¡Ojo con la financiación del postconflicto!

Después de la firma de los acuerdos de La Habana entre el Gobierno del Presidente Santos y las FARC, en vísperas del plebiscito, llegó la hora de pensar en la financiación de su implementación. Por supuesto, la tarea del Ministerio de Hacienda, del Departamento Nacional de Planeación y de los demás Ministerios, cuyos sectores estén  cobijados por los compromisos, consistirá en cuantificarlos. 

Pero antes de eso, quizá convenga tener presente algunos riesgos que se pueden desprender de los mecanismos de financiación. Algunos sugieren, con razón, que para llevar a cabo los nuevos gastos que implique la implementación de los acuerdos, no se puede dejar de hacer otros que son prioritarios para satisfacer las necesidades de muchas regiones y comunidades.

Por supuesto, eso no excluye la pregunta sobre si todos los gastos del presupuesto general de la nación son prioritarios o la inquietud sobre si la asignación actual de los recursos públicos es eficiente. Estos asuntos requieren un estudio serio, como el que hizo la Comisión de Expertos Tributarios para los ingresos públicos. Con una alta probabilidad se encontrará erogaciones que se pueden re direccionar sin desatender los compromisos prioritarios del Estado.

Es posible que se necesite fondos adicionales para cumplir los nuevos compromisos del Gobierno. Pero tal vez se debe dejar el endeudamiento del Estado como el último recurso, porque arriesga su solvencia. En caso de resultar necesaria, la emisión de deuda pública para financiar la implementación de los acuerdos de La Habana, no debe exceder los mayores ingresos públicos esperados por el crecimiento económico más dinámico que resulte del fin del conflicto con las FARC.

No hay que olvidar que el endeudamiento compromete los ingresos esperados del deudor, de manera tal que disminuye en el futuro su capacidad de gasto, cuando tiene que atender los compromisos adquiridos. Entonces gasta una mayor proporción de sus ingresos en amortizar la deuda y pagar los intereses. En el caso del Estado, eso se puede implicar en una menor inversión pública en el futuro, para suministrar los bienes públicos que requiere la actividad económica privada.

El problema de la financiación con deuda pública no son las agencias calificadoras de riesgo, como plantean algunos partidarios de recurrir a su emisión, sino que abusar de ella pone en riesgo la solvencia del Estado, que no debe comprometerse. Si ésta se deteriora de manera grave por atender los gastos del post conflicto, se arriesga la confianza de los inversionistas y, en caso extremo, también la de los consumidores, no solo la de las calificadoras. En ese caso, con un déficit externo tan grande como el que tiene la economía colombiana (mayor al 5% del PIB, si se utiliza la métrica de la cuenta corriente), que la hace muy vulnerable a los choques externos, ¿cómo y a qué costo se podría asegurar la financiación externa de ese déficit, después de perder la credibilidad con los inversionistas internacionales?

En semejante eventualidad, es probable que la economía tuviera que desacelerar la demanda interna de una manera más drástica que hasta ahora, por medio de unas mayores tasas de interés, para reducir el déficit externo a las dimensiones compatibles con la menor financiación foránea disponible. El ajuste del gasto conduciría al país cerca de una recesión. Esa sería una política económica que podría hacer fracasar la paz, que es justo lo que quieren evitar quienes proponen financiar los nuevos compromisos con  mayor endeudamiento público.

En contra de lo que sugieren algunos políticos, es justo en la coyuntura actual, a pesar de la proximidad del plebiscito, que se debe llevar a cabo una reforma tributaria estructural. No se debe agregar a la incertidumbre política las dudas sobre la sostenibilidad fiscal. No es viable dejar aumentar el déficit público más allá del 3,9% del PIB que consintió la regla fiscal este año. El desbalance de las finanzas públicas tiene que tener una trayectoria decreciente, como ordena la regla, para no comprometer en el largo plazo la solvencia del Estado. Para evitarlo, los compromisos del posconflicto con las FARC se deben financiar en lo posible con una reasignación eficiente del gasto y con mayores ingresos tributarios.

Como sugiere la Comisión de Expertos, los mayores ingresos deben obtenerse con una menor evasión, una ampliación de la base tributaria, por medio de la reducción de las exenciones y con mayores tarifas del IVA. Al mismo tiempo se debe procurar desgravar a las empresas y al trabajo formal, para estimular la expansión de la inversión privada, la generación de empleo dentro de la formalidad y una mayor productividad.

La reducción del déficit fiscal no es una manía obsesiva, como sugieren los políticos. Con una baja tasa de ahorro, es la manera de abrirle espacio a la inversión privada, con unas menores tasas de interés, sin incrementar en exceso la vulnerabilidad de la economía a los choques externos. La regla fiscal es justo el instrumento que garantiza esto.

Por supuesto, existe la posibilidad de financiar la paz con la emisión monetaria, como han insinuado algunos políticos. Pero ¿es recomendable hacerlo cuando la credibilidad del Banco de la República está en peligro por el incumplimiento de la meta, por la desalineación de las expectativas y por la activación de mecanismos de indexación? Hasta ahora lo que otros bancos centrales de las economías que tienen deflaciones y recesiones prolongadas han hecho, es comprar la deuda pública en el mercado secundario, que no es lo mismo que financiar al Gobierno con emisión. En ambos casos se produce una expansión monetaria.

Sin embargo, cuando el banco central compra la deuda pública en el mercado secundario, lo hace sobre todo con la intención de presionar a la baja las tasas de interés de largo plazo, después que en sus intentos anteriores de estimular el gasto de la economía, ha llevado su tasa de interés, que es de corto plazo, a cero. En ese caso, la intención principal del banco no es financiar el gasto del Gobierno, sino estimular la demanda del sector privado. En contraste, cuando el banco central compra la deuda pública en el mercado primario, su propósito es financiar el gasto público o una disminución de los impuestos.

Por supuesto, bienvenida la paz. Por alcanzarla hagamos nuestro mayor esfuerzo, pero no arriesguemos la estabilidad macroeconómica, al comprometer la solvencia pública o al minar la credibilidad del Banco de la República. No porque la paz no merezca sacrificios extremos, sino porque al llevar la economía a una recesión, resultaría más difícil darle sostenibilidad a la implementación de los acuerdos de La Habana.