Reducir la informalidad en Colombia debe ser una prioridad

El tamaño del sector informal en el país viene causando preocupación tanto a los académicos como a los responsables del buen funcionamiento del mercado laboral. Esto es explicable dados sus efectos nocivos en materia de bienestar, desigualdad, crecimiento de largo plazo y finanzas públicas.

La informalidad laboral en Colombia se sitúa en un nivel muy alto, aunque en América Latina casos como los de Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú y Paraguay son aún más difíciles.

El DANE clasifica como informal el empleo generado en empresas de cinco trabajadores o menos, los cuenta-propia y otras categorías. Medida de esta forma, la informalidad en 2015 se situó en 60% en todo el país y en 49% en las principales áreas urbanas. Estudios recientes han mostrado que el desbalance entre el costo de la mano de obra y su productividad, así como una serie de malos incentivos, explican buena parte de estos registros.

Para remediar el desbalance, desde comienzos de la década pasada el país emprendió reformas tendientes a flexibilizar el mercado para hacer su funcionamiento más eficiente, por medio de la disminución de los costos de despido, la modificación de la jornada ordinaria, la reducción del recargo dominical, las exenciones transitorias de los parafiscales por la generación de empleo de ciertas características y, más recientemente, la eliminación de los parafiscales con destino al ICBF y al SENA, junto con la disminución de la contribución a salud a cargo del empleador y el fortalecimiento del monitoreo por parte del ministerio de trabajo.

Con lo que hemos sido menos consistentes es con el manejo del salario mínimo, el cual en el año 2001 representaba el 85% del salario mediano en Colombia y en 2015 representa 74%. Una relación muy alta, tratándose de un salario mínimo.

Contando con la ayuda del ciclo económico, desde 2010 solo se ha logrado reducir la informalidad entre cuatro y cinco puntos porcentuales (pp) en los ámbitos rural y urbano. Si nos concentramos en las siete principales ciudades, en lo corrido de este siglo, la reducción de la informalidad no supera los siete pp. Muy poca ganancia dado el esfuerzo que han significado las reformas para los distintos gobiernos. La reforma tributaria de 2012 redujo en 13,5 pp los costos laborales. Desde entonces la informalidad se ha reducido tres pp. Estimaciones de algunos investigadores sugieren que con dicha reforma se crearon entre 200.000 y 600.000 empleos formales. Es difícil saber con exactitud cuántos empleos formales se crearon gracias a la reforma, cuántos fueron nuevos y cuántos trabajos informales preexistentes.

¿Qué tendríamos qué hacer entonces para ubicar la informalidad en niveles cercanos al 30% de Chile, por ejemplo? Primero, tener una estructura impositiva que estimule la inversión, algo de lo que debe dar cuenta la reforma tributaria en trámite. Segundo, que el estado se haga cargo de las acciones que hoy llevan a cabo las cajas de compensación familiar y poder eliminar ese sobrecosto a la nómina. Tercero, evitar aumentos desmedidos del salario mínimo para que este no se aleje de la productividad laboral de los trabajadores menos capacitados. Cuarto, reducir los costos de la creación de empresas. Por último, no modificar la jornada diurna, los recargos dominicales, ni la licencia de maternidad, como se pretende actualmente.

Pero todo esto se debe acompañar de otras medidas. En primer lugar, debemos aumentar la productividad laboral de la mano de obra. Su bajo nivel y la alta informalidad laboral son dos caras de la misma moneda. Se retroalimentan la una a la otra. Para producir el salto se requiere capital humano, tanto técnico y tecnológico como de alta formación. En este sentido, la mayor y mejor oferta educativa y el apoyo a la demanda de educación deben seguir siendo un objetivo permanente. Colombia tiene planes de ser en 2025 la más educada de America latina y el cumplimiento de esta meta nos debe ayudar a incrementar la productividad laboral. Con ello vendrán mejores salarios para todos.

En segundo lugar, se debe informar permanentemente empresarios que generan empleo informal de las bondades de ser formal como, por ejemplo, tener acceso al sistema financiero, a la capacitación de su mano de obra, a mejores prácticas empresariales, etc.

Tercero, se deben modificar algunos incentivos que han hecho que ser informal sea un estado perpetuo. Se debe revisar el acceso al sistema solidario de salud por medio del Sisben, de manera que se reduzca el riesgo moral.

Por último, llegó el momento de mirar la reducción de la informalidad de otra manera. Se trata de un cambio de cultura en el que se eduque a la gente para cooperar, para ser partícipes de los aportes, las contribuciones, el pago de impuestos, el cumplimiento de las normas. Ser formal es materia de conciencia ciudadana, de solidaridad, de respeto por los demás. Ello requiere, sin embargo, reducir los altos índices de corrupción que no permiten que los impuestos se vean completamente reflejados en una mayor provisión de bienes públicos. Hay que empezar ya.

por Luis Eduardo Arango, PhD en Economía