| 11/20/2018 12:01:00 AM

¿Por qué proponer exenciones tributarias a las empresas?

El Ministerio de Hacienda propuso en su proyecto de Ley de Financiamiento reducir la tarifa nominal de renta para las empresas, hacer descontables algunos impuestos y eximir durante varios años a las “megainversiones” ¿Por qué?

Dentro de la Ley de Financiamiento que propuso el Gobierno, se incluyó una exención del impuesto de renta para las inversiones cercanas a $1,6 billones, es decir 50 millones de UVT, con algunas condiciones como que se trate de una nueva inversión y la generación de cierta cantidad de empleos.

La propuesta ha causado molestia entre algunos sectores pues se suma a otros beneficios que otorgaría el proyecto a las empresas, a la vez que se aumenta la base gravable del IVA que pagan los hogares colombianos.

Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Comercio, que terminó por aceptar e incluir en el proyecto el Ministerio de Hacienda y que excluye a la industria de Minería y Petróleo, no tendría un costo fiscal pues se trata de inversiones poco recurrentes.

Pero, cuando se dan, estas inversiones son intensivas en capital, maquinaria y otros elementos costosos en Colombia por ejemplo por el IVA a la importación de bienes de capital.

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La exención además contaría con un contrato de estabilidad jurídica para garantizar que, si se lleva a cabo otra reforma tributaria dentro de unos años, las inversiones que cuenten con el beneficio no se verán afectadas.

Estas inversiones tardan varios años en dar resultados positivos en los balances de las empresas que las realizan y tienen un costo hundido tan alto, que las multinacionales evalúan cada tanto el mejor país para llevar sus recursos.

Colombia, que tiene una tasa de renta efectiva para las empresas mucho más alta que la nominal, entre otras razones por los impuestos territoriales, está en desventaja con sus pares regionales por lo que el Gobierno espera que la exención le permita al país hacerse más atractivo.

De acuerdo con el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, el país está tan rezagado en medidas que estimulen la entrada de grandes capitales empresariales, que casi cualquier modificación al estatuto tributario le ayudaría a cerrar la brecha con los demás países e incluso podría generar una decisión inmediata de inversión de alguna multinacional.

El otro punto con el que no muchos parecen estar de acuerdo es la reducción de la tarifa nominal del impuesto de renta para las empresas hasta 30% para el año fiscal 2021, que se sumaría a la eliminación progresiva de la renta presuntiva y la posibilidad de descontar el 100% del IVA a la importación de bienes de capital en el mismo impuesto de renta y hasta el 50% del pago en GMF e ICA.

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La medida del Gobierno busca disminuir la tasa efectiva de tributación de las empresas en el país, acabar con impuestos que se utilizan en pocos países por estar “pasados de moda” como el ICA o la renta presuntiva que se aplican sobre los ingresos de la empresa, simplificar el régimen tributario corporativo y estimular el dinamismo de la economía, vía la generación de más empleo.

Uno de los debates constantes en el país es sobre la tasa de tributación de las empresas. Si se toma únicamente la tasa nominal, incluso sumando el impuesto a los dividendos, el país se ubica incluso por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

Sin embargo, al calcular la tarifa efectiva, la diferencia entre municipios y departamentos por el ICA, el pago del IVA a la importación de bienes de capital, sobretasas, parafiscales y el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) complican el cálculo a tal punto que algunos empresarios preferirían tener una tarifa de renta nominal más alta que la propuesta, si se presenta como una única tasa a pagar por las actividades en todo el país.

Por esta razón, el Gobierno defiende su propuesta al señalar que no se trata de medidas para dar más incentivos a las empresas, sino de “quitar desincentivos” para el funcionamiento de las mismas, como algunos de los impuestos territoriales.

Además, el 85% del empleo formal generado por el país se debe a las medianas y pequeñas empresas, por lo que la Ley de Financiamiento pretende con sus propuestas continuar el trabajo que ya han realizado otros gobiernos y que, de todos modos, no será suficiente para generar un entorno adecuado de competitividad.

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