Proyecto de ley que añadiría inflexibilidad al Presupuesto General sigue su curso

Antes de retirarse de la dirección del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria planteó junto con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, un proyecto de ley que busca reglamentar la creación de los subsidios en el país.

Aunque el proyecto tiene elementos positivos y que permitirán mejoras en el sistema de subsidios del país, como los lineamientos básicos que debe seguir cada nuevo subsidio o un sistema de información que permita el cruce con todos los programas de asistencia social y el Sisbén para tener mayor control sobre los beneficiarios, también tiene varios aspectos que valdría la pena revisar.

Por un lado, el proyecto de Ley no separa los recursos de subsidios directos, como la entrega de recursos en planes tipo Familias En Acción, de los subsidios indirectos como el acceso a educación gratuita y al sistema de salud.

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Así las cosas, el documento señala que en 2015 el Gobierno gastó $72 billones en subsidios sociales, es decir el 9% del PIB nacional. De este valor,  $38,6 billones al gasto público en educación y en salud.

Además, deben sumarse los subsidios productivos cuyo gasto en el 2015 alcanzó casi $0,7 billones (0,1% del PIB) y los  $18 billones que se asignan cada año a los subsidios en pensiones, que el mismo DNP reconoce como “regresivos”.

De acuerdo con Fedesarrollo, expresados así los subsidios que se entregan cada año equivalen a “2 veces el presupuesto total de inversión y representó cerca del 45% de los recursos apropiados del Presupuesto General de la Nación de ese año, excluyendo el servicio de la deuda”.

Fuente: Fedesarrollo

Sin embargo, los subsidios de educación, salud y pensiones no pueden incluirse dentro de los rubros que podrían llamarse “flexibles” al tratarse de contribuciones no monetarias. Y dado que suman cerca de $57 billones, el proyecto de ley que se debate en la Comisión Tercera de Senado sería aplicable solo a los restantes $15 billones, que equivalen a 2% del PIB.

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Fedesarrollo destaca que además en Colombia los subsidios son poco flexibles y muy difíciles de eliminar, a lo que debe sumarse que por ahora no cuentan con “un sistema de evaluación sistemático de desempeño de los programas o, cuando se han hecho evaluaciones, sin una conexión clara de esas evaluaciones con las decisiones subsiguientes sobre la asignación de recursos del presupuesto”.

El proyecto de Ley advierte que “todo subsidio para ser creado deberá tener fundamento en el desarrollo de postulados constitucionales” y hace especial énfasis en los subsidios productivos, en cuyo caso un Conpes debe especificar el defecto de mercado que busca corregir, y los subsidios sociales, que deben cumplir con el objetivo de redistribución de los ingresos.

Sin embargo, no especifica que estas fuentes de recursos deben ser adicionales al Presupuesto General de la Nación ya que, de no encontrarse fuentes de financiación adicional, se incrementaría la inflexibilidad del mismo que ya se calcula en alrededor del 80%.

Por último, Fedesarrollo advierte que mediante un estímulo a la formalización laboral que plantea el mismo proyecto de ley, las empresas podrían resultar contratando personal con criterios diferentes a los necesarios en su cargo y recibiendo recursos públicos sin mayor justificación.

La razón es que plantea un subsidio monetario a las empresas que contraten formalmente a colombianos que sean beneficiarios de subsidios, de modo que “el empleador cubre parte de los costos de la formalidad”.

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