| 2/15/2018 12:01:00 AM

El efecto Odebrecht en las 4G: ¿Los cierres están en peligro?

Una diferencia entre el Gobierno y un grupo de bancos por los recursos de la Ruta del Sol II ha encendido las alarmas en el sector de infraestructura. ¿Los cierres financieros están en peligro?

Tradicionalmente pesimista, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sorprendió al anunciar que su pronóstico de crecimiento económico de Colombia para este año será de 3%, cifra superior a la de los cálculos de los analistas y del mismo Gobierno, que lo sitúan apenas por encima de 2,5%, y casi el doble de lo que se creció el año pasado.

El optimismo del FMI se basa en parte en el petróleo, que goza de los mejores precios de los últimos años, y en parte en el desarrollo de la infraestructura y la posibilidad de que nuevos proyectos entren en construcción y empiecen a mover la economía nacional, incluso a pesar del desplome del puente Chirajara en la vía al Llano, cuyas causas se siguen investigando.

Dos cosas habían mejorado el panorama: primero, se estaba decantando el impacto que desde hace un año ha tenido el caso de corrupción de Odebrecht en los proyectos en los que participó, como Ruta del Sol II y Navelena. Segundo, fue aprobada la ley de infraestructura, en la que se incluyó una mayor claridad para casos de nulidad de contratos por líos de corrupción.

Sin embargo, una decisión del Gobierno de diciembre pasado generó una nueva alerta en el sector bancario local, que durante un buen tramo de 2017 estuvo casi congelado en materia de cierres financieros de los proyectos de Cuarta Generación (4G).

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El asunto es que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidió no entregarle a un grupo de bancos prestamistas la totalidad de los $1,4 billones que se encontraban en el fideicomiso de Ruta del Sol II y, en cambio, decidió girarles un poco más de $790.000 millones. La razón es que el Gobierno considera que no puede pagar todo hasta que no se defina la liquidación del contrato y no se aclaren dudas en torno a las contingencias que se pueden materializar.

Para los bancos esta situación generó malestar y desconfianza porque el Gobierno se había comprometido a entregar la totalidad de esos recursos. Ante esta situación y al amparo de la acción popular que el año pasado interpuso la Procuraduría ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y que derivó en unas medidas cautelares para que la obra se mantuviera y se siguiera pagando a los proveedores, Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco Davivienda, Itaú Corpbanca Colombia, Banco de Occidente y Banco AV Villas elevaron ante este tribunal una solicitud para que ordene al Gobierno cumplir la medida.

Según conoció Dinero y confirmaron fuentes del Gobierno, ante esta situación el apetito de algunos bancos de participar en los cierres financieros de proyectos de 4G se redujo. Unos están a la espera de definiciones para volver a retomar su presencia en las estructuraciones, como Davivienda. Otros, como Aval, concentraron los esfuerzos en sus proyectos y unos más estarían reduciendo su exposición al sector de infraestructura, pero en general todos ellos serán mucho más selectivos y analizarán con más detalle caso a caso.

Ruta del Sol II, en cuya concesión participan Odebrecht (con 65%), Corficolombiana (30%) y el conglomerado Solarte (5%) se convirtió en una papa caliente para el Gobierno porque no estaba claro cómo operar para terminar y liquidar el contrato, tras conocerse las denuncias de corrupción en el caso de Odebrecht. Todo ello evidenciaba un nuevo riesgo –el reputacional– cuyo manejo en las estructuraciones no estaba implícito.

Para los bancos es clave contar con estos recursos, pues están atravesando una época en la que las dificultades empresariales (Conalvías, Electricaribe y los sistemas de transporte masivo) golpearon la cartera corporativa. Si a todo ello se le suma la Ruta del Sol II hay cerca de $9 billones enredados. Para el Gobierno es fundamental el apoyo de la banca local en la financiación de proyectos. Pero esta decisión de diciembre podría cambiar el panorama y reducir la participación de los locales y aumentar otras fuentes, como los bancos internacionales, los fondos de deuda, el mercado de valores y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), paradójicamente todo esto ocurre justo cuando se pensaba que los cierres financieros se empezaban a destrabar: entre diciembre y lo que va de este año se han logrado alcanzar tres cierres adicionales y otros avanzan con distintas estrategias de financiación que, para la ANI, se convierten en cierres concretos.

