S&P mantiene calificación a Bogotá en BBB-
Standard & Poor’s aseguró que una de las razones para no aumentar la calificación es por el significativo aumento de gasto en programas sociales, las altas tasas de desempleo, subempleo y las crecientes necesidades de infraestructura urbana.
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Desde México la calificadora destacó que la capital mantiene sólidos indicadores financieros, que se reflejan en altos superávits operativos, liquidez adecuada y deuda directa manejable como porcentaje del ingreso operativo.
La entidad considera que el Producto Interno Bruto (PIB) de Bogotá pueda llegar a estar en niveles similares al promedio nacional de 4% y 5%. Bajo esta perspectiva se espera que la ciudad mantenga un desempeño presupuestal estable, una sólida liquidez y un nivel prudente de deuda durante 2010 y 2011.
“Ante un escenario de estrés del soberano, creemos que hay una probabilidad cuantificable que Bogotá no incumpliría en sus obligaciones en moneda local ni en de moneda extranjera; y podría continuar reportando resultados presupuéstales restrictivos pero sostenibles. Aunque reconocemos que la economía de Bogotá está correlacionada con el desempeño a nivel nacional, sus elevados niveles de autonomía fiscal, fuerte posición de liquidez, significativa flexibilidad en el lado del gasto y un marco institucional estable y predecible, le otorgan suficientes fortalezas crediticias que le permiten sortear un potencial escenario de estrés económico”, precisó la entidad.
Al mismo tiempo, Standard & Poor’s afirmó la calificación de deuda senior no garantizada de Bogotá de BBB- de sus bonos denominados en pesos colombianos (COP) por aproximadamente US$300 millones, pagaderos en moneda extranjera y con vencimiento en 2028, emitidos bajo la Regla 144A. “El riesgo cambiario que enfrenta Bogotá está mitigado en buena medida ya que casi 80% de la deuda de Bogotá está denominada en pesos”, agregó S&P.
En su comunicado la calificadora precisó que bajo el escenario actual no se proyectan emisiones de deuda en mercados internacionales, en los siguientes tres meses, para financiar posproyectos de infraestructura.