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| 9/7/2020 4:24:00 PM

Senado retoma esta semana el debate de traslados exprés a Colpensiones

Un cálculo del Ministerio de Hacienda indica que la medida podría costarle al país por lo menos $27,9 billones por cerca de 400.000 afiliados a fondos privados que, aunque no cumplen las condiciones, podrían trasladarse al fondo público.

El Ministerio de Hacienda, que solo se pronunció en julio mediante una carta en la que da concepto negativo al proyecto de ley que ya se aprobó en la Cámara de Representantes, advierte que la iniciativa “trae consigo costos asociados a los subsidios que otorga el régimen de prima media con prestación definida a las personas de más altos ingresos”.

Y explica que hay 384.442 cotizantes que potencialmente podrían pasarse a Colpensiones con la medida. Sin embargo, además de la posibilidad de que solo estas personas se trasladen efectivamente al fondo, otro porcentaje de cotizantes, a quienes no les conviene el cambio de régimen, podrían sumarse al traslado. En ese caso, no se podría calcular un número exacto y se supondría que el 90% cotiza con un ingreso superior a 1,6 salarios mínimos mensuales, es decir, con más de $1,6 millones; el 45% de los afiliados recibe menos de dicho monto, y el 30% de los afiliados recibe menos de $980.657 mensuales y no tiene expectativa de pensionarse.

El Ministerio hizo este cálculo utilizando las cifras de Asofondos a 2017, pero esta asociación que reúne a las administradoras privadas de pensiones actualizó las cifras: reveló que el número de potenciales beneficiarios sería, más bien, de 517.776 afiliados.

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De acuerdo con los cálculos de la vicepresidencia técnica de Asofondos, en el largo plazo, “el costo neto para el Estado sería de, al menos, $64,8 billones, una deuda endosada a la actual y futuras generaciones”.

Además, Asofondos advirtió que del medio millón de afiliados que serían potenciales beneficiarios, en realidad “solo a 113.161 les conviene trasladarse. A 201.992 personas les conviene quedarse en el RAIS [Régimen de Ahorro Individual con aporte a Solidaridad], pues obtendrán la misma mesada que en el RPM [Régimen de Prima Media], pero con menos semanas de cotización”.

Siguiendo con las cuentas del Ministerio de Hacienda, en la carta enviada al Congreso explicó que el proyecto de ley le liberaría recursos por $7,9 billones por bonos pensionales no pagados y le daría $27 billones por el traslado de recursos del régimen privado a Colpensiones.

Sin embargo, Colpensiones tendría que trasladar $3,5 billones en saldos a las administradoras privadas, que se suman a los $57,5 billones adicionales que tendría que pagar en mesadas pensionales y a $1,8 billones por indemnizaciones. Es decir, en total el impacto fiscal sería de al menos $27,9 billones.

En ese sentido, Catalina Granda, economista y profesora asociada de la Universidad de Antioquia, advirtió que, además, “de alguna manera, aquí hay un costo intergeneracional, porque estos mayores impuestos [para pagar los pasivos por cerca de $60 billones que asumiría el Estado] los pagarían las generaciones futuras, que son las que van a estar en edad laboral y estarían en capacidad y obligación de aportar vía impuestos los recursos necesarios para sostener a quienes se van a jubilar por el régimen de prima media”.

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El actual director de Econometría y expresidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, advirtió que el proyecto que la Comisión Séptima del Senado empezará a debatir el martes “hace que el gasto público se presione mucho. En ese sentido fiscalmente no es recomendable, porque es aumentar la deuda del Gobierno”.

Sin embargo, el director Olivera advirtió que “de todas maneras, esos traslados ya están dando vía demandas […] 5.000 demandas de personas que querían trasladarse a Colpensiones: este año no se trasladaron solo 18 y las demás las ganaron”.

Es decir, los traslados a Colpensiones ya se están dando, aunque toman más tiempo y cuestan más, pues el Estado también debe pagar abogados.

A todo esto se debe sumar que, según los cálculos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 75% de los subsidios pensionales se van a los trabajadores de los dos quintiles más altos de ingresos.

Es decir, si la población colombiana se dividiera en grupos de a 5% según sus ingresos, los dos grupos de mayores recursos son los mayores beneficiados de los subsidios pensionales que entrega Colpensiones, dada la estructura actual del sistema nacional.

La solución no sería, como Olivera ha indicado varias veces, que se presente una reforma pensional que acabe la competencia o “complementariedad” de ambos regímenes, sino que cree pilares de modo que la cotización sobre el primer salario mínimo de todos los trabajadores se consigne en Colpensiones y, de ahí en adelante, sí se entregue a cuentas individuales según los ingresos de cada quien.

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