle: Pelea de Fiducoldex y Fontur llega ante tribunales internacionales

¿Por ejemplo?

Acabamos de ganar una muy sonada en la que se iba a condenar a la Nación por $2,1 billones para indemnizar por desplazamiento forzado en Sincelejo. Esta sentencia muestra lo irracional del sistema, pues le entregó al abogado demandante honorarios por $210.000 millones en primera instancia. Eso es absurdo. Afortunadamente, la Agencia denunció disciplinariamente al abogado y a la juez. Esta fue suspendida y el litigante está siendo procesado. En segunda instancia el Tribunal Administrativo de Sucre revocó la sentencia de primera instancia, pues no encontró prueba alguna que llevase a concluir que el Estado había incumplido con su deber constitucional de protección, seguridad y garantía contra hechos generadores de desplazamiento y revocó la sentencia de primera instancia.

¿Quién debe poner esos límites a los pagos de indemnizaciones?

En la mayoría de países del mundo hay parámetros para indemnizar. En Colombia, de manera incomprensible, no hay límites y esto está generando una litigiosidad enorme. Sigue creciendo el número de demandas y el Estado no da esta batalla con igualdad de armas. Aquí las normas están sesgadas a favor de los demandantes, la jurisprudencia ha generado sesgos en contra del Estado. Eso motiva a demandar al Estado y este pierde anualmente billones de pesos por cuenta de eso.

Se deben destinar entre $2,5 billones y $3 billones a pagar sentencias; es decir, 1,5 veces el presupuesto del Ministerio de Agricultura, equivale a todo el presupuesto de la rama judicial y a la mitad del presupuesto del Ministerio de Transporte.

Desde la Agencia ¿qué se está haciendo para tener esos límites?

La Agencia está trabajando de la mano con la Comisión del Gasto para evaluar alternativas. Tenemos preparado un proyecto de normatividad para regular el pago de indemnizaciones y ya hay un borrador que discute la Comisión. Es muy importante que esto se tramite con urgencia porque de lo contrario puede generar una crisis fiscal. Se ha evidenciado que este tema es una enorme fuente de gasto público que había estado, hasta ahora, bastante escondida. Es una vena abierta para todos los colombianos y una transferencia de recursos a una industria de abogados del país que vive de ese tipo de litigios. Y esa vena hay que cauterizarla urgentemente.

Hay toda una industria bastante sofisticada que se ha desarrollado alrededor de este tema. Abogados que llevan miles de pleitos en contra de la Nación que, sumados, dan $60.000 o $40.000 millones-

¿Cómo están manejando las demandas internacionales?

La agencia acaba de crear la dirección de defensa internacional que tiene la responsabilidad de llevar los procesos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también los procesos de arbitramento de inversión como Glencore, Gas Natural en el caso de Electricaribe, Claro y Eco Oro.

Recomendado: La disputa entre dos hermanos mantiene en vilo a Servientrega

¿Cómo van estos procesos?

Esos casos se están tramitando y lo único que puedo decir al respecto es que la defensa de Colombia va a ser muy vehemente y contundente. Hemos contratado a las mejores firmas de abogados del mundo en estos temas para que nos defiendan. Estos son procesos relativamente rápidos, unos más que otros. Para finales de 2018 se espera que haya un laudo sobre el proceso con Glencore.

Cuando todavía no hay una demanda, pero sí una ‘amenaza’ o alerta de demanda ¿también interviene la Agencia?

En esos casos prelitigiosos, es el MinCIT, a través de la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios (Dies), el que tramita el problema. Y en los casos en que se presenta una solicitud de disputa ya entra a ser competencia de la Agencia.

Las peleas del Estado

Foto: Un grupo de víctimas de desplazamiento forzado tienen las pretensiones más altas en su pleito contra la Nación.

En manos de la ANDJE están los litigios de alto calibre. Los procesos más costosos son las acciones grupales. Sector minero-energético predomina en las disputas internacionales.

Desplazamiento forzado a nivel nacional: Un grupo de personas demandó al Estado con pretensiones por $3.334 billones para reparar a 6 millones de víctimas de  desplazamiento a causa del conflicto armado.