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El programa de 4G está compuesto por 30 proyectos que representan inversiones cercanas a los $65 billones. De ellos, solo unos 12 cuentan con cierres financieros definitivos. El Gobierno adelanta un plan de choque y el reto será dinamizar esas operaciones para que el crecimiento de la economía no se frene.

El caso

Hace un año, cuando estalló el escándalo de corrupción de Odebrecht, el proyecto de Ruta del Sol II tenía un avance de obras superior a 50%. Entonces la ANI, dirigida en ese momento por Luis Andrade, empezó a trabajar en la liquidación anticipada del proyecto. Pero, además, estaba en curso un tribunal de arbitramento entre el concesionario y el Estado en el que las pretensiones de los privados superaban los $700.000 millones.

En febrero de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a la ANI terminar y liquidar el contrato de concesión. La decisión entonces del Gobierno era darle una solución rápida al problema para poderles pagar a los bancos y proveedores y adjudicar lo más pronto posible para continuar con la construcción de la obra.

Pero dos hechos atípicos aparecieron en el proceso. El primero, los árbitros del tribunal de arbitramento renunciaron y fue necesario convocar uno nuevo, que tuvo que empezar casi de cero; y, el segundo, la Procuraduría interpuso una acción popular ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que decretó una medida cautelar para que la concesionaria remitiera a la ANI las cuentas de cobro de sus acreedores, y así esta entidad pública procediera a su revisión y autorizara el pago.

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En su momento hubo preocupación porque muchas de esas cuentas se demoraron en el proceso y no llegaban. La prioridad era atender a los trabajadores y proveedores, para luego pagarles a los bancos el valor que estaba en el fideicomiso, estimado en un poco más de $1,5 billones. Ese fue inicialmente el compromiso del Gobierno.

Una vez superadas las demoras en el envío de la información, para atender los requerimientos de trabajadores y proveedores en principio se destinaron $180.000 millones y los bancos quedaron a la expectativa de recibir $1,4 billones. Pero llegó la discusión para incluir en la Ley de Infraestructura un artículo que diera claridad en torno al proceso de nulidad de un contrato, como sucedió con el caso de corrupción de Odebrecht, y el giro se demoró.

Ese fue el último proyecto, aprobado por el Congreso el año pasado, en medio de tensiones entre los congresistas y los analistas que señalaban que se quería favorecer al sector financiero y de las observaciones de la Contraloría.

Sin embargo, en una reunión del pasado 22 de diciembre, Dimitri Zaninovich, presidente de la ANI, les informó a los bancos que el valor que se les giraría sería de $792.000 millones.

Aunque los bancos no quisieron pronunciarse sobre este hecho, algunas fuentes cercanas a ellos advirtieron que esto generó un sinsabor, un alto nivel de desconfianza y podría tener un efecto en los cierres financieros futuros.

La respuesta jurídica de los bancos no se hizo esperar y hace unas días solicitaron ante el magistrado Luis Manuel Lasso que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca “reitere las medidas cautelares y expida las órdenes necesarias” para que la ANI proceda al pago de las acreencias con las entidades financieras, de acuerdo con lo ordenado por ese despacho con “100% de los recursos que se encuentran en la Patrimonio Autónomo en la Fiduciaria Corficolombiana en la cuenta Inco de la ANI y que establezca un plan de pagos para que el saldo pendiente, luego del giro de los recursos disponibles en la fiducia, se pague con vigencias futuras para este proyecto”.

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Para los bancos, el abono que se dio el 22 de diciembre de 2017 no se ajusta a los parámetros de la orden de la medida cautelar dispuesta por el Tribunal y cuando menos la totalidad de los recursos en el patrimonio autónomo al 22 de diciembre, $1,46 billones, debieron destinarse al pago de las acreencias de la concesionaria.

Según los bancos en su memorial, la ANI incumplió la medida cautelar y este “hecho genera mayores perjuicios, pues da lugar a más costos por concepto de intereses, los que se hubieran podido evitar si la ANI hubiera destinado la totalidad de los recursos disponibles en el patrimonio autónomo relativo a este contrato a abonar dicha obligación”.

