Otro dardo al transporte de carga

Los transportadores de carga desde finales de 2013 entraron en una disputa con el Gobierno Nacional por la falta de políticas en favor del sector, en especial en los precios del combustible.
 
Para este aspecto, se ha realizado mesas de trabajo con el fin de evitar un cese de actividades por parte del sector transportador que ha lanzado advertencias al Gobierno de un paro.
 
Los esfuerzos de los transportadores ahora no sólo serán con los ministerios de Minas y Transporte, ya que se viene otro problema.

Se trata de la medida de restricción o de pico y placa para el transporte de carga en Bogotá, la cual se implementa con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad.

Los monumentales trancones en la capital del país obligaron a la administración distrital en buscar nuevas medidas para frenar esta situación, entre ellas, la evaluación al transporte de carga.

Sin embargo, la decisión que entra a regir el día de hoy, tiene un gran impacto para las rentabilidades del sector transportador además para sus clientes.

Varios dirigentes consultados por Dinero.com, coinciden en que los gobiernos se están encargando de acabar con esta agremiación con medidas como estas.

Eliodoro Mora, señaló que los más perjudicados serán los medianos y pequeños transportadores ya que son los que despachan más y tienen que hacer varios viajes. “Ahora con esa restricción no podremos movernos igual”.
Para los transportadores este es un tema adicional que será puesto como un punto adicional en las negociaciones del sector para un paro nacional.

El tema es apoyado por los comerciantes que afirman grandes impactos para la economía de los minoristas además no creen una mejoría en la movilidad.

El Comité Intergremial Bogotá Cundinamarca y otros gremios afirman que es evidente una nueva improvisación con el transporte de carga.

La medida afecta el bienestar de los ciudadanos, la competitividad nacional, a los pequeños comerciantes y a muchos sectores productivos, sostiene el vicepresidente de dicho comité, Juan Esteban Orrego.

El Decreto Distrital 520 de 2013, que establece restricciones y condiciones para los vehículos de carga en el área urbana, se expidió con el argumento de mejorar la movilidad de la ciudad.

Sin embargo la medida desconoció las recomendaciones y observaciones de las mesas técnicas y de los estudios realizados.

De igual forma, se plantea que el mismo se dictó sin concertar con los sectores afectados para que pudieran tomar a tiempo los cambios indispensables para cumplir el Decreto y no tuvo en cuenta las condiciones de seguridad e infraestructura de Bogotá que impiden la aplicación de la medida.

Lejos de mejorar la movilidad, las medidas de la Alcaldía la empeoran

1. La restricción en tamaños, horas de circulación y cargue y descargue, aumenta el número de camiones en un 37,5%

2. Aumenta el número de viajes (recorridos) en 17,4%

3. La velocidad de desplazamiento se reducirá hasta en un 58% (Observatorio de movilidad de la Universidad de los Andes y el boletín de logística de la ANDI),

4. El embotellamiento de la calle 13 puede ser alarmante, y afecta a todos los transportistas y las 500.000 personas que residen en Mosquera, Funza y aledaños, y que trabajan en Bogotá.

Ante este panorama y después de reunirse con los gremios y líderes de las zonas afectadas, la Alcaldía expidió el Decreto 690, que amplía el tiempo de pedagogía de la medida hasta el 30 de enero y reduce en media hora el tiempo de restricciones en las Zonas 2 y 3.

Por su parte, los gremios se comprometieron a realizar seguimiento de los impactos reales de la medida para que la alcaldía pueda revisarlos y plantear mayores modificaciones al decreto de conformidad con la evaluación. Hasta ahora, el ejercicio práctico empieza a coincidir con las proyecciones.

Otros impactos negativos del Decreto 520

1. El mercado minorista en Bogotá, conformado por tenderos y ferreteros es de 100.000 puntos de venta. La gran mayoría depende de un abastecimiento frecuente por falta de recursos y espacio de almacenamiento para grandes inventarios.

2. Tenderos y ferreteros, junto a los tripulantes y conductores de los camiones son víctimas fáciles de atracos por el manejo de efectivo toda vez que la ciudad no cuenta con condiciones de seguridad para el abastecimiento nocturno.

En 2013 ocurrieron en promedio 87 asaltos mensuales a camiones solamente en el sector bebidas, aún sin la medida. Esta situación es especialmente crítica en La Candelaria, donde según los artículos 7º y 15 del Decreto 520, se permite el cargue y descargue únicamente entre las 20:00 horas y las 8:30 horas por camiones de menos de 3.5 toneladas.

3. Las emisiones que genera el desplazamiento de los nuevos vehículos de transporte de insumos de construcción aumentarán en cerca de 17%, medidas en partículas de PM y CO2. Con el descargue nocturno se altera la tranquilidad y descanso de los hogares cercanos a los puntos en los que se tenga que realizar estos procesos.

4. El incremento en costos de transporte y lucro cesante de la industria se verá reflejado en el precio de venta del producto hacia el consumidor final. Estos sobrecostos equivalen a US$9’724.936 al año para los sectores de bebidas y alimentos no perecederos, a más de US$25’000.000 al año para el sector de paqueteo y a US$16.572.000 de lucro cesante en el sector de hidrocarburos.

Aunque antes de la expedición del Decreto 520 se realizaron mesas técnicas e informativas, nunca se llegó a una concertación. Las diferencias que causan el rechazo a la medida por parta de gremios, tenderos y ferreteros, el gobernador de Cundinamarca y los alcaldes municipales vecinos se mantienen, porque la Secretaría desconoce los impactos negativos que las evidencias técnicas registran.