Falsos campesinos

Todo por la tierra

Entre 2005 y 2011, más de 50 mil hectáreas fueron entregadas y escrituradas a personas adineradas y falsos campesinos.

17 de mayo de 2013

El Ministerio de Agricultura y el Incoder, con el acompañamiento de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Policía Judicial, identificaron nuevas y graves irregularidades en la solicitud, adjudicación y titulación de tierras baldías.

Pese a que ya ha sucedido, estos casos se han repetido, por eso la gerente del Incoder, Miriam Villegas, aseguró que “no volveremos a entregar un centímetro de tierra sin saber para quién es y para qué”.

Las autoridades encontraron, entre otras irregularidades, la presencia de testaferros, fraccionamiento de predios, adjudicación de baldíos a personas inhabilitadas por la Ley y suplantación de identidades.

De los 2.000 casos descubiertos en Antioquia, procesados actualmente por la Procuraduría para el desarrollo de las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes, 130 se pusieron en conocimiento de la Fiscalía ayer 16 de mayo.

Además, con información de la Dian, se constató que un número importante de solicitantes de tierras baldías son declarantes de renta y sus patrimonios superan los topes máximos permitidos.

Ya se han denunciado ante la Fiscalía 163 casos detectados en Norte de Santander, Santander, Amazonas, Guaviare, Guainía y Caquetá. Otros ocho casos, detectados en Puerto Gaitán, Meta, relacionados con falsos campesinos y gente pudiente, en las que están comprometidas más de 6.700 hectáreas, fueron igualmente puestos en conocimiento de la Fiscalía.

“El Estado fue otro gran despojado con adjudicaciones espurias”, señaló el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, quien agregó que los baldíos adjudicados irregularmente serán recuperados para la ejecución de políticas de desarrollo agrario y poblamiento campesino.

Principales irregularidades:

• Solicitantes de adjudicación que consignan información falsa en los formularios, para saltarse las prohibiciones en los que están incursos. Especialmente se omite información sobre patrimonio, propiedades y domicilio.

• Adjudicaciones a favor de personas que claramente no son campesinas, ni de escasos recursos.

• Adjudicaciones a favor de personas incursas en inhabilidades establecidas por la ley para ser beneficiarios de la titulación de baldíos. Por ejemplo, por haber sido funcionarias de las entidades que integran el sistema de reforma agraria y desarrollo rural.

• Utilización de identidades prestadas para tramitar la adjudicación. Se elevan las solicitudes a favor de personas que no están inhabilitados, pero estos en realidad son trabajadores o terceros que se prestan para hacer el trámite.

• Adjudicaciones de predios que superan el límite máximo de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) permitido.

• Fraccionamiento de los predios ocupados en la solicitud de adjudicación, elevando múltiples solicitudes, para hacerse a la titulación de extensiones de baldíos de superan la UAF (Unidad Agrícola Familiar) saltándose la prohibición. Si el solicitante aspira a que le titulen un predio superior a la UAF lo fracciona a través de familiares o terceros que prestan su nombre para elevar las solicitudes que sean necesarias para hacerse a la totalidad del predio que ocupa.

• Adjudicaciones para fines que no responden a los principios constitucionales y legales que orienta la reforma agraria; esto es, para finalidades diferentes a la de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina.

• Adjudicaciones de predios ociosos o donde no está demostrada la explotación económica