Superfinanciera dio reglas a los bancos para aceptar a exguerrilleros

La Superintendencia Financiera emitió este martes una circular con las instrucciones para que las entidades del sector incluyan en el sistema a los reincorporados a la vida civil.

De acuerdo con la entidad, los excombatientes que se reincorporen a la vida civil, y las empresas o emprendimientos a los que se afilien, podrán solicitar a cualquier entidad financiera vigilada por la entidad el acceso a uno de sus productos.

Para autorizar dichos productos, las entidades no podrán solicitarles documentos adicionales que dificulten la entrada de estas personas al sistema financiero y podrán acreditar sus identidades con las contraseñas que expida la Registraduría Nacional, la Visa Residente Paz, una acreditación expedida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz u otro documento autorizado por la misma oficina.

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Además, la Superfinanciera señaló que dicha identificación la deben actualizar los bancos tan pronto sus nuevos usuarios cuenten con la Cédula de Ciudadanía y verificar la participación de los reincorporados en la Agencia Nacional de Reincorporación.

La entidad también advirtió que los reincorporados tendrán que recibir el mismo trato que los demás clientes del sistema financiero y no podrán ser discriminados por si condición.

La circular de la Superintendencia también advirtió que cada entidad financiera podrá implementar los controles necesarios para garantizar que los recursos que ingresen al sistema financiero no están relacionados con actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo y tendrán que establecer controles y monitoreos para el mismo fin.

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En el mismo sentido, antes de otorgar una cuenta bancaria o crédito, las entidades tendrán que verificar que los excombatientes no hagan parte de algún listado internacional que sea vinculante para el país.

El documento de la Superfinanciera advierte que “los reincorporados pueden manejar recursos obtenidos en virtud de los programas de reintegración económica establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, así como cualquier otros, caso en el cual es deber de las entidades vigiladas establecer mecanismos para validar razonablemente el origen de los mismos”.

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