La deuda con los bancos para este proyecto va más allá de los $1,4 billones y, según cálculos del Gobierno, podría estar alrededor de los $2,6 billones, excedente que se pagaría con vigencias futuras comprometidas.

Las razones de la ANI

¿Por qué la ANI tomó esa decisión? Como explica un experto financiero, “nadie podía echarle mano a ese patrimonio autónomo si no era por orden de un juez”.

Zaninovich, en entrevista con Dinero, señaló que esta es una deuda del concesionario con los bancos. “No es deuda del Estado ni de la ANI. Este es un contrato que está terminado pero no liquidado y al no estar liquidado todavía hay cierta incertidumbre sobre cifras finales y lo que le puede corresponder a cada uno”.

Foto: Dimitri Zaninovich Presidente de la ANI.

Si bien desde un principio el Gobierno advirtió que no habría problemas para pagar, para el presidente de la ANI eso tenía un supuesto: en libros y en la contabilidad del concesionario siempre se había hablado de que había $6 billones invertidos en el proyecto.

“Como no se ha liquidado – dice Zaninovich– cualquier pago que se haga en ningún escenario puede ser superior a lo que resulte de la liquidación para los bancos. Pero no sabemos cuánto va a ser. Como es un tercero el que va a liquidar, y no sabemos qué le va reconocer y qué no. El pago que hace la ANI debe ser inferior al escenario más ácido de liquidación”.

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La interventoría entregó el escenario “más ácido” de la liquidación y valoró las obras en $4,3 billones. “En ese escenario hay rubros que nos generan dudas y no sabemos cómo pueda interpretarlo el liquidador. No significa que la plata se ha perdido, solo que no podía incluirlo en este pago hasta que no se resuelva”, agrega el funcionario.

Para la ANI hay temas que quedan en discusión en la liquidación. Por ejemplo, los diseños de los 250 kilómetros que están sin construir: ¿se pagan o no se pagan? Como no hubo una obra ni un beneficio para el Estado, el liquidador deberá reconocer si hay beneficios. Otro caso es que el concesionario tiene unos procesos sancionatorios que se están tramitando en la Anla, “entonces tengo que reservar dinero por si esos procesos se materializan”, dice Zaninovich. Y otro más es el tema de la utilidad del constructor, que será sensible porque también corresponde a Odebrecht.

Según la entidad, en ese proceso de liquidación se van a poder debatir todos estos rubros para tener un valor final y acorde a lo que se tiene que hacer con los bancos. “Hay que tener claro que el pago se hizo en el marco de una acción popular pero no es una liquidación”, puntualiza Zaninovich.

En el momento del pago a los bancos, la ANI entregó un informe al Tribunal Administrativo de Cundinamarca donde explicó que esos $1,4 billones eran lo que consideraba adecuado para proteger el interés público. Será el magistrado el que decida en su respuesta a los bancos cuál será el futuro de esa discusión: si acoge la petición de los bancos, respalda la decisión de la ANI o se atiene al proceso de liquidación.

Ahora la pregunta es ante qué instancia se debe liquidar. Algunos consideran que puede ser el tribunal de arbitramento, que no se ha pronunciado en ese sentido y su función inicial es definir la nulidad del contrato. El argumento de quienes piensan que podría terminar liquidándolo es que en las pruebas que han pedido los árbitros han solicitado la valoración de las obras y el contrato, de acuerdo con la nueva Ley de Infraestructura. Sin embargo, algunos abogados han manifestado su preocupación por el papel que podrá jugar Odebrecht en un escenario de liquidación y en la venta de activos, actuando como mayoritario. Este será un proceso que podrá tomar al menos seis meses más.

Pero, además del valor del pago, los bancos quedaron con dudas a propósito de la aprobación en el Congreso de la Ley de Infraestructura. El proyecto en el último debate en el Senado estaba a punto de hundirse y no se podía modificar porque podría caerse por vicios de forma, pues la conciliación ya había avanzado en la Cámara. El Centro Democrático, el Partido Liberal y el Partido Verde pedían unos cambios en la liquidación de las penalidades por deshacer las operaciones financieras, como el leasing. Estas bancadas aprobaron la Ley con el compromiso de que el ministro Germán Cardona presentara un nuevo proyecto en marzo. Eso también generó molestia entre los bancos.

En el memorial, los bancos se quejan y piden al Tribunal ratificar las medidas cautelares.

