Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio. Foto: Archivo

SOBORNOS

Superindustria ordenó a la Ani liquidar el contrato de la Ruta del Sol 2

La superintendencia le ordenó a la Ani que termine el contrato que entregó a la Concesionaria Ruta del Sol, lo liquide e inicie una nueva licitación para el Sector II de dicha vía y así evitar que se siga violando la libre competencia.

17 de febrero de 2017

La Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura que dé por terminado el contrato de la Ruta del Sol Sector II, cuya concesionaria encargada tiene un 62% de participación de Odebrecht, para evitar que se siga violando la libre competencia en dicho contrato.

La Ani tendrá que suspender el contrato, determinar qué porcentaje de la obra ya se ha ejecutado, liquidarlo y abrir un nuevo proceso licitatorio para que otra empresa o concesionaria se encargue de terminar la obra.

De acuerdo con la Superindustria, en la asignación del contrato se violaron normas constitucionales y de la libre competencia cuando Odebrecht pagó sobornos para obtener la adjudicación de la obra.

La entidad de control designó al presidente de la Ani, Luis Fernando Andrade, como responsable del cumplimiento de las medidas que le ordenó sobre el contrato de la Ruta del Sol 2.

La Superindustria destacó que existen múltiples evidencias sobre la forma en que Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte, cuando fue gerente encargado del Inco “habría direccionado el proceso licitatorio con el fin de favorecer la propuesta de dicha empresa, y así falsear la libre competencia económica en el proceso contractual, en desmedro de las otras propuestas presentadas”.

La Concesionaria Ruta del Sol, que está compuesta por Odebrecht, Episol y  CSS Constructores, había entrado en un arbitramento con la misma Ani por la ejecución de la obra pero el proceso se había suspendido luego de que los árbitros renunciaran y las partes no lograran un acuerdo sobre los nuevos jueces del mismo.

Días atrás el Grupo Aval, dueño controlante de Corficolombiana que es a su vez dueña de Episol, había admitido que si la obra se mantenía suspendida hasta después del primer trimestre de este año, sus bancos tendrían que entregar provisiones por $120.000 millones correspondientes a los créditos por $1,2 billones que entregaron a la concesión y que esto tendría un efecto negativo sobre sus balances anuales.

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A su vez, la Ani le había pedido al tribunal de arbitramento del contrato de Ruta del Sol Sector ll, que declarara la nulidad del mismo, dados los actos ilícitos que dieron origen a su adjudicación.

Según la ANI, la decisión por parte del tribunal implica la terminación del contrato y permite la apertura de una licitación para terminar las obras.

“Llevaremos a cabo una auditoría independiente de los presupuestos y del modelo financiero asociado a la adición del tramo Ocaña-Gamarra, con el objetivo de identificar si se dieron irregularidades en el mismo”, señaló la entidad.

“Rechazamos vehementemente el accionar de la firma Odebrecht y la deplorable estrategia que ejecutaron a través del señor Otto Nicolás Bula para influenciar de forma corrupta las decisiones de la ANI, la cual es hoy de conocimiento público”, puntualizó en ese momento la Agencia.

Por el caso Odebrecht en Colombia, la Fiscalía capturó al exsenador Otto Bula y el exviceministro de transporte Gabriel García Morales, quienes en total recibieron US$11,1 millones de parte de la firma brasilera para obtener el contrato de la Ruta del Sol Sector II.

Ambos capturados fueron condenados a prisión en la cárcel La Picota de Bogotá, pues se comprobó que ambos manipularon la licitación que llevó a cabo en ese momento el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y las adiciones al contrato que otorgó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Además, el exdirector de la ANI, Alvaro Mantilla, y el expresidente de la firma OHL Colombia, Miguel Ricaurte Lombana, rindieron declaración ante la Fiscalía por el mismo caso y se espera que las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez-Correa se presenten en las mismas condiciones ante el ente investigador.

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