Piden nueva reforma tributaria para eliminar "exenciones injustificadas"

1. Brindar atención y asistencia prioritaria a la población en situación de pobreza, haciéndola extensiva a las víctimas del conflicto y a los desplazados. Para ello se debe fortalecer y ampliar la cobertura de Familias en acción, Colombia Mayor y otros programas similares, garantizando la seguridad alimentaria y acelerando la entrega de recursos a los beneficiarios.

2. Para trabajadores independientes e informales es urgente diseñar un programa especial que les signifique un ingreso para su subsistencia. Para su identificación se puede utilizar la base de datos del Sisbén III y IV, y canalizar la ayuda apoyándose en un plan de bancarización expedita de la población objetivo o en otros canales de transferencia.

3. Proteger a los trabajadores y contratistas formales, levantando un registro de las empresas que se han visto obligadas a irse al paro, así como de su nómina. El estado debería asumir hasta el 75% de aquella, con un tope de 2 salarios mínimo. 

4. Garantizar a los contratistas independientes auxilios monetarios equivalentes a los declarados a la UGPP el último año. 

Supervivencia de empresas

1. Establecer con claridad los criterios y los parámetros para efectos de la determinación de las ayudas del Estado a las empresas. El foco debe estar en aquellas que se han visto forzadas a suspender actividades, priorizando a las micro, pequeñas y medianas empresas.
2. Apoyar a la producción nacional y la protección del mercado interno, para lo cual se deberán tomar medidas de restricción a las importaciones, siempre que no afecten de manera grave el abastecimiento del mercado domésticos ni el acceso a bienes de primera necesidad a precios competitivos.

Gestión estatal

1. Poner en práctica los principios de la coordinación, la concurrencia y la complementariedad de la nación con las autoridades departamentales y municipales, así como con las organizaciones sociales y comunales, tanto en la fase de planeamiento como en la de la ejecución.

2. Adoptar medidas reforzadas de transparencia, rendición de cuentas y control social en la ejecución de los programas mencionados anteriormente tales como la adopción urgente de la Ley de Protección de Reportantes de Actos de Corrupción, como una medida necesaria para incentivar el control social y garantizar la vida e integridad de quienes denuncian el abuso de poder y la corrupción.

El reto fiscal

1. La magnitud del gasto público que demandará la puesta en práctica de las medidas que se han tomado y se deberán tomar debe ser el necesario para confrontar con decisión la magnitud de la tragedia económica y social. Los recursos apropiados para tal efecto deben ser del orden de 5 puntos porcentuales del PIB ($50 billones, aproximadamente).

2. Flexibilizar la regla fiscal, toda vez que a corto plazo no hay posibilidad de arbitrar tales recursos por la vía de los impuestos y contribuciones. La única alternativa viable en este momento es recurrir a empréstitos, que incrementarán la deuda pública . 

Las fuentes

1. Recurrir a los organismos multilaterales de crédito en procura de financiamiento inmediato con tasas de interés moderadas para cubrir los gastos que demanda la emergencia y para compensar el preocupante déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Desaconsejamos buscar crédito en el mercado de capitales privado, debido a que, a pesar de que la deuda soberana de Colombia sigue con el grado de inversión su perspectiva es negativa.

2. Buscar el financiamiento del paquete de medidas requeridas con el Banco de la República, que de manera excepcional y como lo prevé la propia Constitución Política puede aprobar un crédito blando al Gobierno.

3. Tramitar próximamente una reforma tributaria estructural, que elimine las exenciones y beneficios tributarios injustificados y que haga posible que se cumpla el precepto constitucional de que el Estatuto tributario sea equitativo, eficiente y progresivo.