Plan de choque

El inconformismo de los bancos se podría traducir en un menor apetito de algunos de ellos en participar en los cierres financieros, cuando –paradójicamente– después de un año de estar congelados, los cierres empezaron a reactivarse a finales de 2017, al pasar de 8 a 12 a la fecha, según la ANI.

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Sin embargo, en ellos, el papel de los jugadores internacionales ha venido aumentando, como en el caso de la iniciativa privada Antioquia-Bolívar, donde Goldman Sachs emitió bonos por más de $500.000 millones; o donde poderosos grupos, como Aval, decidieron participar solo en la financiación de sus proyectos, como lo confirmó a Dinero una fuente de ese conglomerado.

De hecho, en el cierre del tercer tramo de la vía Bogotá-Villavicencio participó el Grupo Aval, no hubo otros bancos y el crédito se cerró con recursos del fondo de deuda de Credicorp-Sura y la participación de la FDN. Y en el de Villavicencio-Yopal los recursos fueron aportados por Grupo Aval Limited.

Clemente del Valle, presidente de la FDN, considera que hubo errores en Ruta del Sol II por los bajos estándares con que se negociaron los créditos, que los hizo mucho más vulnerables, cosa que no sucede en 4G porque los estándares subieron. Por ejemplo, no se desembolsa hasta que el ingeniero independiente certifique cómo va la obra.

“A veces a nosotros nos critican y los constructores se quejan de la FDN porque estamos exigiendo estándares muy altos para ellos. Y vienen los políticos diciendo que la entidad tiene que fortalecer su rol de banca de desarrollo y eso significaría ser blandos, financiar barato y sin muchas exigencias. Pero banca desarrollo es lo que estamos haciendo: movilizar la plata. Nuestro rol acá es maximizar la plata que nos dieron para multiplicarla. Por cada peso que pongo, mínimo tengo que mover cinco o seis pesos más y no lo puedo hacer si me voy en condiciones que ponen a los bancos en desventaja”.

Para Zaninovich, de la ANI, lo que sucedió en Ruta del Sol II no puede suceder en 4G por varias diferencias sustanciales de diseño del esquema de concesión: además de la figura del ingeniero independiente, “en 4G –a diferencia de Ruta del Sol II– el patrimonio autónomo es el centro de imputación contable. Es decir, la contabilidad del proyecto está atada al patrimonio autónomo. La gran dificultad en Ruta del Sol II es que una era la contabilidad del concesionario y otra las cifras que tenemos en la fiducia. Teníamos como dos caminos en paralelo funcionando de forma diferente. En 4G la contabilidad está atada al patrimonio autónomo, a la fiducia”, dice.

Agrega que no hay la posibilidad de tener ese descalce tan grande que se dio. Y el patrimonio tiene sus propios mecanismos de seguimiento y fiscalización que no tenía antes en Ruta del Sol II.

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Para estos dos funcionarios, más allá de las diferencias entre los esquemas, es clave la participación de la banca local. “Hay interés y respaldo del Gobierno por mantener las condiciones que sean atractivas para los prestamistas para inversión en infraestructura. El Gobierno sigue comprometido con la financiación y los proyectos de 4G, tanto así que sacamos adelante la Ley de Infraestructura, hicimos el pago por $800.000 millones y se tienen los recursos en la FDN para acompañar los procesos”, explica el presidente de la ANI.

Por su parte, Del Valle, de la FDN, señaló que se está montando un plan de choque y “tenemos que entrar a ayudar, porque no podemos dejar que proyectos que están listos no cierren. El año pasado había proyectos pero no estaban listos por temas que no se habían resuelto, como licencias, gestión contractual y comunidades. Ahora sí tenemos algunos que van muy bien y a esos tenemos que ayudarles”, agrega.

Expertos consultados por Dinero advirtieron de la situación es difícil, porque la banca local es el ancla en la estructura de financiación. “De lo contrario, cómo le explica a un banco internacional que los locales no tienen tanto apetito por esos proyectos, pero que sí lo deben hacer las entidades de afuera”, dice uno de ellos.

Foto: Clemente del Valle, presidente de la FDN.

Sin embargo, ante esta situación, Del Valle asegura que otros jugadores, como fondos de deuda, la banca internacional, multilaterales y la misma FDN mantienen el interés por participar en el proceso.

