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| 8/13/2019 5:56:00 PM

La pelea entre gremios y Contraloría por proyecto de control fiscal

Este martes el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, se pronunció sobre los señalamientos de los representantes de los gremios que en los últimos días han lanzado duras críticas al proyecto bandera del funcionario.

El Proyecto de Acto Legislativo que busca cambiar el modelo de control fiscal que impulsa el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, levantó ampollas y tiene hoy a los gremios productivos discutiendo sobre el tema. 

La iniciativa busca establecer un sistema de control fiscal concomitante y preventivo, que permita a este organismo adelantar actuaciones en tiempo real, recuperar el control de advertencia y alertar así oportunamente sobre riesgos o daños inminentes al patrimonio público. Dicha vigilancia, señala el proyecto, sería en tiempo real y estaría sustentada en el uso de tecnología como big data e inteligencia artificial. 

Adicional a esto, la propuesta incluye la unificación de las competencias de la Contraloría y las contralorías territoriales, potestad al contralor general para intervenir frente a estas entidades y el fortalecimiento del proceso de cobro coactivo.

El proyecto de acto legislativo ya ha superado en el Congreso cinco de ocho debates que debe cursar a lo largo de dos períodos legislativos y esto ha generado un gran temor en los gremios, quienes aseguran que dicha iniciativa está cargada de burocracia y afectaría el desarrollo de la contratación de obras en el país.

En su columna en el diario La República, Sergio Clavijo, presidente de Anif, aseguró que dicha iniciativa “busca expandir burocráticamente y asegurarle más recursos a una Contraloría que ha estado lejos de obtener los resultados deseados en materia de eficacia estatal”. 

“En vez de haberse instituido en Colombia los llamados “tribunales de cuentas” que operan con gran eficacia en España, en Colombia se busca expandir la nómina de la CGR (ya con más de 4.000 funcionarios) y, eventualmente, la de la Procuraduría (organismo sui-generis a nivel global con cerca de 4.200 funcionarios)”, señala el directivo en la columna publicada el pasado 8 de agosto.

Entre los puntos más preocupantes que señala Clavijo es del control-previo. Para el presidente de Anif, de darse como lo plantea el proyecto, este daría pie para paralizar las obras públicas y serviría como elemento de corrupción para el gobierno de turno. Incluso, señala que existe un gran riesgo de que se expandan “los errados controles que la CGR ha venido aplicando en materia de “fiducias-públicas””. 

Por su parte, Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, en su columna en el mismo diario el pasado 2 de agosto acotó que la iniciativa no es clara en cuanto a la diferencia entre los controles preventivos propuesto y el control previo, que no tuvo un muy buen pasado en el país.

Asegura que el proyecto “puede afectar la independencia y objetividad del control fiscal” e incrementaría el temor de los contratistas a adquirir sanciones por parte de la entidad.    

Ante estos ataques, la Contraloría salió a la defensa de esta iniciativa, asegurando que esta no busca ejercer un control fiscal previo, sino que plantea un modelo que permita generar alertas ante posibles riesgos con los recursos de los colombianos y que dé seguridad a la nación de contar “con obras bien hechas”. 

“Hay intereses de algunos sectores donde persiste el interés de que la Contraloría sea pequeña. No tenga capacidad de investigación y vigilancia. Y que adicionalmente de eso no quieren ser vigilados y tienen grandes problemas con que sean gestores fiscales, y este Contralor General de la República, que fue elegido, así no les guste a esos columnistas, al doctor Botero, al doctor Clavijo, y a los otros que se han expresado mal en reunión de la asociación bancaria, no le vamos a dar el gusto”, aseveró en rueda de prensa Córdoba.

Durante su intervención, el contralor hizo énfasis en que los representantes de los gremios están confundidos con la propuesta y “que el control previo nunca será igual al control preventivo”. “No queremos coadministrar ni queremos un control vinculante en materia preventiva, pero sí no queremos seguir llegando en bicicleta cuando los bandidos van a velocidad de Lamborghini”, afirmó Córdoba. 

El funcionario también señaló la necesidad de que la Contraloría tenga autonomía presupuestal y cuente con una mejora en las herramientas para ejecutar el control fiscal. “No puede ser que el máximo órgano de control fiscal tenga un presupuesto menor al asignado a ciudades como Pereira. También seguimos con herramientas del siglo XIX, mientras los bandidos cuentan con todas las actualizaciones para acabar con la plata de los colombianos”, recalcó Córdoba. 

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