Captación ilegal de dinero: En 2009 las víctimas de las llamadas ‘pirámides’ demandaron al Estado por $20 billones. A finales de junio de 2017, un juzgado de Popayán eximió al Gobierno y atribuyó a los ciudadanos la culpabilidad.

Derrame de petróleo en Coveñas: Al Ministerio de Minas y Energía y a Ecopetrol los demandaron unos ciudadanos por los daños que ocasionó el derrame de crudo en el puerto de explotación de petróleo de Coveñas, Sucre, manejado por Ocensa. El valor de la demanda asciende a  $16,8 billones.

Intervención de Salucoop: Tras la orden de la Supersalud de intervenir a la EPS Salucoop en 2011, su expresidente Carlos Gustavo Palacino demandó al Estado en 2012. Pide revocar la intervención de la EPS, restituir a los funcionarios revocados y una indemnización por $1,6 billones.

Madres comunitarias del ICBF: La Corte Constitucional falló a favor de 106 mujeres que reclamaban por sus salarios, prestaciones sociales y pensión de manera retroactiva. Sin embargo, el Gobierno pidió nulidad de la sentencia al considerar que podía quebrar al ICBF. La Sala Plena del tribunal tumbó la decisión inicial. El monto de la solicitud ascendía a los $1,5 billones.

Transporte público contra Transmilenio: La Asociación Nacional de Propietarios de Transporte Público (Apetrans) inició una acción en contra del Ministerio de Transporte por la implementación de Transmilenio. La demanda asciende a los $2 billones.

Lea también: Standard & Poor’s da el primer golpe por fallo contra Claro y Telefónica

Conflictos afuera

Glencore: La demanda se produce por una sanción de la Contraloría contra Prodeco (filial de la firma suiza) por un ajuste en un contrato de concesión que disminuyó los ingresos del Estado por regalías. Según Prodeco, los recursos que se iba a ahorrar era para planes de expansión en el país.

Pretensión: cifra no disponible.

Gas Natural: La dueña de 85% de Electricaribe asegura que la crisis que llevó a la liquidación de esta empresa es responsabilidad del Gobierno, que se incumplió el tratado de inversión firmado con España y no se garantizaron condiciones óptimas para operar.

Pretensión: US$1.000 millones.

Eco Oro: La compañía demandó por la demora del gobierno colombiano en la delimitación del Páramo de Santurbán. Además, la firma canadiense asegura que falta claridad sobre la continuidad de su derecho de exploración y dice que Colombia incumplió los compromisos pactados en el TLC con su país, el cual incluye un capítulo de protección a la inversión.

Pretensión: US$300 millones.

América Móvil: Para esta empresa, la decisión de la Corte Constitucional de revertir los activos de la prestación del servicio de telefonía móvil en el país viola las obligaciones contempladas en el Tratado de Libre Comercio con México y el derecho internacional.

Pretensión: por definir.

Tobie Mining and Energy Inc. y Cosigo Resources: La demanda surge debido a que las empresas no pudieron explotar la concesión de minería de oro en el Vaupés, por la creación del Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis.

Pretensión: US$16.500 millones.

Alsacia: Es la primera demanda de una empresa, con capital colombiano, contra un país. Se trata de los operadores de Transantiago frente al Estado de Chile.

Pretensión: no disponible.

Puede interesarle: Transmilenio pierde pelea judicial con Somos: deberá pagar alrededor de $50.000 millones

EDICIÓN 543

PORTADA

Hidroituango: ¡Cuánto nos va a costar!

Este proyecto no solo puede convertirse en la peor tragedia del país. En materia económica están en riesgo más de los $9 billones invertidos hasta ahora. Estas son las cuentas.

Queremos conocerlo un poco,
cuéntenos acerca de usted:

Maria,

Gracias por registrarse en DINERO Para finalizar el proceso, por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Maria,

su cuenta aun no ha sido activada para poder leer el contenido de la edición impresa. Por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Para verificar su suscripción, por favor ingrese la siguiente información:

O
Ed. 543

¿No tiene suscripción? ¡Adquiérala ya!

Su código de suscripción no se encuentra activo.