De hecho, lo que se está dando es un cambio en la composición de las participaciones. De acuerdo con cálculos de la FDN, a 2016, con 8 proyectos cerrados, la banca local participó de casi 50% de la financiación, en un escenario de casi $13 billones. Para este año, con un estimado de 18 proyectos con cierre financiero, la banca podría tener una participación de 33% en proyectos que suman $28 billones.

Las fuentes internacionales podrían llegar a 23%, los inversionistas institucionales –fondos de deuda– con 31% y la FDN alcanzaría a llegar a 13%, de 9% que tuvo en 2016. Sin embargo, para Del Valle, la FDN puede aumentar más su participación. “Estamos dispuestos a apoyar un plan de choque para sacar adelante los proyectos más avanzados y que no se pierda el ritmo. Esperamos que el tema se resuelva para la banca local y que pueda seguir activa. Esa es nuestra expectativa, pero entendemos que en el corto plazo puede que haya algunas dificultades. Tenemos gasolina para los proyectos que se deben cerrar este año –entre 5 y 7– y nuestras participaciones pueden estar por encima de 20%”.

Zaninovich considera que se necesitan los bancos locales y es fundamental dar confianza. “En ningún momento puede considerarse que estamos desconociendo la importancia de los locales. Es muy importante que estén y por eso estamos haciendo todos los esfuerzos, pero también vemos cómo el mercado se está moviendo con otros jugadores. La decisión del Banco de la República del año pasado de autorizar prestar en pesos a los bancos internacionales está moviendo el mercado. El pipeline de corto plazo lo veo bien”, asegura.

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Algunos proyectos se la están jugando por un esquema distinto al de Project Finance, con el que se han cerrado la mayoría de ellos: por un lado avanzan con su equity –equivalente en promedio a 25% del valor del proyecto– mientras logran el cierre financiero; y, por otro, se trata de conseguir créditos puente. Por ejemplo, Mincivil tiene un modelo financiero en donde va haciendo créditos puente por unidad funcional, la construye y la pone en operación. Para algunos de ellos, no van con un contrato de crédito de $1 billón, sino de $200.000 millones.

“Lo que vamos a ver no son operaciones de crédito completas en algunos proyectos sino créditos que les dan para hacer la ejecución. Para nosotros eso es equivalente a un cierre financiero. A mí lo que me interesa es que tengan el músculo para hacer la obra”, dice Zaninovich, quien advierte que esperaría llegar a mitad del año con un total de 16 cierres, el doble de 2017.

Este es uno de los casos en los que el país estará atento. Se estima que el sector de obras civiles crecerá 7,3% en 2018, pero será necesario asegurarse de que no se repita la historia de 2017 y que los cierres financieros lleguen a feliz término, pues de 30 proyectos que tienen un valor por $65 billones, este año apenas podemos estar superando la mitad y queda pendiente la cuesta de al menos otros 15 proyectos, más de $30 billones, y las iniciativas nuevas. Esta será una prueba de fuego.

Los otros líos

Además de esta discusión con los bancos, el sector enfrenta varios hechos que enmarcan su corto plazo.

El caso Solarte

El mercado está atento a lo que suceda con CASS Constructores, firma de la familia Solarte que tiene más de 4 proyectos de 4G, en la investigación que adelanta la Fiscalía por hechos relacionados con la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas del que hizo parte esta empresa junto a Odebrecht. Fuentes del sector aseguran que estarían en proceso de venta de sus participaciones en varios proyectos, ante la posibilidad de unas inhabilidades sobrevinientes.

Chirajara y ELN

Aunque se trata de dos riesgos constructivos muy distintos, la caída del Chirajara y los atentados recientes del ELN contra la infraestructura de la Ruta del Sol pueden afectar el clima de inversión en este negocio. En el sector financiero están atentos para determinar si hay un efecto en las primas de seguros.

Ruta del Sol III

En este tramo hay un proceso sancionatorio contra Impregilo que está avanzando, pues la obra está parada. Si no reinician la construcción, pagan a proveedores y retoman el proyecto, esto puede terminar en caducidad. Este proyecto que hoy al parecer no tiene recursos debería estar listo en 2019. Si hoy retomaran las actividades entraría en operación en 2022.

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