Se requieren nuevos paradigmas para el sistema de salud

Esta es la primera vez que el mundo se enfrenta a una pandemia auténticamente global y, por lo tanto, es la primera vez que nuestro sistema de salud, en su actual configuración, debe atender un desafío tan descomunal.

El sistema de salud colombiano se caracteriza por una doble descentralización: la territorial, que reparte competencias entre el gobierno nacional y las entidades territoriales, y la de servicios, que distribuye tareas entre muchos actores, principalmente privados, como las clínicas, los hospitales, los proveedores y las aseguradoras. Por otro lado, el principio general que inspira las normas vigentes es que la atención de las grandes epidemias, por ser grave asunto de salud pública, es responsabilidad exclusiva del Estado. ¿Cómo podemos usar las fotalezas de nuestro sistema público-privado de salud, bajo la estricta dirección del Estado, para enfrentar esta situación sin precedentes en el mundo?

Sería absurdo echar por la borda todas las fortalezas de nuestro sistema de salud; estatizarlo todo de un día para otro no tiene sentido. Pero también es un grave error creer que todo debe seguir funcionando igual que siempre, y que los paradigmas habituales sobre el funcionamiento del sistema son aún pertinentes. Quizá la mejor forma de ir resolviendo cada desafío cotidiano es aplicando rigurosamente ciertos principios generales.

El primero de esos principios, obviamente, es el de la solidaridad. Quedarse en casa y no salir sino para lo muy estrictamente necesario es un acto de protección con nostros mismos y también es un bellísimo acto de solidaridad con los demás y con los trabajadores de la salud. Pero ese principio también debe operar, y de hecho viene operando, entre los actores del sistema. Atrás han quedado las prevenciones y las rencillas entre subsectores del sistema, y ahora la pregunta que más se oye no es “¿cómo protejo lo mío?” sino “¿cómo podemos ayudar?”.

También hay que sustituir el principio de desconfianza por el principio de presunción de buena fe. El sector salud está lleno de normas que suponen la mala fe de los actores: reglas sobre los contratos, restricciones increíbles al uso de recursos, fondos que no se pueden usar para una cosa sino para otra, permisos burocráticos para todo. En la emergencia, esas restricciones deberían quedar congeladas, y la única pregunta que deben hacerse los reguladores y los supervisores es “¿Qué normas impiden que haya más recursos y un mejor flujo para incrementar la capacidad hospitalaria y salvar vidas?”. Ya se han tomado medidas para eliminar topes y permitir la agregación de recursos que hoy se manejan por distintos bolsillos. Pero hay otras restricciones que el Covid-19 vuelve casi risibles: por ejemplo, las que ven con suspicacia el pago de anticipos a los hospitales y clínicas, o aquellas que restringen la posibilidad de que las EPS adquieran activos fijos, como ventiladores y respiradores; o las que ponen porcentajes obligatorios para contratar con cierto tipo de hospitales y no con otros; o las que exigen todo tipo de auditorías para el giro de recursos frescos. Si esas reglas impiden que el país, con todo sentido de urgencia, fortalezca su capacidad de detección, atención y hospitalización, deberían todas ponerse ya en un congelador. Para eso es la emergencia económica. Es mejor presumir la buena fe de todos los actores, y luego, cuando todo pase, será el momento de mirar si alguien obró de mala fe y merece ser castigado. Nos va sorprender la mucha buena fe que hay en el sistema, si la dejamos fluir.