| 6/23/2012 1:45:00 PM

Reforma a la justicia sí se puede objetar

Wanda Fernández, docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UN, considera que sí hay posibilidad de reversar el texto conciliado en el Congreso.

“No hay cosa juzgada. En el evento de devolver la reforma, nombrar nuevos conciliadores, permitir el ingreso de los ponentes y la intervención directa del Gobierno colombiano, representado por el ministro de Justicia, las cosas tendrían que cambiar favorablemente”, explica la docente.

Sin embargo, ante la objeción del presidente Juan Manuel Santos a la reforma aprobada por el Congreso, la profesora Fernández hace una aclaración: “No hay antecedentes constitucionales de esta situación. Habría que estudiar muy a fondo el tema y mirar el Derecho comparado para tratar de establecer con jurisprudencia, por ejemplo, del Tribunal Constitucional de España o el Tribunal Constitucional de Alemania, cuál sería la salida más jurídica, más hidalga y más rápida para evitar el colapso total de la justicia”.

Para la abogada, el Congreso nunca analizó los cambios reales que necesita la justicia colombiana. “El país necesita una reforma extensa y profunda, no solamente prorrogar los periodos individuales de los altos magistrados. No es solamente prorrogar el término de retiro. Es una cosa más de fondo”.

La situación en el área penal requiere un plan de choque que nunca se reflejó en el texto finalmente conciliado. “No hay micrófonos suficientes en las salas de audiencias, es más, no hay salas de audiencias. Se han acabado las cámaras para grabar, algunos juzgados tienen audio pero no tienen video, no se entregan micrófonos inalámbricos a los abogados para que puedan intervenir de una manera digna como se hace en todas las cortes del mundo”, manifiesta la profesora Fernández.

En este contexto, la devolución de la objeción a la reforma a la justicia es una oportunidad para elaborar una verdadera reforma integral.

La abogada Fernández es muy crítica frente a lo sucedido esta semana en el Congreso. “Resulta francamente bochornoso que un puñado de parlamentarios se arroguen el derecho de apropiarse, prácticamente, del sector justicia, afectándolo de una manera tan grave al proceder a la eliminación abrupta, no reflexiva, no pensada, del Consejo Superior de la Judicatura que ha sido y sigue siendo considerado un avance en América Latina”.

A ello agrega, “también es grave que no se hubiese diseñado la forma como se iba a efectuar la transición, dejando en el vacío a la gerencia de la rama juridicial; haber entregado de una manera absurda a un grupo de magistrados una extensión de sus propios periodos; así como aumentar la edad de retiro forzoso y eliminar la edad mínima de 50 años para ingresar a la cúpula de la justicia”.

“Es una segunda toma de la justicia, en esta ocasión por parte del poder legislativo, por lo que resulta verdaderamente deplorable que el Gobierno haya guardado silencio, que las Cortes no enfrenten de manera más decidida el asunto”, concluye.

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